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Acto de Hijos y Nietos de Presos Políticos

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2014

El lunes 10 de noviembre de 2014 a las 11.30 horas, los hijos y nietos de los imputados en causas de lesa humanidad de todo el país nos convocamos por segunda vez en el Palacio de Tribunales (Talcahuano 550, Buenos Aires), para reclamar que se les restituyan a nuestros familiares los derechos que el Estado argentino les viola.

Desde nuestra agrupación, Hijos y Nietos de Presos Políticos, exigimos el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos argentinos; particularmente de nuestros padres y abuelos.

Los llamamos presos políticos no porque estén presos por sus ideas, sino porque quienes violan sistemáticamente la Constitución y los Tratados Internacionales para encerrar a nuestros padres y abuelos, negándoles sus derechos elementales, buscan el rédito político. Ellos están presos por razones políticas.

También porque estos detenidos reciben un trato diferencial y discriminatorio, con respecto a cualquier otro detenido. Para que haya condena en un Proceso Penal la responsabilidad del imputado en el hecho puntual debe ser probada “más allá de toda duda razonable” con prueba “clara, precisa e irrefutable”. En el caso de nuestros familiares los magistrados justifican sus condenas porque los acusados “deberían haber sabido lo que pasaba”; o se sostiene la culpabilidad apelando a la figura de “participes necesarios”. En los juicios comunes, con pruebas y testimonios del mismo año del juicio, tan solo alrededor del 30% de los imputados son condenados, en nuestro caso, con la prueba más fresca a 40 años del hecho, cerca del 95%.

De los treinta artículos plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos podemos atestiguar que se violan dieciséis. La voluntad, que se comprueba en los procesos por delitos de lesa humanidad, implica un costo inmenso para nuestra sociedad. No hablamos únicamente del costo económico, equivalente a cuatro veces el costo de Fútbol para Todos, sino del costo institucional y cívico que significa salirse del marco del Estado de Derecho.

Quizás el más grave de todos sea el costo histórico, el costo de la verdad. Porque en estos más de 10 años de juicios no se consiguió una sola verdad que no hubiese surgido ya en el informe de la CONADEP o en el Juicio a las Juntas. Los testimonios vertidos en nuestros juicios o son los mismos, o son iguales que aquellos. La persecución penal indiscriminada y desmesurada, la persecución con fines políticos, ha generado nuevas víctimas, obturado la reflexión y obligado al silencio de los imputados porque total, digan lo que digan, hayan actuado como hayan actuado, prácticamente todos terminan condenados.

Nos preguntamos ¿Para qué? Porque, después de 10 años, no se han instalado los Derechos Humanos como valor en nuestro país. Por ejemplo, todos hemos visto como un grupo de ciudadanos es capaz de linchar a quien creen que es un ladrón. En televisión se muestran debates con mucha aceptación sobre matar a los potenciales asesinos.

Decimos que, incluso, los Derechos Humanos como ideal, como un valor, se fueron degradando. Nosotros podemos atestiguar de primera mano violaciones a los Derechos Humanos cotidianas que se dan en los ámbitos penitenciarios y judiciales para todos los presos, no solo los de nuestros padres y abuelos. La violación a los derechos de nuestros familiares está en consonancia con otras, como cuando vemos que algunos estados provinciales desplazan a comunidades originarias de sus territorios para que se siembre más soja. Todo esto sin meternos con otros quiebres en derechos básicos como la educación, la salud, la vivienda, la dignidad humana…

Cristina Kirchner apunta a los militares por venganza

lanacion.com |

Wall Street Journal |

Derechos Humanos

Lunes 07 de abril de 2014 | 08:04

La Presidenta lleva a su país por el sendero iliberal al negarles su debido proceso a unos 1600 prisioneros que eran miembros de las fuerzas armadas o la policía en los años 70

Por Mary Anastasia O’Grady  | The Wall Street Journal

 

Los líderes populares en América Latina suelen encontrar poca resistencia cuando les quitan libertades civiles a ciudadanos impopulares. No obstante, el ejercicio de tan sólo un poco de poder autoritario es como un aperitivo. Aumenta el hambre.

La Cuba de 1959 fue un ejemplo obvio. También lo fue la dictadura militar derechista de Argentina, que hizo su propia ley luego del golpe de 1976.

Ahora la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner , lleva a su país por el mismo sendero iliberal al negarles su debido proceso a unos 1600 prisioneros que eran miembros de las fuerzas armadas o la policía en los años 70. Los argentinos y la comunidad internacional han guardado silencio en gran medida ante esta parodia de justicia, presumiblemente por lo impopular que fue el gobierno militar. Probablemente lo lamentarán.

El precedente cubano es instructivo. Dos meses después de que Fidel Castro derrotó al dictador Fulgencio Batista, 43 miembros de la fuerza aérea cubana, elegidos al azar, fueron juzgados bajo acusación de haber bombardeado a la población civil durante el conflicto. Un tribunal revolucionario los exoneró, alegando falta de pruebas.

Sin embargo, Castro no estuvo de acuerdo y anunció un nuevo juicio. Como no se presentó nueva evidencia, el segundo tribunal no emitió un fallo. Tres días más tarde, Castro sentenció a los pilotos a 30 años de trabajos forzados. Los artilleros recibieron 20 años y los mecánicos dos años.

El revolucionario barbudo era un héroe, había desplazado a un dictador. No obstante, la nación habría de lamentar el poder que le permitió tener cuando confinó tanto a enemigos como admiradores a un Estado policial.

Nadie duda que hubo graves violaciones a los derechos humanos en Argentina por ambos lados cuando los militares intentaron contener el terrorismo inspirado en Castro que sacudió el país en los años 70. La moralidad, la reconciliación nacional y la estabilidad de la república requieren que los responsables sean llevados a la justicia.

Pero Kirchner no busca justicia. Quiere venganza por las pérdidas que los militares le causaron a la izquierda, con la que simpatiza.

Luego de que el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) nombró a nuevos miembros de la Corte Suprema, el máximo tribunal anuló la amnistía que gobiernos anteriores habían concedido a militares desde 1983. En una decisión separada, la corte dictaminó que los crímenes cometidos por ex miembros de grupos terroristas prescribían. Algunas de estas personas eran empleados del gobierno de Néstor Kirchner, eran legisladores o lo apoyaban desde los medios. Luego Néstor Kirchner comenzó a acorralar a militares y policías que habían prestado servicio durante la guerra de los años 70. La presidenta Kirchner, quien asumió en 2007, ha acelerado el ritmo de los arrestos.

Según la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, organización sin fines de lucro con sede en Buenos Aires, unos 700 soldados y policías están en prisión, mientras que otros 900 se encuentran bajo arresto domiciliario. Los procedimientos judiciales pueden llevar años. Alrededor de la mitad de los jueces han sido nombrados por los Kirchner. Defensores de los derechos de los prisioneros sostienen que todos los jueces enfrentan la posibilidad de perder el cargo o ser transferidos si sus decisiones no son políticamente correctas.

