1. Que el/los detenido/s lo haya/n incluido en su/s listado/s de visitas autorizadas, lo cual debe solicitar cada detenido por nota. Ésto es indispensable para poder iniciar el trámite. Hecho ésto, hay que corroborar que la persona haya sido incluida en el listado de cada detenido cuyas tarjetas de visita desea tramitar, para no hacer el viaje hasta el penal y luego no poder hacer el trámite.
2. DNI y fotocopia de 1ra, 2da y hoja del último domicilio (tantas fotocopias como tarjetas de visita vaya a tramitar).
3. Dos fotografías tipo carnet en colores, de frente, fondo celeste y sin anteojos (llevar 2 fotos por cada tarjeta de visita a tramitar)
4. Certificado de Reincidencia (de Antecedentes penales), original (y fotocopias si fuera a sacar más de una tarjeta de visita).
5. Certificado de domicilio, original (y fotocopias si fuera a sacar más de una tarjeta de visita)

Cumplí ya 5 años como prisionero político o perseguido por la Fe. Fe en la Constitución, en el cumplimiento de órdenes superiores y por estar ideológicamente enfrentado al terrorismo (que es el propio Satanás), así lo expresó nuestro Obispo Emérito al proclamar a San HÉCTOR VALDIVIELSO SÁEZ (primer santo argentino), como nuestro patrono.

Nuestro País se encuentra en un clima negativo de tensiones que no aseguran la paz social. Hay hipocresía, fuimos discriminados jurídicamente alterando el derecho (Argentino y mundial) aplicando la retroactividad de la ley penal. Se anularon indultos al punto que los estragos y asesinatos masivos causados por los terroristas son actos no condenables y se fabricó la visión casera de los llamados delitos de lesa humanidad, excluyendo al terrorismo, negando a los militares toda exculpación por el juramento de obediencia debida sin el cual sería imposible actuar y comandar una guerra.

El gobierno constitucional en 1975 ordenó a las FFAA “aniquilar a la guerrilla” firmando esa orden sus máximos dirigentes pertenecientes al mismo partido que hoy nos gobierna y apaña a los subversivos, los destaca como personalidades, los acoge en el gobierno y hasta les paga abundantes indemnizaciones. A la vez nos mantiene detenidos. Somos detenidos, procesados y condenados en un ejercicio de venganza disfrazada de justicia.

Ningún País repudió a su Ejército por lo que le exigieron sus gobiernos. Ni Francia por lo de Argelia, ni Alemania por las matanzas en Rusia, ni Rusia por las masacres de Polonia y Berlín, ni EEUU por Hiroshima. Se pierden energías en la banalidad de las venganzas y en la ilusión de muchos derrotados persistentes que quieren transformar a nuestras FFAA en milicias organizadas con ideas muertas y enterradas. Urge aunarnos en la conquista del futuro inmediato, no se puede engañar a todos todo el tiempo y no se puede humillar a nadie tanto tiempo (ABEL POSSE).

La Argentina va en jet hacia la catástrofe, con FFAA diezmadas con el objeto enconado que ya no tiene que ver con “castigo a los represores”, sino en su demolición total. No se trata de olvidar, sino de renunciar a la venganza, en un País que llega a la indefensión nacional para castigar a unas FFAA por hechos sucedidos hace casi cuatro décadas.

No quieren ni justicia ni reconciliación, solo venganza y miedo, miedo a la verdad, a que se sepa que muchos de los desaparecidos reaparecieron para cobrar jugosas indemnizaciones olvidándose de quienes lo defendieron. Es el miedo de muchos jueces, querellantes y fiscales a que se acabe el negocio de juzgar y condenar a los militares, es el miedo de muchos ciudadanos comunes que aplaudieron el golpe como si fuera la llegada del Mesías, de aquellos que decían “por algo será” y pedían degüello para los terroristas y hoy tienen miedo que se los recuerde, es el miedo contagioso e infame que se convierte en moneda de extorsión para jueces, periodistas, políticos, empresarios y ni hablar de los lacayos uniformados que por mantener una ilusión de poder olvidan a sus camaradas hoy presos injustamente. Es el mismo miedo que alimenta la persecución.

El pasado es mirado con un ojo tuerto donde las FFAA recibimos el repudio sentados en el banquillo de los acusados y los terroristas están en el gobierno y son considerados héroes. Hasta hemos escuchado que el fallecido dijo: “Todos somos hijos de Hebe” … sobran las palabras. ¿Cómo dejar afuera a los que en nombre de la libertad, asesinaron a mansalva? Pareciera que nuestro País hoy prefiere chapotear en un eterno barrizal.

