Por Dr Alberto Solanet, Presidente de la “Asociación Civil de Abogados por la Justicia y la Concordia”

Queridos amigos:

Hace un año Juan Ignacio Ymaz y Mariano Gradin, a quienes les rendimos sentido homenaje, sensibles a la situación que vivían nuestros presos políticos, imaginaron la necesidad de agrupar abogados para visitar las cárceles, actividad que el primero hacía desde tiempo atrás.

Esta fue la semilla que muy pronto germinó. Ya en enero éramos casi veinte, cuando formalizamos la Asociación fuimos doscientos y hoy somos alrededor de trescientos abogados, además de los numerosos adherentes.

Si bien acerca de este drama siempre tuve la misma posición y pensamiento, luego de mi primer visita a la cárcel de Marcos Paz, y compartir un par de horas con los cautivos, asumí el firme compromiso de ocuparme en la medida de mis posibilidades, de la suerte de estos hombres sometidos al escarnio de ese injusto y vejatorio encierro. Cito mi experiencia por cuanto es la que mas conozco. Pero ello nos pasó a todos quienes iniciamos la concurrencia metódica a las cárceles de Marcos Paz, Ezeiza, Campo de Mayo y Villa Devoto. Desde hace un año, los abogados de nuestra Asociación, hemos tenido presencia todos los miércoles en estos sitios de cautiverio. Desde esta experiencia, frente a esta realidad, ningún argentino bien nacido puede permanecer indiferente.

Esta fue la semilla que dió origen a nuestra Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, y será siempre el motivo que animará nuestra gestión.

Cuando conformamos nuestra Asociación, lo hicimos escandalizados por las violaciones a los derechos humanos y a las más elementales garantías constitucionales que se estaban negando en los juicios por los hechos ocurridos en la guerra de los años 70.

La Argentina había encarado un proceso de pacificación mediante la solución implementada con el dictado de las leyes de amnistía o perdón llamadas de punto final y de obediencia debida, para aquellos que cumplían funciones subordinadas, leyes que fueron convalidadas por la CSJN. Esta política fue continuada y profundizada por los presidentes Menem, De la Rua y Duhalde, mediante los indultos, hasta que el gobierno de  Kirchner, trastocó todo, instaurando el aberrante régimen de venganza, enfrentamiento e ilegalidad que vivimos hoy.

Lo hizo removiendo a los integrantes de lo que el llamaba la “mayoría automática” de la Corte del Presidente Menem, sólo para reemplazarla por otra “mayoría automática” que le asegurara la reapertura de todos los juicios a militares e integrantes de las fuerzas de seguridad. Sólo a ellos y no a los guerrilleros que tomaron las armas contra el estado argentino, muchos de los cuales hoy ocupan importantes cargos en el gobierno.

Mediante fallos condenados por los más ilustres autores de la Argentina, incluida la Academia Nacional de Derecho, en dictamen unánime, esta Corte ha barrido principios liminares del derecho, entre ellos el de legalidad (Art.18, CN),  irretroactividad de la ley penal, aplicación de la ley penal más benigna y cosa juzgada. Principios éstos cuya instalación y vigencia insumió siglos de la historia de Occidente.

Revisaron decisiones soberanas de los otros dos poderes y les quitaron insólitamente los instrumentos –facultad de dictar amnistías e indultos- que la Constitución les dió para lograr el fin perseguido en el Preámbulo: consolidar la paz interior.

Hoy hay más de 600 presos políticos, y son presos políticos por cuanto su detención obedece a una decisión política, inspirada en oscuros designios ideológicos. Para ello, el gobierno se vale de la complicidad de jueces miedosos y corruptos. Estos deben saber que enfrente tienen a trescientos abogados que los estamos mirando. Se sigue deteniendo gente- todos mayores o ancianos, muchos de los cuales tenían 20 años o poco más en épocas de la guerra, que son los únicos a las cuales se les niega en la Argentina las más elementales garantías de que goza un ciudadano: les niegan la excarcelación; los mantienen detenidos 5 o 6 años sin condena (contra todo que dicen los Tratados de DDHH), se los mantiene en cárceles pese a tener más de 70 años. Han muerto en cautiverio más de 60 de ellos- .

Se mantiene a la Justicia Federal ocupada casi con exclusividad en el juzgamiento de estos hechos ocurridos hace 30 años. Es la misma Justicia Federal que debe investigar en todo el país los actos de corrupción de los funcionarios del gobierno, la que juzga los delitos de tenencia de armas y tráfico de drogas.

Como resultado, a los ciudadanos nos matan como perros, reina la impunidad para los funcionarios y los delincuentes; se envía un mensaje muy claro a las fuerzas de seguridad de no intervención: sólo sus miembros no gozan de los derechos procesales mínimos cuando se los juzga, se mantiene al país enfrentado alimentando rencores del pasado, y todo en un marco de completa ilegalidad.