Esa asociación de abogados ha documentado muchos casos de prisioneros de edad avanzada y enfermos a quienes se les negó el derecho al arresto domiciliario y cuidado médico. Alberto Solanet, quien encabeza la entidad, me dijo por e-mail la semana pasada que 224 de ellos murieron encarcelados.

Las convenciones internacionales señalan límites para la cantidad de años que el Estado puede mantener en prisión a personas que aguardan ser juzgadas. No obstante, la asociación afirma que las cortes han permitido que se violaran esos límites, y algunos prisioneros han estado detenidos por más de 10 años.

La asociación sostiene que 334 prisioneros han sido condenados por crímenes cometidos durante la guerra. Algunos quizás sean culpables, pero con la presión de la presidenta Kirchner sobre la justicia, muchos de los casos siguen siendo motivo de disputa.

Según abogados defensores y analistas judiciales, en muchos casos las cortes ignoran el principio legal de que hacen faltan pruebas más allá de las dudas razonables para condenar. Los acusados deben demostrar su inocencia. Como lo señala la asociación de abogados, de unos 400 miembros, «el solo hecho de haber pertenecido a las fuerzas armadas o fuerzas de seguridad en la época del presunto hecho investigado hace pasible a sus integrantes de ser procesados y luego condenados». Y agrega: «sin que resulte necesaria la prueba de su participación efectiva en el hecho del que se los acusa».

En una carta enviada al diario La Nación el 19 de enero, Aníbal Guevara Bianchi sostuvo que 80% de los testigos del juicio de su padre afirmaron que no sabían quién era. Un testigo lo ubicó en un momento y un lugar cuando «ya no estaba destinado en ese lugar». Otros declararon que había cumplido con sus deberes de forma apropiada cuando los arrestó. Sin embargo, el padre de Guevara Bianchi fue condenado «a cadena perpetua, peor pena que a sus generales en el juicio a las juntas.»

El tema del relato de este hijo no es único entre las familias de los prisioneros. Los argentinos saben sin dudas que no todo está bien en su sistema de justicia penal. Quizás sean menos conscientes de lo que esto significa para el futuro de la república.

 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1678793-cristina-kirchner-apunta-a-los-militares-por-venganza

Derechos humanos, de la justicia a la venganza

Lunes 24 de marzo de 2014 | Publicado en edición impresa

Lesa humanidad

Por Luis Alberto Romero |  Para LA NACION

Antonio Orlando Vargas, ex militar de 73 años, fue detenido en Córdoba en diciembre de 2010, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy en 1976. Padecía de EPOC y de cáncer de próstata, enfermedades crónicas, irreversibles pero controlables, por lo que se le concedió la prisión domiciliara. En julio de 2012 fue trasladado a Jujuy para prestar declaración. Hizo el viaje en una ambulancia, con escasa atención; llegó en estado deplorable y debió ser internado inmediatamente. Igualmente fue llevado a la audiencia judicial, la que no pudo avanzar por la aguda descompensación del declarante. Finalmente, el tribunal dispuso su traslado a la unidad penitenciaria de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, donde -aseguraron los médicos peritos- dispondría de condiciones adecuadas para su tratamiento. No es así y el estado de Vargas se agrava día tras día.

Estas líneas resumen el análisis hecho por el doctor Mariano N. Castex, destacado psiquiatra forense, basado en los peritajes médicos, pues no se le permitió examinar al detenido. Ya ha hecho públicos otros casos similares y más dramáticos, como el del ex general Ibérico Saint Jean, muerto en parecidas circunstancias. Además de las fallas generales del sistema carcelario, Castex encuentra en ellos una voluntad deliberada de venganza y una complicidad taimada y mendaz de la que suelen participar funcionarios judiciales y peritos médicos.

Un caso menos dramático, pero igualmente representativo de la voluntad de venganza, es el del Instituto Universitario Devoto de la UBA, que posibilitó a muchos condenados -entre ellos, Sergio Schoklender- iniciar una nueva vida. En 2012 el Consejo Superior de la UBA decidió no admitir allí a condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, siguiendo la recomendación de expertos consultados, como la diputada Adriana Puiggrós y el juez Eugenio Zaffaroni.

El teniente primero Vargas está acusado por la llamada «noche del apagón» de Jujuy, que dejó treinta desaparecidos. Los frustrados aspirantes de la UBA -Adolfo Miguel Donda, condenado; Juan Carlos Rolón y Carlos Guillermo Suárez Mason (h.), procesados- tienen nombres conocidos en la triste historia de la represión clandestina. Pero ése no es el punto. Más allá de los crímenes aberrantes que pueden haber cometido, para la Justicia son individuos, personas iguales ante la ley y poseedores de lo que hoy llamamos derechos humanos. Son personas que, además de sufrir frecuentes discriminaciones en los procesos judiciales, en prisión resultan víctimas de un ánimo de venganza que cobra vidas. En un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, la democracia que ya ha cumplido tres décadas está renunciando a sus principios fundadores: el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos.

Esta desviación de la Justicia a la venganza surge de dos procesos ideológicos que tuvieron un catalizador en el kirchnerismo. El primero resultó de la confluencia entre un sector intransigente de los derechos humanos y los continuadores de la tradición ideológica y política de los años setenta. El segundo, menos discutido, tiene que ver con la manera como la sociedad y sus voceros redujeron desde el principio la cuestión de la violencia terrorista a una confrontación de demonios, ajenos a ella.

La intransigencia surgió entre aquellos familiares de víctimas que solo pudieron elaborar su dolor con reclamos extremos. Pero pronto se les sumaron los herederos de las ideas setentistas, que se incorporaron a la política democrática sin necesidad de revisar o criticar sus convicciones y supuestos. Desde 1983, la violencia de las organizaciones armadas no fue sometida al mismo escrutinio que la del terrorismo de Estado y sus víctimas fueron miradas con la benevolencia que habitualmente les cabe a los perseguidos. Quizá por eso, el discurso de los setenta no perdió legitimidad, y comenzó a reaparecer en las palabras de quienes, como Hebe de Bonafini, han trasmutado la defensa de los derechos humanos, de la ley y la vida por el reclamo de la justicia del Talión.

La segunda causa, más profunda y dilemática, arranca con la misma refundación democrática de 1983, cuyas bases consensuales se construyeron sobre el repudio absoluto a la dictadura militar y el terrorismo clandestino. Según este consenso, nuestra sociedad fue atacada por un reducido grupo de malvados. La gran mayoría fueron buenos ciudadanos; gente correcta, justa, incontaminada, que simplemente padeció al demonio.

Desgraciadamente las cosas no sucedieron exactamente así. La naturalización de la violencia asesina, común en los años setenta, fue el producto de una larga historia colectiva de conflictos en los que el tono fue subiendo gradualmente, hasta pasar de las palabras a los hechos. Sebastián Carassai ha reconstruido esa naturalización entre la gente común, en una época en la que la metáfora de «matar» servía para vender una colonia o un chocolate, o se podía publicar una revista cuyo lema era «El mejor enemigo es el enemigo muerto». Cuando los muertos comenzaron a aparecer en las calles, la pregunta habitual era a qué bando pertenecían y por qué habían sido asesinados. Durante la dictadura los argentinos sobrevivieron en este país, convivieron con las muertes y siguieron preguntándose por qué habría sido. Pocos salieron a poner el pecho, como lo hicieron las Madres de Plaza de Mayo.