El Estatuto de Roma fue quién tipificó los delitos de lesa humanidad estableciendo que estos pueden ser cometidos tanto por agentes del Estado como por organizaciones. Me pregunto: ¿Eran el ERP, MONTONEROS v otros grupos armados organizaciones, o no? Nuestro País K con su justicia prevaricadora e influenciable lo niega inescrupulosamente.

Fuimos las FFAA, Policiales y de Seguridad quienes arriesgamos nuestras vidas combatiendo contra las organizaciones terroristas armadas, cumpliendo órdenes emanadas del gobierno constitucional. Terminemos con la hipocresía. Se debe reconocer que fueron los terroristas subversivos quienes atacaron en el marco de una guerra revolucionaria, iniciada y elegida por ellos, y que hoy se están manejando impunemente, con un halo de legalidad y esto tarde o temprano terminará afectándonos a todos. Nuestra democracia se está convirtiendo en la fachada virtual de un estado tiránico virtual oculto.

Los hoy presos políticos nos sentimos desprotegidos por nuestras Instituciones que nada hacen y aceptan en silencio que a sus hombres nos enrostren delitos inexistentes en el momento de los hechos no respetando el principio de igualdad ante la ley, el principio de inocencia, la cosa juzgada, la irretroactividad ni las prescripciones, todos ellos principios básicos del derecho.

Reconozco que estos 5 años se me están haciendo pesados, pero me auto impuse seguir mirando hacia arriba. La tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, la depresión mira hacia abajo, pero la fe mira siempre hacia arriba.

Esto me recuerda algo que leí en un folleto (“Venid a mí”) que dice así: Si pones un buitre en un cajón de 2×2 completamente abierto en la parte superior, pese a su habilidad para volar no saldrá de allí, la razón es que el buitre comienza su vuelo desde el suelo con una carrera de 3 a 4 metros, sin ese espacio no intentará volar y quedará prisionero de por vida en esa cárcel sin techo.

El murciélago que vuela por todos lados durante la noche, no puede elevarse desde un lugar a nivel del suelo, en esa celda abierta arriba todo lo que puede hacer es arrastrarse indefenso pero no volará.

La abeja al ser depositada en un recipiente abierto permanecerá allí hasta morir, nunca ve la posibilidad de escapar que existe arriba y persiste en encontrar alguna forma de escape por los laterales cercanos al fondo.

Nosotros en muchas formas somos como el buitre, el murciélago y la abeja. Lidiamos con nuestros problemas y frustraciones sin darnos cuenta que todo lo que tenemos que hacer es ver hacia arriba y El nos dará esperanza. Esa es la gran expectativa que abrigamos todos los creyentes. Cuando tenemos una esperanza, algo que movilice nuestro corazón, podemos tolerar la adversidad del presente. Si no espero nada todo se me hace más pesado y desolador y precisamente, en este momento difícil, viendo tanta injusticia debo creer en la esperanza y me doy cuenta cuales son las cosas valiosas de verdad en la vida y cuáles son los verdaderos amigos.

Para poder vivir y sacar fruto de estos momentos necesito esperanza. Una esperanza qua vaya más allá de decir “ya va a pasar”. Debo incrementar mi esperanza en Dios. Este sin dudas, es el camino. Pedirle al Señor que me sostenga en la esperanza, porque el dolor vivido desde la fe es enriquecedor. Lo que cura el hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptarlo, madurar en el y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo. El nos acompaña hasta el fin.

Recuerdo aquí la última estrofa de la marcha de los Presos Políticos que escribió el profesor BARBERA que dice:

Eduardo R. Cabanillas
General de División (R)
Preso Político

Por Mariano Grondona

El lunes pasado, el filósofo Santiago Kovadloff publicó en LA NACION un artículo titulado “La media verdad que nos falta” , en el cual analiza en términos elogiosos el reciente libro de Pepe Eliaschev Los hombres del juicio, que su autor ha dedicado a entrevistar a los magistrados que juzgaron y sentenciaron a prisión perpetua, por unanimidad, a los ex comandantes del Proceso. Con 531 páginas, el libro de Eliaschev dista de ser una mera colección de entrevistas. Es, más allá, un estudio completo y profundo de las circunstancias y las personalidades que se reunieron para impulsar el llamado “juicio del siglo”, la primera vez en nuestra historia que, por iniciativa del presidente Raúl Alfonsín, un tribunal civil se animó a juzgar al gobierno militar que lo precedió, lo cual no había ocurrido en 1931, 1946, 1958, 1963 ni en 1973, las cinco ocasiones previas a 1983 en que un régimen militar devolvió el gobierno a un sucesor constitucional.