Abel Posse, en un formidable artículo publicado hace algunos días, en La Nación, que ha provocado la ira de la izquierda y de casi toda la dirigencia política frívola, afirmaba que “con persistencia gramciana, los guerrilleros que rodean a los Kirchner aunque ya estaban generosamente indemnizados por sus derrotas de los 70, lograron afirmar la teoría de demoler las Fuerzas Armadas, lograr que los policías se sientan más amenazados e inhibidos en la tarea de represión de los delincuentes en su agresión y que la justicia se ausenta en este proceso de crisis, sin reaccionar con energía ante la creciente criminalidad, concediendo excarcelaciones a una gran cantidad de delincuentes, incluso en casos de asesinatos y uso de armas”. Debemos agregar, mientras mantiene encerrados ilegalmente a quienes, como los jueces son conscientes, de ningún modo su libertad significa el menor riesgo para la sociedad.

No pretendemos reivindicar en particular a nadie. Simplemente denunciamos que si consentimos la violación de los principios constitucionales penales, no importa a cuál de nuestros adversarios le sea aplicado, estaremos poniendo en peligro la libertad de todos los ciudadanos para el futuro y abriendo las puertas a la tiranía. Desconocer el principio de legalidad -Art. 18 de la CN –que es el que contiene todas estas garantías- es el primer paso para la instauración de un grosero despotismo.

A esta altura del año, a título informativo, podemos adelantarles que el trámite de nuestra personería jurídica está avanzando, hasta ahora sin inconvenientes. Algunas de las acciones realizadas que podemos destacar, fueron nuestros viajes, a Rosario, donde nos entrevistamos con el Colegio de Abogados, familiares de presos políticos y visitas a la prisión federal y a la cárcel provincial. A Córdoba, donde nos entrevistamos con el vicepresidente de la Cámara Federal, familiares de los presos políticos, a quienes visitamos en el penal de Bower. Asimismo realizamos un acto público en la Bolsa de Comercio, con gran concurrencia. En ambas ciudades dejamos sentadas las bases para la conformación de asociaciones similares a la nuestra. En el mes de octubre organizamos una mesa redonda en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con el tema “El Bicentenario, la Justicia y la Concordia” a cargo de los Dres. José María Bandieri, Vicente Massot y Jorge Vanossi, donde también hubo una numerosa concurrencia. El 11 de noviembre, en el marco del Congreso de la Unión Internacional de Juristas Católicos, celebrado en Madrid, nuestros consocios y miembros de la Mesa Directiva, Dres. Eduardo Bieule y Octavio Schindler, presentaron los objetivos  de  nuestra Asociación, junto a la denuncia de los hechos que dieron motivo a su fundación. Desde ya destacamos la relevancia de esta presentación, atento a la importancia de los representantes de los países concurrentes y la estrecha relación que mantiene la institución con la Santa Sede.

Hemos concurrido y seguiremos haciéndolo a las audiencias públicas en las distintas causas en que estén involucrados los presos políticos, muchas de ellas con bastante similitud a un circo romano.

Los directivos de nuestra Asociación hemos mantenido entrevistas con el Nuncio Apostólico, Obispos, dirigentes políticos, asociaciones afines, civiles y militares, con las cuales mantenemos estrecho contacto, y continuaremos haciéndolo con las autoridades militares en actividad y  del Sistema Penitenciario Federal, etc..

Próximamente quedará en funcionamiento la página web.

Estamos planificando nuestra gestión para el año que viene.

Señores, debemos poner nuestro esfuerzo en despertar la conciencia de nuestra sociedad, influida por la historia mentirosa  que aturde desde hace treinta años. Debemos empeñarnos en instalar el tema en la dirigencia política, que hasta ahora ignora dolosamente la tragedia.

Urge, en vísperas del bicentenario, volver al cauce de la constitución histórica, recurriendo a los remedios que están en su texto y que ninguna convención internacional ha abolido, que permitirían afianzar la paz interior y superar las secuelas más dolorosas de nuestra guerra, mediante una generosa ley de amnistía.

Nuestra gestión esta ordenada a reclamar el pleno restablecimiento del estado de derecho, sustento de un orden justo, cimiento indispensable para alcanzar la paz. La paz que no es pacifismo conformista. Nosotros no pertenecemos a esa clase de pacifistas. Nuestro compromiso no es el de los tibios, menos en esta hora, en esta argentina difícil, profundamente confundida y degradada. Decía Mons. Aguer que “la paz social depende de la plena vigencia de ese conjunto de relaciones de justicia”. La concordia, como bien dice Santo Tomás, no implica la unidad de opiniones, pues nada impide que los amigos opinen distinto sobre cuestiones diversas; no se trata, tampoco, de concordar sobre cualquier cosa sino sobre aquello que es provechoso a la Ciudad, es decir, lo que hace al bien de la Ciudad.

Cercanos a La Navidad, debemos postrarnos ante El Pesebre e implorar a Nuestro Señor que derrame abundantes bendiciones sobre los presos y sus familias sufrientes, sobre nosotros  y nuestras familias y sobre nuestra querida Patria.


14 de diciembre de 2009

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