Cuando cayó la dictadura se construyó una historia generosa y benevolente, que exculpó globalmente a los argentinos y concentró el mal en unos pocos. Fue una conciencia engañosa, pero probablemente indispensable para construir una democracia que surgía sólo de la voluntad y la ilusión. Más tarde aparecieron los costos de esta división en blanco y negro, sin lugar para los grises. Algunos se adueñaron de los blancos y los esgrimieron contra el resto. Sucedió en tiempos de los escraches y los juicios públicos, cuando la condena del demonio sirvió para justificar las pasiones de quienes se consideraron justos, y que sin sentimiento de culpa se deslizaban de la justicia a la venganza.

En un momento esta venganza justiciera, de doble origen, se convirtió en un instrumento de construcción de poder. Esta maquiavélica transformación fue realizada, con calculada frialdad, por el kirchnerismo. En 2003, lanzado a ampliar su endeble base política, y elegido el camino de la confrontación radical -que conocía intuitivamente, sin necesidad de leer a Carl Schmitt- Kirchner percibió en ese mundo de los derechos humanos facciosos un filón fácil de conquistar. Como en otros terrenos, manipuló con habilidad ideas imprecisas y sentimientos difusos y les dio una forma política. Se proclamó campeón de los derechos humanos, se apropió de objetivos, discursos y símbolos y hasta encontró la retribución adecuada para que las organizaciones emblemáticas se le sumaran.

La llamada política de derechos humanos sirvió para disciplinar a los indecisos. Siempre habría algún archivo comprometedor y una acusación descalificadora. Probablemente esto les ocurra a algunos funcionarios judiciales o peritos médicos de nuestra historia inicial. También sirvió para las aparatosas puestas en escena del discurso, cuya retórica, ampulosa y confusa, fue cada vez más ajena al espíritu fundador del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley.

El 24 de marzo dejó de ser una jornada para la reflexión y se convirtió en un feriado. La ESMA resultó un lugar adecuado para celebraciones y asados, y un festival de rock resultó el evento adecuado para inaugurar una tanda de juicios por delitos de lesa humanidad. Pero, sobre todo, el espectáculo requería víctimas sacrificiales. A diferencia de los Schoklender, que tuvieron una segunda oportunidad, para los acusados o condenados por los crímenes de lesa humanidad hay escasa justicia, mucha venganza y, sobre todo, mucha manipulación.

Se acerca la hora del balance de esta experiencia. La llamada política de derechos humanos ha contribuido mucho al clima de enfrentamiento faccioso que hoy sufrimos. Ha afectado seriamente a la Justicia, revelando las falencias de sus miembros -sean militantes convencidos o simplemente acomodaticios- y ha puesto al desnudo la endeblez del Estado de Derecho que se intentó construir en 1983. Se trata de un daño institucional y moral. Para quienes estas cuestiones no son importantes -me temo que no son pocos- quizá convenga recordar que la Justicia es la única defensa de los débiles, y que quienes la destruyen pueden llegar a ser, en otras circunstancias, las víctimas propiciatorias.

 

Fuente:  http://www.lanacion.com.ar/1674836-derechos-humanos-de-la-justicia-a-la-venganza

El pasado permanente

Lunes 24 de marzo de 2014

Buenos Aires, 24 de marzo de 2014 – Cada 24 de marzo se convierte en una ocasión propicia para que diferentes tipo de opiniones converjan sobre la idea de que el recuerdo incesante de lo que comenzó ejecutarse ese día de hace tantos años sea la clave para despejar el futuro de la Argentina. Yo no pienso de esa manera. Por el contrario: convencido de que los valores de la memoria son irrenunciables, también me animaría a arrimar este razonamiento al problema de las fechas emblemáticas.

El recuerdo poco menos que rutinario, protocolar, más allá de gritos y banderas, de una fecha que si algo significó fue un cambio administrativo burocrático en una situación que ya estaba desde hacía muchos años destrozada, no tiene la capacidad ni la potencia de iluminar un futuro diferente para los argentinos. Entre otras cosas, porque es necesario animarse a decir que la recordación y la interpretación de los significados que de ese 24 de marzo puedan hacerse no terminarán de suturar las heridas abiertas de la Argentina en  tanto sigan siendo pretexto para una especie de venganza eterna.

La esperanza de que por la vía penal-judicial, se termine de arbitrar el definitivo entierro del significado de aquella fecha, es insostenible. La vía testimonial judicial no ha conseguido y no podrá conseguir una armonización que permita que los argentinos le dediquen más entusiasmo, fervor y sobre todo inteligencia a diseñar su futuro en vez de la obstinación en seguir recordando todos los horrores del pasado.

El 24 de marzo no fue fecha atribuible a una sola orientación. Hasta el propio gobierno de los Kirchner terminó acuñando la frase “golpe cívico-militar”, pero lo hizo -como suele hacerlo- con su perspectiva habitual de sacar provecho, sacar partido de esa frase, pretendiendo alegar que, además de las Fuerzas Armadas, en aquel golpe intervinieron actores civiles, sobre todo económicos y judiciales, además de políticos. Eso, que podría ser una realidad, una verdad parcial, es pura especulación en manos del oficialismo. El 24 de marzo la ejecutiva decisión de orden pragmático la encararon las Fuerzas Armadas al entrar en la Casa de Gobierno. Pero eso se producía al cabo de  un profundo grado de putrefacción.

La Argentina de 1976 estaba exhausta. Hay que recordar una vez más a Ricardo Balbín, el líder radical que se esperanzaba de llegar a las elecciones, aunque fuera con muletas. Era evidente que el sistema estaba agotado, como todo el aparato institucional que el país se había dado de manera precaria en mayo de 1973. Había estallado por implosión, desde adentro.

La Argentina siguió siendo un país violento desde el 25 de mayo de 1973. Son incontables los crímenes producidos entre la fecha en que asume Héctor Cámpora como presidente y aquel 24 de marzo de 1976, cuando María Estela Martínez de Perón es trasladada en helicóptero por los militares y arrestada. Ese país no estaba pacificado ni mucho menos.

El país del que se hacen cargo, para iniciar una sangrienta dictadura, generales, brigadieres y almirantes, ya chapoteaba en un océano de sangre. En esa Argentina era muy difícil diferenciar a víctimas de victimarios. Esas víctimas y esos victimarios de hace 40 años, han tenido hijos, y esos hijos siguen siendo hoy hijos de víctimas y de victimarios. Las víctimas y los victimarios no tienen una sola especificidad ideológica.