En su artículo, Kovadloff alaba no sólo la concienzuda obra de Eliaschev, sino también los conmovedores testimonios de los magistrados que se “confesaron” ante éste, dejando al desnudo el drama y los dilemas que les tocaron vivir hasta que una madrugada, a las seis de la mañana, completaron insomnes su tarea con una mezcla de alivio y de dolor después de haber pasado días y noches en medio de ásperas discusiones y cruciales interrogantes.

Es que hay dos diferencias esenciales entre el traspaso de lo militar a lo civil de los cinco golpes anteriores y el traspaso de 1983, cuando se volvió a fundar la democracia en la que hoy vivimos. La primera es que, de 1931 a 1973, el gobierno civil se restauró a medias porque las Fuerzas Armadas le trasladaron el gobierno a un presidente electo, pero se quedaron con el poder, condicionando así a sus sucesores. Esto no ocurrió en el caso de Alfonsín, quien fue el primer presidente civil que asumió tanto el “gobierno” como el “poder” debido a que las Fuerzas Armadas habían quedado desmembradas por la Guerra de las Malvinas, un conflicto que Juan Bautista Yofre acaba de narrar en su libro 1982 , un documento tan imborrable como el del propio Eliaschev. La segunda diferencia entre ambos traspasos es que los “pecados” de los gobiernos militares entre 1930 y 1973, que sin duda existieron, no fueron ni remotamente comparables a la feroz represión del régimen militar de 1976-1983, que generó miles de atentados sin parangón contra los derechos humanos.

LA “MEDIA VERDAD”

En su análisis del libro de Eliaschev, Kovadloff se ocupa de “la media verdad que nos falta”. ¿Cuál es ella? En palabras de Kovadloff, “reconocer las acciones criminales de quienes, antes del golpe de 1976 y en nombre de la patria socialista , embistieron contra el orden constitucional, ya que está probado que el terrorismo fue el primero en recurrir a la violencia armada y que siguen pendientes de condena los responsables de tantos secuestros y asesinatos cometidos en nombre de esapatria socialista y en desmedro de la democracia y la Constitución”. Continúa Kovadloff: “Los terroristas jamás fueron juzgados ni tampoco sus víctimas fueron reconocidas como tales, y ello deja la sensación amarga de que la media verdad ganada sobre aquel oscuro país que fue el nuestro debe y puede llegar a convertirse en una verdad entera”.

Según las fuentes a las que hemos consultado, esta otra “media verdad” tendría que incluir el hecho de que aún hoy hay alrededor de mil militares presos sin condena. Algunos de ellos pueden haber cometido crímenes de lesa humanidad, pero todos ellos siguen en prisiones comunes con procesos inexplicablemente aletargados que se prolongan indefinidamente, sin que el Estado de Derecho, que es por definición el nuestro, haya avanzado resueltamente después de que el presidente Kirchner, a partir de 2003, ordenó encarcelarlos.

Se nos dirá: pero ¿no son sospechosos los encarcelados de haber cometido crímenes de lesa humanidad? A esta pregunta que aún no tiene repuesta indudable en los tribunales habría que agregarle esta otra: ¿cómo probar los crímenes que supuestamente cometieron sin el debido proceso , que es el único camino que admite nuestra Constitución? ¿O la sola sospecha acerca de sus conductas permite encarcelarlos, como hoy, prácticamente sin término? Hay un principio que hoy parece lejano: la presunción de inocencia de los acusados hasta que medie una condena firme contra ellos. De 1976 a 1983, miembros de las Fuerzas Armadas violaron horrorosamente los derechos humanos. Pero ¿basta esta afirmación incontrastable para encarcelar indefinidamente a los sospechosos de haber cometido esos abominables abusos, a veces por el solo hecho de que eran militares? Al mantenerlos en la cárcel, así, ad infinítum, sin plazos a la vista, lo que ha desencadenado el kirchnerismo desde 2003 hasta la fecha, ¿son entonces actos de justicia o actos de venganza? ¿Son actos de justicia, cuando una alta proporción de los detenidos tienen más de setenta años y merecerían por ello la prisión domiciliaria que se les desconoce? ¿Son actos de justicia cuando cerca de 140 de ellos han muerto en la cárcel sin condena, por enfermedad o por vejez?

¿VENGANZA O CONCORDIA?

Cuando Alfonsín arribó al poder, al promover el juicio contra los ex comandantes lo limitó a los supremos responsables de la represión, siguiendo así el criterio restrictivo del tribunal que condenó a los máximos responsables de la barbarie nazi. Dos criterios campearon en Nuremberg: uno, que Hitler y sus secuaces habían cometido crímenes de lesa humanidad , esto es, crímenes tan graves que habían lesionado a la humanidad como tal; el otro, que era imposible juzgar a los miles de alemanes que, en su momento, habían apoyado a uno de los grandes carniceros de la historia. Al limitar el juicio a los ex comandantes del Proceso, ¿no siguió acaso Alfonsín este mismo criterio? Las leyes de punto final y de obediencia debida, ¿no apuntaron en esta dirección? Los indultos de Menem y de Duhalde beneficiaron a militares y terroristas por igual.

Lo que hubo entre 1983 y 2003, entonces, fue una amnistía gradual . Pudo pensarse que de este modo se daba término al odio entre argentinos. Pero al asumir el poder en 2003 el presidente Kirchner nos retrotrajo de golpe a la raíz de los terribles años setenta. Lo que estamos viendo ahora, ¿es por ello el retroceso de la pacificación de 1983-2003, y su reemplazo en nombre de la venganza por lo que ocurrió hace treinta años?

La venganza encierra un mecanismo incesante. Cuando un grupo agravia al otro, siente su ofensa como algo menor si se la compara con lo que siente el grupo agraviado. Cuando éste ejecuta su propia venganza, infiere a su vez una ofensa que el grupo ofendido siente como algo mayor. La secuencia de las venganzas recíprocas se vuelve, así, inexorable, transmitiéndose a hijos y nietos. Este oscuro mecanismo puede tornarse interminable; basta recordar, en tal sentido, que los serbios y los croatas, antes de la paz actual, se han odiado a lo largo de mil años.

¿Queremos este fatídico derrotero para nosotros? Aunque silenciadas, ya hay organizaciones de hijos y nietos de militares que maduran, quizá, su propia revancha. La única manera de ponerle coto a esta fatídica secuencia es la reconciliación. Cuando Mandela tomó el poder en Sudáfrica, lo primero que hizo fue promover el perdón recíproco de los blancos y los hombres de color. Hoy, Sudáfrica es un ejemplo de democracia. ¿Nos queda demasiado lejos este horizonte? Este es, al menos, el temor de Kovadloff.

El gesto del Dr. Ricardo Lorenzetti, de singular significado, no parece evidenciar “el respeto y la tolerancia” que se autoadjudica el magistrado, ni es prueba de “la igualdad ante la ley para todos” que predica; más bien se asemeja a una burla al dolor de las víctimas del terrorismo guerrillero, se aleja de la prudencia e imparcialidad con que deben conducirse los jueces, y anticipa que para algunos de ellos hay una sola clase de derechos humanos.

Como miembro de la organización terrorista ERP, que secuestrara y asesinara a mi padre, Anguita integró el grupo guerrillero que copó, el 6 de septiembre de l973, el Comando de Sanidad del Ejército, asesinó al Tte Cnel Juan Duarte Hardoy e hirió a un oficial y a un conscripto, en el marco del ataque sistemático a la población civil que en pleno gobierno constitucional realizó el terrorismo guerrillero para imponer un régimen marxista.

Confío que otros jueces tendrán el coraje para desoír la convocatoria del Dr. Lorenzetti a imitar su cuestionable proceder, y alguna vez juzgarán a los guerrilleros que entonces torturaron, secuestraron y asesinaron a miles de personas, y a quienes hoy presuntamente malversan los caudales públicos indemnizando a los deudos de los guerrilleros muertos durante el ataque a cuarteles, en plena democracia.

Y espero también que cuando la causa por el asesinato de mi padre llegue a la Corte, el Dr. Lorenzetti tenga el decoro de excusarse, porque evidentemente con su gesto ha prejuzgado.

ARTURO LARRABURE

El 27 de septiembre, Hijos y Nietos de Presos Políticos, concurrimos a la presentación del libro “Derechos humanos: justicia y

reparación” escrito por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo L. Lorenzetti, en la Facultad de Derecho, obra con la que se pretende instalar la idea de que los denominados juicios de lesa humanidad se llevan a cabo conforme a las reglas del debido proceso.

Nos hicimos presentes para denunciar las graves violaciones a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, de las que somos testigos en cada uno de los juicios que sufren nuestras familias, ya que pese a que el Dr. Lorenzetti PERSONALMENTE se comprometió a recibirnos – hace un año y 23 días – NUNCA LO HIZO.