Desde luego que el aparato enorme del Estado, el peso muerto de las Fuerzas Armadas, desequilibró rápidamente una ecuación que ya antes del 24 de marzo estaba resuelta. Porque la lucha armada en la Argentina había asumido una tonalidad directamente terrorista y estaba de hecho pulverizada  antes de que llegaran a la Casa Rosada las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, cada recordación del 24 de marzo deja este saldo agridulce, a menos para quien les habla, en el sentido de que como sociedad civil no hemos terminado de entender lo sucedido. Uno de los argumentos principales que me ayudan a sostener que no hemos entendido, es que tras la reciente muerte de Nelson Mandela, el padre de la patria de Sudáfrica, la nota oficial de condolencias que envió la Casa Rosada con la firma de Cristina Fernández de Kirchner, habla de todo menos de lo importante: subraya la lucha de la liberación de los sudafricanos encabezada por Mandela, pero no recoge, no asume, ni rescata que, además de haber encabezado una lucha de liberación contra el régimen del apartheid, Mandela pasa a la historia como el factótum de la reconciliación de los sudafricanos.

En Sudáfrica no “juicio y castigo a todos los culpables”. Fue un país donde hubo reconciliación desde la verdad, y en donde se resolvió, de manera ejemplar, encarar el futuro inventando, acuñando, fundando y dando a luz una nueva realidad. Esto es lo que en la Argentina sigue pareciendo imposible.

¿Por qué en un país aparentemente remoto como Sudáfrica, un régimen minoritario de segregación racial y un movimiento de liberación pudieron encontrar denominadores comunes, cuando hubo crímenes de sangre que el propio Mandela asumió como si estuviesen en el mismo plano que los cometidos por los esbirros de apartheid? Esa reconciliación sigue siendo un caso único y hoy en la Argentina sería inimaginable plantearla en esos términos.

¿No encontramos los argentinos agotamiento en la reiteración litúrgica de la recordación de una fecha que no fue otra cosa que el desembarco inexorable, mediocre en su medianía administrativa, de un grupo de generales, brigadieres y almirantes para asumir formalmente un poder que ya estaban controlando?

Estas son las cosas que no se están diciendo ni de las que se están hablando en la Argentina.

El país sigue enamorado de su pasado. Hace largos once años que uno de los entretenimientos principales de la escena argentina es hablar de la Vuelta de Obligado, de Mariano Moreno, de Manuel Belgrano, de San Martín, de Rosas, de Perón, de los Montoneros. Está todo muy bien. Los países somos testimonio de nuestro pasado, fracasos y éxitos.

Pero la Argentina ha ido un paso más lejos. Sigue enredada en ese pasado, al que vuelve rutinariamente como un ser humano, un colectivo o una comunidad que no logran fundar, acuñar e inventar una perspectiva que -incluyendo al pasado- lo deje definitivamente atrás.

Es un círculo infernal. En el caso concreto de los últimos años, es evidente que la resignificación del 24 de marzo de 1976 se ha hecho en la clave ideológica excluyente y exclusiva de un grupo que, de esta manera, como lo demuestra hoy la bandera de Montoneros colgado del Cabildo- pretende que cuarenta años más tarde, la historia no sucedió, las tragedias no acontecieron, los errores no se cometieron, el derramamiento de sangre no existió, y se ha producido una revancha.

En definitiva, no nos hemos encontrado a nosotros mismos. La pretensión de que la verdad judicial es la única manera de saldar los interrogantes pendientes de la Argentina es inútil, estéril y no lleva a ninguna parte, en tanto y en cuanto no logremos mirarnos al espejo del 24 de marzo de 1976 para repetirnos de manera unánime y por encima de toda colectividad política, que esa fecha enseña todo lo que no hay que hacer. TODOS, no solo las Fuerzas Armadas, los empresarios o los jueces, sino TODOS, incluyendo a los actores políticos, los grupos que hicieron terrorismo en pleno Estado de Derecho; la totalidad de la sociedad argentina es la que solo si hace cargo de la totalidad de lo sucedido, podrá inventar un futuro.

Si ese futuro no se inventa, seguiremos siendo una estatua de sal, un país sumamente emocionado con recordar el pasado, pero incapaz de inventar el futuro.

 

© Pepe Eliaschev

 

Fuente: http://www.pepeeliaschev.com/audios/el-pasado-permanente-15577

Tenebroso

Por Pepe Eliaschev | 23/03/2014 | 00:36

Publicado en edición impresa de Perfil

 

Fue un proceso que llevó años y no pido disculpas por la palabra, comprensiblemente sospechosa. No hablo del Proceso, de cuyo arranque se cumplen mañana 28 años. Hablo de otro proceso, sostenido meticulosamente en el tiempo, con abundancia de recursos y, hay que admitirlo, enorme tenacidad. Hace varios años que el grupo gobernante se propuso homologar a la dictadura militar instaurada de 1976 a 1983 con el Tercer Reich alemán, pero elementos de juicio recientes demuestran que no les fue nada mal en el proyecto.

En Neuquén se hizo ahora una muestra organizada por la Legislatura de esa provincia y titulada Ana Frank: una historia viviente. Lo notable es que los organizadores han montado el recuerdo de esa adolescente judía holandesa muerta en manos de los nazis junto a una propuesta paralela. Bautizada De la dictadura a la democracia: la vigencia de los derechos humanos, la muestra pretende equiparar la barbarie epocal sin parangones del nacionalsocialismo alemán con la matanza desaforada que se puso en acto en la Argentina desde varios años antes de 1976. Los casi diez mil desaparecidos de la Argentina de aquellos años serían equiparables con los casi seis millones de judíos exterminados por Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

El soporte conceptual es que la represión ilegal (y salvaje) que las Fuerzas Armadas perpetraron en la Argentina es similar al proyecto nazi de liquidar de la faz de la Tierra a los judíos, además de otras minorías (gitanos, débiles mentales, homosexuales) por el solo hecho de serlo. La desmesura es sobrecogedora. La pretensión es obscena. Sólo un empecinado delirio dogmático puede proponerse tamaña reescritura de la historia, equivalente a la colosal intención de convertir en víctimas pasivas e inocentes de una violencia represiva inexplicable a combatientes revolucionarios que nunca se consideraron espectadores desafortunados, sino actores conscientes de su proyecto. En el caso del genocidio del que la suerte de Ana Frank fue un símbolo doloroso y elocuente, el relato argentino se propone colocarla en el mismo nivel que las víctimas de la violencia en este país. Se desfigura, así, un rasgo central del fenómeno derrumbado con la derrota del nazismo en 1945.

El Tercer Reich se propuso de manera fría y deliberada lo que denominó “la solución final” del problema judío. El Protocolo de la Conferencia de Wansee, que se efectuó en esa localidad de las afueras de Berlín el 20 de enero de 1942 (http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?f=89&t=8884), estipula prolijamente los pasos del plan mediante el cual Alemania llevaría adelante la eliminación de 11 millones de judíos, e incluso aporta una lista de cuántos judíos, país por país, deberían ser liquidados. La comparación con la violencia política en la Argentina entre 1955 y 1976 es escandalosa y repugnante.

Muchos sectores de la izquierda tradicional, curiosamente asociados con el peronismo, nunca tuvieron una idea tan terrible de la dictadura del Proceso hasta por lo menos fines de los años 90.

Los comunistas apoyaban a Videla por ser un moderado general que comerciaba con la URSS y desobedecía el boicot a la Olimpíada de Moscú, mientras que los peronistas aceptaban en 1983 la autoamnistía de las Fuerzas Armadas, que sólo el coraje sin paralelos de Raúl Alfonsín consiguió pulverizar a pocas horas de asumir la presidencia.