En los procesos que se llevan a cabo contra nuestros padres, se vulneran principios básicos que se le deben respetar a cualquier

persona imputada en un proceso penal, principios que surgen de la Constitución Nacional, como los siguientes:

1.- se viola el principio de igualdad ante la ley;

2.- se obliga al imputado a probar su inocencia y no a que ello sea probado por los acusadores;

3.- se invoca la “costumbre internacional” como justificativo para posibilitar la existencia de estos juicios;

4.- se deniegan excarcelaciones sin ningún tipo de fundamento válido, como así también arrestos domiciliarios a quienes

padecen enfermedades o tienen más de 70 años de edad. Ello se refleja en los más de 145 presos muertos a causa de ello. Asimismo, permanecen encarcelados por años, debido a la larga duración de los procesos, esperando una sentencia, la cual en el 97% de los casos significa una condena.

Consideramos que la única manera de evitar que se repita una historia tan oscura como la vivida en la década de los ´70, es con el

respeto irrestricto de la democracia y el Estado de Derecho SIN DISCRIMINACION.

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Hijos y Nietos de Presos Políticos

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Links:

SITE CORTE SUPREMA
http://www.cij.gov.ar/nota-7610-Lorenzetti-presento-su-libro–Derechos-humanos–justicia-y-reparacion-.html

LA VOZ NOTICIAS

http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/joven-que-escracho-lorenzetti-pidio-perdon

TN

http://tn.com.ar/politica/00067965/polemica-y-repudio-por-la-agresion-a-lorenzetti

La historia no puede ser reconstruida según el color de un dogmatismo faccioso e interpretaciones sesgadas y asimétricas

l holgado triunfo del oficialismo en las primarias del domingo pasado hace probable la reelección de Cristina Fernández de Kirchner por un nuevo período. Las primeras declaraciones de la Presidenta tuvieron un tono conciliador, pero aún es prematuro deducir de esa circunstancia que luego del 10 de diciembre, si se ratifica el apoyo electoral a su continuidad, habrá un giro en las formas de gobierno. Lo que sí puede decirse es que el país está frente a un horizonte en el que serán necesarias políticas correctivas en lo institucional, en lo moral y también en la gestión.

La pérdida de las supuestas virtudes del llamado “modelo”, sin duda precarias, exigirá corregir desbordes y distorsiones mediante políticas menos amables al ciudadano común que las de corte populista que caracterizaron estos últimos años.

La paz social es una condición para cualquier gobierno que se proponga un mejor futuro. Pero lo es aún más si inevitablemente deberá transitarse por una gestión en que la ciudadanía deba enfrentarse a una realidad más sacrificada que la aparente bonanza material que fue posible con la inmensa ayuda de fortísimos vientos externos favorables.

Porque la confrontación ya no podrá ser un instrumento de poder. Es imprescindible volcar los esfuerzos y las esperanzas hacia un futuro que deberá construirse con todos los argentinos. Con más razón, por los tiempos difíciles que se avecinan, se hace necesaria la pacificación y la reconciliación, y un sereno entendimiento.

Una condición esencial es superar una permanente mirada hacia el pasado, teñida de interpretaciones sesgadas, asimétricas y vengativas. Esto no se logrará pretendiendo reconstruir la historia según el color de un dogmatismo faccioso del presente, que omite una mitad de los hechos según su particular ideología e intereses.

Menos aún podrá cultivarse la paz interior si esta visión hemipléjica y plagada de odios se introduce en las aulas escolares, en las universidades y en los medios de comunicación. Por el contrario, las mentes de nuestros jóvenes deben poder analizar los hechos pasados con mayor objetividad que sus mayores, muchos de los cuales todavía conservan recuerdos dolorosos de los momentos vividos en las últimas décadas

Con esta misma desviación, se ha presionado políticamente a la Justicia para que ésta actúe vulnerando principios que deben regirla y que nunca debieron abandonarse. La declaración de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final rompió con el principio legislativo de que las leyes se derogan o se modifican, pero no se anulan. A partir de allí, quedaron arrasados los principios de irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada y aplicación de la ley penal más benigna. De esta forma, se ha llevado a prisión a más de 1000 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, mientras esta misma justicia no ha alcanzado a los terroristas que estas fuerzas combatieron.

La lectura correcta de la historia exige una visión integral y comprehensiva de los acontecimientos de violencia extrema de la década del setenta. La magnitud de las acciones del terrorismo subversivo en la Argentina superó a la de otros países de la región y también de otras latitudes. Las organizaciones armadas llegaron a contar con más de 10.000 combatientes, con apoyo externo. En un país altamente urbanizado como el nuestro, esto se tradujo en abrumadoras prácticas terroristas en las ciudades.

El terrorismo atacó al gobierno constitucional encabezado por el propio Juan Domingo Perón, quien optó por la represión ilegal a través de una fuerza parapolicial, la Triple A. Más tarde, ante el desborde de la violencia y el clamor ciudadano, el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón ordenó a las Fuerzas Armadas aniquilar el accionar subversivo.

Al elegir los métodos para llevar adelante esa orden, se descartó la creación de un tribunal especial y se optó por privilegiar la eficacia y la urgencia, sin medir debidamente las consecuencias que ello tendría en la generación de excesos y la violación de derechos humanos. La lucha antisubversiva tomó el carácter conocido que luego desdichadamente iba a continuarse con el gobierno militar que se inició en marzo de 1976.

La represión nació como una reacción ante una acción previa, y las violaciones a los derechos humanos fueron una indebida y condenable consecuencia de la que la sociedad argentina aún se repone.

El gobierno constitucional de Raúl Alfonsín enjuició a las juntas militares y, aunque en forma limitada, a los dirigentes de la guerrilla. Pero no pudo evitar que los tribunales federales avanzaran en el enjuiciamiento de miembros de menor jerarquía, incluyendo suboficiales y policías. Esto llevó a levantamientos castrenses y finalmente a la sanción por el Congreso de las leyes de punto final y obediencia debida. La extinción de las causas penales fue muy abarcativa y alcanzó también a terroristas. Posteriormente, Carlos Menem dictó los indultos, tanto a militares como a subversivos.

Sin embargo, en estos últimos ocho años se desanduvo fuertemente este camino. El presidente Néstor Kirchner presionó sobre el Parlamento y la Justicia para la anulación de las citadas leyes y de los indultos. Apareció entonces la figura de la imprescriptibilidad por la calificación de lesa humanidad, pero sólo para una de las partes. A partir de allí se condenó a militares y policías sobre la base de leyes sancionadas posteriormente a los hechos juzgados, al tiempo que se prolongaron y se siguen prolongando centenares de prisiones preventivas sin condena, por plazos superiores a los que la ley admite. No se aplicó el mismo tratamiento a los crímenes del terrorismo organizado. De esta forma la justicia pareció convertirse en venganza demorada. Tampoco las víctimas del terrorismo han tenido justicia ni reconocimiento.

Las rémoras ideológicas que tomaron impulso oficial en los últimos años han generado también una suerte de aversión a todo lo que se parezca al mantenimiento del orden público o a la legítima represión del delito común. El piqueterismo y la inseguridad ciudadana se han convertido en factores adicionales de disociación social, y siguen creciendo en todo el país.

Así como fue imprescindible que las fuerzas armadas entendieran para siempre que debe ser respetado el poder civil emanado de la Constitución, también es necesario que la sociedad civil recupere el respeto hacia ellas en la seguridad de la paz.

En definitiva, la Argentina está profundamente dividida y exasperada. Ningún país puede proponerse objetivos y acuerdos superadores en estas condiciones. La reconciliación y la pacificación interior son una condición esencial, para lo cual es menester que en el poder político se abra un período de serena reflexión, con vistas a un pronto diálogo.

El día martes 02 de agosto volvió a hacerse  evidente el sentido violento, autoritario y demencial, de algunos personajes vinculados a las organizaciones político – económicas vinculadas con los derechos humanos. Consecuencia de las derrotas electorales y culturales que vienen sufriendo en los últimos tiempos, el nerviosismo se hace sentir… y los colmillos escondidos del lobo comienzan a ser percibidos por todos los argentinos. La piel de cordero con la cual se mimetizaron tantos años se percibe en el presente como una caricatura grotesca.

En efecto, en el marco de la Muestra Fotográfica que AFyAPPA viene desarrollando todos los martes frente al Palacio de Justicia, donde se recuerda el pasado delictivo de algunos funcionarios públicos que en los 70 apelaron al terror para imponer a sangre y fuego su ideología, en el día de ayer se hizo presente un abogado, que molesto con los carteles que formaban parte de la muestra, intentó destruirlos prendiéndoles fuego. El personaje, identificado como Carlos Alberto Albert, al no poder cumplir su cometido por la reacción de las mujeres de la asociación, no dudó un momento en agredir físicamente a las mismas, poniendo en evidencia un grado de fanatismo e intolerancia, propio de quienes han hecho del odio, su medio de vida.

Demás está decir que no contestamos, ni contestaremos a las agresiones. Nos manifestamos en forma pacífica, tratando de construir un espacio que dé lugar a una salida de concordia, donde el conocimiento y la asunción de la verdad completa de la historia vivida en los 70, nos permita a los argentinos volver a caminar una senda de hermanos.

Quiero por este medio dirigirme a mis amigos, clientes de La Plata, personas que me conocen y aprecian, sobre mi situación procesal, según relaté y mandé por mail por mi familia el 29/3/10 y el 1/4/10 por La Nueva Provincia de Bahía Blanca, a raíz de las actividades en mi contra según el expediente 16.419/2003 iniciadas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de La Plata a cargo del doctor Humberto Blanco, secretaria a cargo de la doctora Ana Cotter.