Se negó el peronismo a integrar la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep). Esos blandos de ayer son hoy tan “duros” como farsescos. Han venido fogoneando la trapisonda de un supuesto “Reich” procesista, una vulgar y enorme distorsión de la verdad histórica, que pretende cancelar el hecho de que, antes de 1976 y desde mediados de los años 60, hubo en la Argentina millares de víctimas producto de incontables asesinatos y ejecuciones. ¿Dónde están la similitud y el paralelismo con el apocalipsis de muerte y destrucción que generó el proyecto nazi en todo el mundo?

No hay cabriolas historiográficas posibles sin cómplices, ya sea los habituales necios, que dejan hacer por pura blandenguería existencial, como los articulados ideólogos que se ganan la vida dándoles letra a los abogados santacruceños. La muestra neuquina donde Ana Frank y la Argentina aparecen perversamente asociados no sólo fue una movida de la Legislatura de esa provincia.

También la auspiciaron el Centro Cultural Israelita de Allen, Cipolletti y Neuquén, el Centro Hebraico de Neuquén y el Centro Ana Frank.
“Nunca creeré que los poderosos, los políticos y los capitalistas son los únicos responsables de la guerra. No, el hombre común y corriente también se alegra de hacerla. Si así no fuera, hace tiempo que los pueblos se habrían rebelado”, escribió Ana el 3 de mayo de 1944. Dos meses y medio después, el 15 de julio de ese año, escribiría: “Cuando miro al cielo, pienso en que todo esto cambiará y que todo volverá a ser bueno, que hasta estos días despiadados tendrán fin, y que el mundo conocerá de nuevo el orden, el reposo y la paz”. A Annelies Marie Frank se la llevaron los nazis el 1º de agosto de 1944. Dejó en su refugio de Amsterdam tres cuadernos con su diario, que se conservaron: deportada al campo de exterminio de Bergen-Belsen junto a su hermana Margot, ambas murieron durante una epidemia de tifus entre febrero y marzo de 1945. Edith Holländer, la madre de ambas, murió de inanición en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. En la Argentina, la banalización del mal sigue siendo un tenebroso negocio.

 

Fuente: http://www.perfil.com/columnistas/Tenebroso-20140323-0001.html

Philippe Joseph Salazar: «Una mitad de la historia argentina desapareció en el silencio de los que no hablarán»

Domingo 23 de marzo de 2014 | Publicado en edición impresa

El filósofo francés, estudioso del proceso de reconciliación en Sudáfrica, sostiene que los crímenes de lesa humanidad requieren el diálogo político más que el testimonio judicial

Por Astrid Pikielny  | Para LA NACION

¿Cómo se reconstruye una comunidad que ha sido atravesada por delitos de lesa humanidad? ¿Cómo pensar el nuevo comienzo en una sociedad en la que aún conviven víctimas y victimarios, e hijos de unos y otros? En definitiva, ¿cómo volver a dotar de humanidad, compasión y amistad a un sistema que ha deshumanizado y oprimido a todas sus partes?

Éstos son algunos de los interrogantes que se formula el filósofo francés Philippe Joseph Salazar, nacido en Marruecos en 1955, que ahora se condensan en el libro Lesa humanidad (Katz), en donde Salazar, que es uno de los coeditores, analiza la singularidad y los alcances del proceso de reconciliación en Sudáfrica -país en donde vive desde hace treinta y cinco años- y marca las diferencias respecto de otros países que han sido inficionados por el horror.

«Para el proceso de reconciliación sudafricano el perpetrador no es alguien al que hay que rechazar, sino reintegrar», dice el especialista en retórica, de un país en el que hubo simultáneamente una refundación ética, del Estado y de la nación. «En Sudáfrica era necesario saber y comprender lo que había pasado, y para saber era necesario dejar hablar. Y para eso se necesita una palabra libre, no controlada como es la palabra judicial, en la que sólo se muestra lo que sirve y se oculta lo que no sirve», explica. A diferencia de lo que se suele sostener en ámbitos académicos y organismos de derechos humanos, según Salazar «el trabajo de la memoria es antipolítico, porque impide avanzar».

Respecto de la reapertura de los juicios en la Argentina, el filósofo -que asistió a algunos de los juicios- no duda en afirmar «que la justicia es una forma codificada de la venganza» y que «no se puede aplicar la justicia penal a las relaciones políticas».

«Se sanciona una ley y luego otra ley. Es de nuevo, desde el punto de vista de la retórica, argumento contra argumento. La consecuencia es que en la Argentina probablemente habrá una nueva ley que cambiará de nuevo las cosas. Y eso es un proceso perverso», dice. Discípulo de Louis Althusser, Emmanuel Levinas y Roland Barthes, Salazar es profesor emérito del College International de Philosophie de París y profesor distinguido en la Universidad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

-¿Cuál fue el impacto y la escala del proceso llevado adelante por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica?

-La Comisión no nació de golpe, pero recuerdo un acontecimiento que me hizo comprender en lo que se convertiría. Su inventor fue el arzobispo Desmond Tutu. Un día fui a escucharlo a la catedral anglicana de San Jorge y dio un sermón sobre la «transfiguración». Y en ese sermón le dio, con sutileza, un aspecto político a la cuestión: la idea de que la transfiguración se aplica también a la ciudadanía. Cuando salí de la catedral, supe que algo importante estaba ocurriendo y que era la adaptación de un vocabulario teológico a una solución política. En Sudáfrica todas las religiones -la católica, la protestante, la judía- son consideradas, a diferencia de otros países, como un aporte positivo a la reflexión política. Lo extraordinario es que Tutu tenía una suerte de magistratura moral transversal sobre todos, y lo que hizo fue inventar un glosario político tomado de la teología de San Pablo, que incluye la idea de transformación, la idea de tomar la buena oportunidad, de leer los signos. Y como los sudafricanos, blancos y negros, son todos muy protestantes, todos los domingos leían la Biblia y tenían caminos de pensamiento que estaban a disposición y a la mano de la política.

-¿O sea que tanto los que estaban a favor del apartheid como en contra tenían un texto común?

-Exacto. El genio de Desmond Tutu fue hacer comprender, tanto a quienes estaban del lado del apartheid como a quienes estaban del lado del movimiento de liberación, que ellos tenían un lenguaje común que podía pertenecer a la política. Una palabra fundamental de ese glosario es la idea de compañerismo, de amigo y ciudadano. Uno es ciudadano porque es amigo y eso lleva a una verdadera revolución política. Con el fin del apartheid no son solamente liberados los negros, sino también los blancos, porque todos son oprimidos. La liberación que sucede en 1994 es una liberación general: los blancos, de una ideología opresiva, y los negros, de una ideología que ellos no aceptaban, pero que los oprimía.Ésa es la base de la reconciliación.

-¿Ambos crímenes están en el mismo plano?

-Sí. Los crímenes de sangre cometidos por los movimientos de liberación están en el mismo plano que aquellos cometidos por los agentes del apartheid, porque la idea es que la ideología es opresiva para todos. Entonces, con la reconciliación de 1994, es una nueva ciudadanía y una nueva nación la que aparecen. Es un modelo único: aceptar que el opresor es una víctima. Es la única solución para construir una nueva nación.