Las mismas se remontan a los años 77/78, confundiéndome con un “guardia” de un “centro clandestino de detención” bajo el nombre de “Pablo”, según denunciaron dos testigos, 30 años después, reconociéndome por medio de una fotocopia de una foto sacada en 1974.

Al respecto, deseo dejar en claro que las tareas que desempeñé en el Ejército en esa época fue como empleado administrativo en el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, según consta en mi legajo y totalmente ajeno a los cargos que se me imputan, como ya lo expresé anteriormente.

También quiero aclararles los siguientes puntos conocidos por muchos, aún desde la época en cuestión:
1) Según los testigos, “Pablo” en 1975 había cursado quinto año en la facultad de veterinaria de La Plata.

La realidad: ingresé en la facultad en 1974, por lo tanto nunca pude cursar quinto en 1975.

2) Según los testigos, “Pablo” ingresaba al centro clandestino en un “auto chiquito”.

La realidad: mi primer auto lo compré en 1987. No sabía conducir, tramitando el permiso de conductor en la Municipalidad de Ensenada, ya que en ese año residía en 124 entre 43 y 44 de dicha localidad. Una entrañable amiga que actualmente se domiciliaría en Los Hornos me enseñó a conducir.

3) Según los testigos, “Pablo” tocaba la guitarra y cantaba canciones de Mercedes Sosa, y “tenía buena voz”.

La realidad: jamás toqué instrumento alguno. El único tema que sólo me animé a entonar fue siempre el Himno Nacional, en las fiestas patrias en la escuela donde concurrían mis hijas.

4) Según los testigos, “Pablo” en esa época vivía en City Bell.

La realidad: en esa época vivía en 518 bis entre 4 bis y 5 de Ringuelet. Residí  en City Bell hasta los 17 años, y un pequeño período en 1974 en la calle Papini entre 14 bis y 15.

5) Según los testigos, “Pablo” era rubio.

La realidad: mi cabello es castaño y tengo ojos verdes grisáceos.

6) Según los testigos, “Pablo” tenía un hermano militar que “había muerto por la explosión de una bomba en una dependencia de la SIDE”.

La realidad: tengo un hermano fallecido por un accidente automovilístico en 2003.

Todos los que me han tratado por años conocen lo expuesto. Con ello, quiero darles la tranquilidad de que mi inocencia será el corolario de toda esta lamentable situación que hoy vivo yo y también vive mi familia, y sé que la justicia aunque lenta siempre llega.

Quiero realizar también una pequeña mención a informaciones periodísticas malintencionadas difundidas en Miradas del Sur con fecha 21/2/10 en la que se me acusa de ser el “más agresivo” de los guardias, así como la publicación de una foto el 13/3/10 por elargentino.com en la que estoy acompañado de cuerpo entero con un formidable e incondicional amigo, anunciándose que se ofrece una recompensa por su localización ya que se encuentra prófugo de la justicia. Valga agregar que mi amigo ya inició las acciones judiciales correspondientes por tal agravio. Asimismo en dicha foto se me tilda de “pescador rabioso”. ¿?

A todos mis clientes y amigos que me han hecho llegar por distintos medios su incondicional apoyo, les mando un abrazo, un hasta pronto o hasta que la justicia lo determine y reiterando un fraternal agradecimiento por la confianza recibida.

Doctor Claudio Raúl Grande
DNI 8.575.739
(Médico veterinario-preso político)

Es necesario diseñar un plan integral de reconciliación sin exclusiones, como antes lo hubo de muerte y terror.

Desde su irrupción en el escenario nacional, el Frente para la Victoria ha pretendido adueñarse de la bandera de los derechos humanos en la Argentina. En parte movilizados por su absoluta inacción durante el prolongado ejercicio del poder en la provincia de Santa Cruz, donde hicieron muy buenas migas con los militares allí destacados, sus principales figuras han sobreactuado en los últimos ocho años de manera de imponer una única y maniquea visión sobre el complejo problema de nuestra historia reciente.

El giro se produjo al llegar a la Casa Rosada. Incluso después de haber resultado elegido, Néstor Kirchner dio marchas y contramarchas en la cuestión militar, según hay testimonios de su propio entorno inicial. Desde entonces, el kirchnerismo ha asumido una postura grandilocuente y grotesca, que ha impedido crear el terreno de mínima tolerancia y respeto a fin de que se genere el escenario superador del drama de hace más de treinta años. Así está envilecida la Nación, con los derechos humanos usufructuados para la facturación política y para facturaciones más subalternas, pero igualmente industriosas.