-Hay una elección retórica fundacional, que fue usar la palabra «perpetrador» en lugar de «represor» o «criminal». ¿Por qué se eligió ese camino?

-No podía utilizarse el término criminal porque la reconciliación no está fundada sobre un proceso judicial. Desde el comienzo se dijo que no iba a haber Juicio de Nuremberg y eso fue un escándalo porque Sudáfrica era el primer Estado y régimen que podría haber sido juzgado por crímenes racistas después de la Alemania nazi, y eso no pasó. Fue una decisión de soberanía.

-¿Por qué se decidió no hacer juicios?

-¿Qué es un proceso? Evidencia contra evidencia, balance de argumentos y contraargumentos, y al final hay un juicio. Pero no estamos seguros de que ese juicio sea la verdad, porque el acusado sólo dirá aquello que le puede servir. Y todos dijeron: «No, lo que queremos es comprender cómo los seres humanos pudieron matar otros seres humanos». La Comisión buscó reconstruir eso que pasó en el espíritu de las personas, y el único medio era darles la libertad de palabra, que no es la palabra judicial, que no es libre sino controlada. El objetivo es poder reconstruir cómo pudo vivir ese país durante cuarenta años. El resultado fue extraordinario, porque hubo personas que habían cometido crímenes y destruido todas las pruebas y que, sin embargo, se presentaron ante las familias de las víctimas porque querían quitarse eso de la conciencia. En un sistema judicial el criminal jamás hubiera venido y las familias de las víctimas no hubieran podido comprender por qué ocurrió lo que ocurrió.

-¿Y si el victimario no mostraba arrepentimiento ni necesidad de perdón?

-En la ley de amnistía no es necesario que el criminal se arrepienta y solicite perdón. Tiene que contarlo todo. Se testea si contó todo y si el crimen ocurrió en el marco de una acción organizada. Eso le dio una dinámica social enorme durante dos años, porque la Comisión fue de escuela en escuela, de iglesia en iglesia, como una caravana de justicia en condiciones que no eran formales, sino humanas. Hoy llama la atención para cualquiera que vaya a Sudáfrica lo feliz que es la gente allá. Es la felicidad de vivir juntos. No quieren más hablar del pasado. Es lo que dijo Mandela sobre la frase de San Mateo: «Hay que dejar a los muertos enterrar a sus muertos», porque si no enterramos a los muertos, los hijos de los vivos algún día van a tomar venganza. Eso es un círculo infernal. Lo que se ha creado es un «escenario de palabra» y de reparación moral. Y hoy en Sudáfrica todos se sienten iguales.

-Es difícil no pensar que el proceso sudafricano ha sido excepcional, singularísimo y, hasta en algún punto, milagroso, muy distinto a otros países que salieron de regímenes autoritarios.

-Eso plantea un tema fundamental y es si existen universales en política. La lección de Sudáfrica es preguntarse si hay universales y si son traducibles a otras experiencias. De hecho, se intentó hacer algo parecido en Ruanda y Kosovo, y no funcionó.Cada caso tiene su singularidad. En Sudáfrica el proceso de la reconciliación estuvo al mismo nivel jurídico que el proceso de Constitución. Hubo simultáneamente una fundación ética y una fundación de la nación y del Estado. Un proceso sin el otro me parece problemático. Y el otro tema esencial es que Sudáfrica nunca tuvo un golpe de Estado militar. Los militares siempre estuvieron al servicio del Parlamento. Sudáfrica era una dictadura parlamentaria con elecciones.

-Aún así, con historias y experiencias tan distintas, ¿cree que haya prendizajes que la Argentina pueda tomar?

-En marzo pasado estuve en Mendoza presenciando los juicios a policías que actuaron durante la dictadura. Asistí como periodista francés a esa escena extraordinaria en la que se leía el fallo y se veían en las pantallas las caras de algunos de los acusados que estaban en otras prisiones del país. Afuera había grupos portando carteles. Cuando se empezó a leer el fallo y alguien vio que yo tomaba notas, me dio una foto con la cara de un hombre joven que había desaparecido. Y entendí muy rápido que yo debía levantarla en el momento de la sentencia. Me sentí muy mal cuando escuché los gritos de euforia y de alegría después de la sentencia. Querían más. Veía la foto de ese hombre joven y bello y veía a los viejos que acababan de condenar, y que cuando ellos cometieron el crimen tenían la misma edad que el joven. Pregunta sudafricana: ¿cómo es que un hombre joven que era un oficial de policía pudo secuestrar a este joven cuya foto yo tengo ahora? Eso es lo que quiero comprender y lo que no se conoce. La gente pedía más sangre y ahí me dije: esto nunca va a terminar. La sangre llama a la sangre y los hijos de los que son condenados algún día van a pedir venganza. No vi ni un gesto de amistad, ni de compasión.

-Los familiares de las víctimas no usarían la palabra venganza sino justicia: se ha cometido un delito, y por eso tiene que haber un proceso y una condena.

-Pero toda la antropología demuestra que esa justicia es una forma codificada de la venganza. Participé de un coloquio en Francia con los integrantes de la Corte de Casación, máxima autoridad en estos temas, y ellos mismos han dicho que la justicia criminal es una forma de la venganza, y que Sudáfrica permitió comprender, en política, que hay otras formas de justicia. Ellos decían «no podemos aplicar la justicia penal a las relaciones políticas, porque las relaciones políticas son de una naturaleza diferente». Eso es lo que Sudáfrica ha comprendido: que esos crímenes fueron cometidos en situaciones políticas. El tratamiento del crimen, del odio y la venganza deben ser tomados política y no penalmente.

-En la Argentina esto que usted dice le agradaría mucho a los militares y a sus familias, pero no a los militantes.

-Sí. ¿Por qué razón? Porque el marco sigue siendo un marco penal. Si hacemos comprender a las familias de unos y otros que el fin es crear una reconciliación nacional, entonces puede sonar de un modo distinto. Eso debe venir de la política, pero no sucede porque el interés de los gobernantes es dividir para reinar. Es un escenario que crea infelicidad, y ése no fue el caso en Sudáfrica.

-A diferencia del proceso sudafricano -en donde se reconstruyeron los hechos-, en la Argentina los militares no hablaron y se da la paradoja de que «hacer justicia» impide avanzar hacia la verdad y tener información sobre el destino final de las víctimas y la identidad de los hijos apropiados.

-Y no conocerán nunca la verdad. Una de las cosas que me parece más escandalosa es que, como consecuencia del marco penal, es imposible oír a los militares que cometieron crímenes, porque si hablan se autoinculpan. Eso quiere decir que hay una mitad de la historia argentina que desapareció en el silencio de aquellos que no van a hablar. Eso no sucedió en Sudáfrica: era necesario saber, y para saber era necesario dejar hablar.

-¿Entonces cree que en este contexto acá no habría lugar para palabras de verdadero perdón, reconciliación y verdad?

-La audacia política es crear las condiciones para que la gente comience a pensar de ese modo. Si no hay liderazgo político, eso no va a ocurrir. En Sudáfrica se dio el extraño caso de tres líderes políticos: Frederik de Klerk, Desmond Tutu y Nelson Mandela, que desde puntos de vista diferentes convergieron en una idea, un proceso único y un lenguaje común.

-¿Cuán importante es el factor tiempo en un proceso de recuperación y reconciliación?

-En Sudáfrica todos se pusieron de acuerdo en que el trabajo de la memoria es antipolítico porque impide avanzar. Allí se produjeron dos procesos simultáneamente: el constitucional (1994-1996) y el de la reconciliación (1995-1998). El de la Constitución tomó dos años y era necesario que el proceso de reconciliación también fuera corto. La idea de Tutu fue hacerlo rápido, cuando todo estaba fresco, y poder avanzar. Lo que encuentro fascinante es que en Sudáfrica hay muy poco trabajo de la memoria. El pasado fue enterrado y avanzamos. Y hay un museo al que no va nadie, salvo los turistas. Los países que no fueron capaces de resolver el conflicto mental, psicológico y político, han creado una industria de la memoria que es antipolítica porque impide avanzar. Los museos producen pruebas y evidencias, pero ocultan muchas otras: tenemos un muro, ponemos nombres y hay muchos nombres que faltan, al igual que los procesos jurídicos en los que se oculta lo que no sirve y se muestra lo que sirve.

-Y para usted eso no tendría nada que ver con la reparación de una comunidad.

-No, los lugares de la memoria son lugares cerrados, que se cierran sobre sí mismos, y la reconciliación implica abrir. Los lugares de la memoria son lugares para «maquillar» la cuestión. Es el azúcar sobre una torta que está mal hecha.

-Usted visitó la ESMA hace algunos años. ¿Qué destino cree que debería tener ese lugar?

-Efectivamente, visité la ESMA antes de que fuera un museo, cuando estaba todo destruido. Había que dejar todo así y dejar a la gente reflexionar. No sirve de nada canalizar el discurso. Es como visitar ruinas antiguas: no se necesitan guías. Todo lugar de la memoria es el resultado de una toma de partido. Desde un punto de vista retórico, un lugar de la memoria fabrica un argumento, con un punto de partida y un punto de llegada. Creo que la ESMA debería ser una escuela militar al servicio de una nueva nación y formar a las nuevas generaciones creando conciencia de que ese lugar sirvió a un régimen crápula, y que los militares ahora están a las órdenes de la política.

-Todo lo que dice hace suponer que a Sudáfrica y a la Argentina las separa un abismo.

-[Suspira] Creo que hay una Sudáfrica mirando al futuro y una Argentina encadenada al pasado., lo que es terrible para los jóvenes. Aquí los jóvenes están hundidos y aprisionados en el pasado.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1674313-philippe-joseph-salazar-una-mitad-de-la-historia-argentina-desaparecio-en-el-silencio-de-los-que-no-hablaran

Carta a Lorenzetti, apertura Año Judicial 2014

Buenos Aires, 6 de marzo de 2014

Al Señor Presidente de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Dr. Ricardo Luis Lorenzetti

S             /             D

Ref.: Solicitud de audiencia

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a V.S. en nuestra calidad de asociación que nuclea a hijos y nietos de presos imputados en juicios de lesa humanidad de todo el país, en ocasión de la apertura del año judicial 2014. Sabemos la importancia institucional que tiene este acto para el Poder Judicial y, por esa razón, es que decidimos estar presentes y hacerle entrega de la presente.

Consideramos que nuestros padres y abuelos son presos políticos ya que las reglas que se aplican a los detenidos en estos procesos no son las mismas que las utilizadas con cualquier otro detenido del país. No se les respeta el principio de inocencia. Se es culpable desde el inicio de las causas. Se les niegan arrestos domiciliarios a detenidos mayores de setenta años y enfermos. Los imputados deben probar su inocencia, cuando debería ser una tarea de los fiscales probar su culpabilidad fuera de toda duda razonable. Se acusa y se decretan prisiones preventivas excediendo los dos años que marca el debido proceso, y hasta el límite del tercer año excepcional, sin tener pruebas de riesgo de fuga o de interferir con la investigación. Se juzga y se condena incluso sin siquiera haber estado en el lugar de los crímenes que se les imputan. Se los condena por haber sido militares, policías, gendarmes, prefectos, abogados, jueces, o simplemente por haber tenido un trabajo en el Estado y no por hechos que les hayan probado. No hay graduación de la pena, se condena a prisión perpetua, lo mismo que a los generales de la junta, a personas que en el momento de los hechos tenían menos de treinta años.

Por todas esas razones, que son tan solo ejemplos de las irregularidades que registran estos procesos es que venimos a hacerle un pedido de respeto a la legalidad de los procesos. Nos mueve la sentida necesidad de hacer ante V.S. un pedido de imparcialidad y respeto irrestricto a la legalidad.

Nos preocupa la manera en que se llevan a cabo los juicios de lesa humanidad. Nos estremece pensar que puedan ser parte de una gran escenificación para dar legitimidad a condenas que pueden estar puestas de antemano por el poder político. Consideramos que mediante medidas arbitrarias, e innumerables mecanismos de condena social e institucional, prejuzgan a los imputados y dejan entrever, de esta manera, cuál será el final.

Por último, solicitamos nos conceda una audiencia privada con el objeto de transmitirle personalmente las experiencias que recogimos en nuestra asociación, así como también poner en su conocimiento en forma directa de la situación actual de nuestros padres y abuelos, siempre tomando como base el respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos.

Saludamos a V.S. muy atentamente.

Anibal Guevara Bianchi

Hijos y Nietos de Presos Politicos

Coordinador Federal

Gacetilla comienzo Año Judicial 2014

Buenos Aires, 6 de marzo de 2014

El jueves 6 de marzo de 2014 a las 12 horas, los hijos y nietos de los imputados en causas de Lesa Humanidad de todo el país nos convocamos en el Palacio de Tribunales (Talcahuano 550, Buenos Aires) con motivo del acto de apertura del año judicial, acontecimiento importantísimo para el Poder Judicial, y en el cual da su discurso inaugural el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Luis Lorenzetti.

Hijos y Nietos de Presos Políticos se hace presente en este acto por cuarto año consecutivo. Siempre exigiendo legalidad en los juicios de lesa humanidad y que estos juicios se realicen respetando el Debido Proceso. Queremos un Poder Judicial que use la misma vara para cualquier imputado en una causa penal y que se respeten las garantías mínimas necesarias. Los derechos humanos deben ser para todos.

Nos reunimos hoy aquí con el objeto de hacer conocer nuestra realidad y lo que acontece sistemáticamente en los procesos que se llevan a cabo por delitos de lesa humanidad en todos los tribunales federales del país. Asimismo, y atento a que es una cita pendiente desde hace casi cuatro años, es que le requerimos al Dr. Ricardo L. Lorenzetti nos conceda la audiencia a la que se comprometió personalmente, a fin de transmitirle personalmente todas nuestras inquietudes.