La falta de consideración con la tarea realizada en la materia por el ex presidente Raúl Alfonsín con inigualable coraje cívico y abriendo una experiencia de enjuiciamiento a militares desconocida hasta entonces en el mundo, y los agravios a notorios luchadores por los derechos humanos, como la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú o el ex fiscal Julio César Strassera, han sido indicativos de la falsedad del relato oficial de los hechos de aquella época y del armado a medida de los intereses de poder de la versión ahora oficial. La manipulación de las cifras del Indec ha sido la coronación de una obstinada vocación por distorsionar la realidad y la historia.

Ha habido en estos años actos de provocación asombrosa, hasta sin la debida consideración del entonces presidente Kirchner con el jefe del Ejército designado por él mismo, a quien colocó en la situación de bajar de una pared del Colegio Militar el cuadro del presidente de facto ante el que se había cuadrado como oficial en actividad. Situaciones de esa naturaleza anticiparon las mañas que habría para avivar el rencor y, allí donde anidara, los deseos de revancha por los años de dictadura, pero también para obstaculizar el sendero de la paz y unión permanente de los argentinos.

La caducidad de las leyes de obediencia debida y punto final, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005 después de más de una década de sancionada, tampoco contribuyó a la pacificación nacional. A partir de esa interpretación, los tribunales inferiores han impedido el juzgamiento de la otra parte esencial del conflicto de los setenta: los guerrilleros que mataron a mansalva a cientos y cientos de argentinos, muchos de ellos civiles y ajenos por completo a la confrontación librada.

Alguien que en modo alguno podría ser catalogada como complaciente con los militares actuantes en la represión antiterrorista puso de relieve en el seno mismo del más alto tribunal del país lo controvertible de aquella decisión judicial. La doctora Carmen Argibay, incorporada a la Corte Suprema por iniciativa del presidente Kirchner, votó en contra de la inconstitucionalidad de los indultos. Se fundó para ello en la doctrina sentada por la Corte Suprema en 1990 que había alegado en la cuestión la existencia del principio superior de la “cosa juzgada”. Y así, Argibay sostuvo en su voto que, “habiendo sido respaldado el indulto hace 17 años, ya no puede revisarse su legitimidad”.

Tampoco es cierto que el carácter de lesa humanidad de tales crímenes, del que deviene su imprescriptibilidad, sea atribuible sólo a los delitos cometidos por militares. A ello se ha opuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hizo en la causa Almonacid, de septiembre de 2006, en la que sostuvo que deben ser penados los asesinatos ejecutados en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil realizados tanto por el Estado como por una organización terrorista.

Ese mismo criterio ha sido sostenido por la Corte Penal Internacional en pronunciamientos recientes. Es oportuno señalar que dichos tribunales, como las convenciones y demás instrumentos internacionales a los que la Argentina se ha adherido libremente, tienen jerarquía constitucional en nuestro país, de conformidad con la reforma de 1994.

Estamos, pues, en medio de un escenario político montado por unos en detrimento de otros, con pingües ganancias para los pescadores de río revuelto. No es equitativo que algunas de las víctimas merezcan todo tipo de reconocimientos públicos y sus familiares sean adjudicatarios de costosas indemnizaciones para el erario nacional, mientras que otras sean consideradas por el Estado innombrables y reciban un desprecio que, por procedimientos inadmisibles, se pretende transmitir a parientes y extenderlos de generación en generación. Es la saña ejercida contra jefes y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas -algunos de ellos con carreras profesionales brillantes- que han debido pasar a retiro sólo por el apellido que llevan.

El cumplimiento de penas de prisión perpetua en cárceles comunes por parte de los militares condenados seguirá siendo una expresión de enorme injusticia histórica si no es compartida por todos los protagonistas directos de los hechos de barbarie ocurridos hace tres décadas. Entiéndase bien: no puede haber juzgamiento, condena y demonización para unos, cuando ni siquiera hay un tibio reproche o una autocrítica respecto de los crímenes cometidos por los que originaron con su delirio la cruel e ilegal represión militar.

Así las cosas, es necesario diseñar un plan integral de reconciliación, como antes lo hubo de muerte y terror. Es menester convocar a las partes involucradas en forma directa, en primer lugar. Pero también a políticos, legisladores, intelectuales, hombres de la Iglesia y a todos aquellos ciudadanos destacados que sean capaces de contribuir con aportes para cerrar una penosa época de la Argentina.

Ninguna diatriba, ninguna amenaza debe arredrarnos de la voluntad de estimular ese espíritu.