“No hay justicia sin legalidad”. Los hijos y Nietos de Presos Políticos decimos y sostenemos firmemente esto porque la palabra JUSTICIA es una término que le queda demasiado grande a cualquier Poder Judicial, sobre todo cuando hablamos de la pérdida de un ser querido. No hay reparación que pueda hacer el Estado para equiparar esa ausencia.

Queda entonces la LEGALIDAD, esas «reglas del juego» que protegen a los ciudadanos de los abusos de poder de sus gobernantes. Lo más cerca que puede estar el hombre de la justicia es la legalidad, el respeto irrestricto del Estado de Derecho por sobre los intereses individuales, exactamente lo contrario del «ojo por ojo» con el que nos quedaríamos todos ciegos.

HYNDPP exige LEGALIDAD en todos los procesos por delitos de lesa humanidad, desde su inicio hasta que culminan con la sentencia firme que dicta el más alto tribunal del país. Estamos convencidos de que ese principio, al que tanto le costó arribar a la humanidad, es la base y la motivación que debe guiar a todos los jueces del país, empezando por su máxima autoridad.

Queremos que estos juicios sean un ejemplo de cómo las cosas pueden hacerse bien, que el día de mañana ningún ciudadano sea sometido a juicio con las reglas cambiadas o aplicadas según la conveniencia del poder de turno.

No tenemos intenciones políticas, ni nos interesa reivindicar a nadie, pero vamos a pelear por el respeto de nuestros derechos y la LEGALIDAD que nuestro país necesita para que verdaderamente NUNCA MÁS haya abusos por parte del Estado.

Milani o la prueba del doble discurso

Lunes 10 de febrero de 2014 | 

Por Aníbal Guevara Bianchi  | Para LA NACION

El problema no es Milani… Mejor dicho: por supuesto que es un problema el enriquecimiento dudoso de quien fue jefe de Inteligencia del Ejército, ya que, como se sabe, esos funcionarios manejan fondos reservados por los cuales no rinden cuentas y, por lo tanto, deberían tener unos patrimonios irreprochables para evitar cualquier suspicacia.

Pero respecto de las denuncias hechas ante la Conadep sobre su papel en La Rioja o durante el Operativo Independencia, el problema no es Milani, sino el doble discurso .

Sobre el polémico general de brigada pesa una denuncia que, como toda denuncia, debe ser investigada con estricto recelo del respeto a la legalidad y el debido proceso, ya que como se juzga a los militares de haber subvertido el orden institucional, haber reprimido ilegalmente y haber violado los derechos humanos, todo proceso originado en una denuncia de este tipo tiene que ser intachable para ser coherente. Pero aquí la coherencia hace rato que está ausente.

Cómo no estar de acuerdo con las palabras de Estela de Carlotto sobre el caso del nuevo jefe del Ejército: «Cuando hay una denuncia no hay que prejuzgar sino que hay que investigar y luego sacar conclusiones correctas»; «Creo que sobre una denuncia que no tiene ninguna comprobación posterior no se pueden tomar medidas»; «Nosotros no encontramos antecedentes en él, en la foja de servicio de él dice que efectivamente ha estado en esos lugares, en Tucumán, pero bueno, si presumimos que cada miembro de las Fuerzas Armadas que estaba en un lugar determinado es responsable de un genocidio, tendríamos que enjuiciar a todas las fuerzas, porque todos estaban en algún lugar, en algún momento».

Las palabras de Carlotto no podían ser más ecuánimes. El problema es que, en mi caso, me consta que no es ése el espíritu de los juicios de lesa humanidad. Mi padre, que es más o menos de la misma edad que Milani, por lo que tenía más o menos el mismo grado en aquellos años, está detenido desde 2006 a pesar de no haber sido nombrado en el Nunca Más ni haber tenido denuncias en su contra hasta ese año. En la primera instancia, fue condenado a cadena perpetua. La condena fue fundamentada sin pruebas, con testigos que contradicen sus propias declaraciones realizadas en los años 80 o que directamente tienen pedido de falso testimonio por absurdos y falaces. Según el fiscal, mi padre «debería haber sabido lo que pasaba» y por eso lo condenaron con una pena mayor de la que le dieron a sus generales en el Juicio a las Juntas, pese a que tenía 23 años en 1976. Durante el juicio fueron ignoradas las declaraciones que confirmaban que, cuando lo mandaron a hacer detenciones, lo hizo de día, de uniforme, que se presentó con nombre y grado, labró actas e informó el lugar de detención correspondiente.

Tanto a él como muchos otros presos por causas de lesa humanidad se les violan sus derechos humanos cuando se los mantiene bajo prisión preventiva sin justificativo a la espera de las instancias que falten después de un primer fallo o directamente sin juicio, presumiéndolos culpables. También cuando se les niega el acceso a la educación, cuando se desatienden sus necesidades médicas, cuando se les niegan prisiones domiciliarias a los mayores de 70 años o a los que están enfermos, cuando se rechazan sistemáticamente las presentaciones de los abogados o se aplica retroactivamente la ley penal, entre otros muchos ejemplos.

Aunque Ricardo Lorenzetti ya había adelantado que los juicios por delitos de lesa humanidad son una política de Estado, tenemos derecho a esperar que el desarrollo práctico de esa política no dañe la norma fundamental de convivencia que se dan los Estados, la ley. Sin embargo, el Poder Judicial se ensaña con los acusados, aun antes de que los delitos hayan sido probados.

Pero en el caso de Milani, las denuncias por el supuesto enriquecimiento ilícito y las acciones que se le atribuyen durante la década del 70 fueron obviadas por la parcialidad kirchnerista. El tratamiento que reciben las denuncias que pesan sobre él desnuda la arbitrariedad con que el Gobierno y los organismos de derechos humanos abordan problemas que involucran a sectores amplios de la sociedad.

Si no fuera así, el ahora general se encontraría en alguno de los institutos penales del país, esperando la resolución de un juicio por delitos de lesa humanidad o cumpliendo una condena; si es que no hubiese muerto ya, a raíz de las condiciones de detención y la paupérrima atención médica, necesaria para los mayores de sesenta años. En este universo paralelo, sus hijos hubiesen sido testigos de cómo los jueces, los abogados querellantes y los fiscales llevan adelante los procesos con los resultados cerrados desde el inicio. Una máquina poderosa y torpe los engulliría con fruición, como lo hizo con nuestros padres y nosotros.

A Milani lo amparan el Gobierno y los organismos de derechos humanos. El resto de quienes enfrentan sospechas sobre su actuación en los años 70 sufren la persecución y la cárcel a partir de procesos cuestionables desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, uno y otros algo tienen en común: sus casos son tratados con la misma rigurosa irregularidad, si se nos permite la expresión.

El problema es el doble discurso: se utiliza la bandera de los derechos humanos como blindaje frente a las críticas y mientras tanto se está dispuesto a violar los derechos humanos de cualquier ciudadano al que se pueda vincular con cualquier pretexto a causas de lesa humanidad. Salvo que, como Milani, sea un soldado bajo sus órdenes.

El autor es vocero de la agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos

http://www.lanacion.com.ar/1662720-milani-o-la-prueba-del-doble-discurso