La agenda de la venganza y del odio

Sábado 22 de mayo de 2010 – Editorial La Nación

El Bicentenario debería haber sido la fecha para el reencuentro y la reconciliación de los argentinos por la tragedia de los 70.

Casi 37 años atrás, un nutrido grupo de personas condenadas por actividades terroristas fueron indultadas y amnistiadas. Los delitos perdonados incluyeron asesinatos, secuestros extorsivos, privaciones ilegítimas de la libertad, lesiones y robos. No hubo de parte de muchos de quienes así recuperaron la libertad arrepentimiento por los violentos hechos cometidos. Por el contrario, existió en su ánimo la voluntad de reincidir en ellos. Quienes resolvieron la libertad de los condenados -el presidente Héctor Cámpora, que los indultó, y el Congreso recién constituido, que los amnistió- no tuvieron en cuenta ni consideraron siquiera, si el perdón y la libertad que concedían ponía en riesgo a la sociedad argentina.
Los acontecimientos pusieron en evidencia que buena parte de quienes habían sido perdonados se consideraban por encima de la ley, orgullosos de los delitos cometidos y de la lucha emprendida. Y al poco tiempo perpetraron nuevos hechos atroces que privaron de vida o de integridad física o de libertad a civiles, policías y militares; a menores y mayores, a hombres y mujeres, mayoritariamente ajenos a las reivindicaciones pretendidas por aquellos iluminados.
Los jueces que los condenaron en procesos regulares, con todas las garantías constitucionales, fueron hombres de derecho con acreditados antecedentes en el fuero penal. Los servicios que prestaron con riesgos para sus vidas no fueron reconocidos; por el contrario, luego de la amnistía, se los privó de sus empleos y a partir de ello se convirtieron en blancos de atentados. Uno de ellos fue asesinado; otros se salvaron milagrosamente y debieron exiliarse ante la confesión de impotencia de las fuerzas de seguridad que les advirtieron que no podían garantizar sus vidas.
La violencia engendra violencia. Como consecuencia de la reanudación de los crímenes terroristas bajo gobiernos constitucionales, desde el gobierno de Juan Domingo Perón se concibió y organizó la denominada Triple A, que actuó ilegalmente bajo el gobierno de su esposa con el propósito de contrarrestar la actividad terrorista desarrollada por ERP y Montoneros, entre otras organizaciones guerrilleras. Los crueles ataques de que fue objeto la democracia recuperada llevaron al gobierno constitucional a ordenar a las fuerzas armadas que se involucraran en la lucha, ya que las de seguridad estaban superadas. Luego siguieron los excesos en la lucha contra el terrorismo, de los que fueron responsables integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, en el marco de una contienda fratricida en la cual tanto terroristas como sus represores incurrieron en actos crueles e inhumanos.
Desde la asunción de la presidencia por Néstor Kirchner, y luego, durante el mandato de su esposa, desde el Poder Ejecutivo se ha procurado idealizar la actividad terrorista desarrollada en la década del 70 y demonizar a quienes la reprimieron. A estos fines, se han impartido cursos en colegios y universidades, se ha promovido la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de pacificación dictadas a instancias de Raúl Alfonsín, y de los indultos dictados por Carlos Menem, en este caso, tan sólo respecto de los represores pero no de los terroristas.
Con el mismo propósito, se designó como secretario de Derechos Humanos al abogado Eduardo Luis Duhalde, protagonista en esa década como apologista, desde la revista Militancia , de muchos de los atroces crímenes cometidos por el terrorismo. La designación de un antiguo promotor de la violencia en un cargo de esa naturaleza sólo podría justificarse si mediara algún arrepentimiento en la persona así designada. Pero no ha sido el caso. El secretario de Derechos Humanos es absolutamente funcional al propósito de reescribir la historia, de perseguir a sus antiguos adversarios y de llevarlos a la cárcel, en condiciones a veces violatorias de los mismos derechos que debiera proteger, despreocupándose de los demás aspectos que hacen a la protección de los derechos humanos en la actualidad. En este sentido, es oportuno y triste recordar que alrededor de un centenar de ancianos han muerto en cautiverio durante prolongados procesos sin que se los haya condenado.
Desafortunadamente, varios de los integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia también han sido funcionales al propósito oficial de perseguir a integrantes del gobierno militar y de dotar de impunidad a los de las organizaciones guerrilleras, declarando delitos de lesa humanidad a los actos perpetrados por los primeros más no así, a los cometidos por los segundos. Esta distinción, que lleva a la persecución de unos y a la impunidad de otros, no tiene cabida en los tratados internacionales incorporados a la Constitución a partir de 1994 y también invocados como fundamento para declarar inconstitucionales las leyes pacificadoras de Alfonsín, previamente reconocidas por la Corte como válidas, y los indultos de Menem, excepto los concedidos a terroristas.
Desde organizaciones que merecieron respeto por su coraje y por las actitudes que adoptaron para localizar a sus seres queridos durante la década del 70, como las Madres de Plaza de Mayo, y que hoy reciben múltiples beneficios del gobierno nacional, actúan ideólogas como la señora Hebe de Bonafini, que han extendido su mensaje de odio allende nuestras fronteras, regocijándose públicamente por los actos terroristas que provocaron la caída de las Torres Gemelas en Nueva York y de las muertes resultantes del atentado en la estación Atocha de España.
Diversos ex integrantes de Montoneros o del ERP que desempeñan funciones en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, también procuran venganza respecto de sus adversarios de la década del 70.
Como consecuencia de estas actividades, hoy hay algunos pocos condenados y centenares de procesados. La mayoría de estos últimos se encuentran privados de su libertad sin que aún medie condena. En virtud de los tratados internacionales, ello no procede, sin perjuicio de cuál sea el delito imputado, salvo que el tribunal que ordena el encerramiento tenga fundamentos, que debe explicitar en forma concreta y específica, para temer que el procesado pueda fugarse, entorpecer las investigaciones o reincidir. Estos supuestos no son aplicables a muchos de los procesados, que fueron integrantes del gobierno militar, de las fuerzas armadas o de las de seguridad, y que superan los 70 años, particularmente cuando han estado a disposición de la justicia y no tienen posibilidad de entorpecer investigaciones de hechos que ocurrieron hace más de 30 años. Hoy es lamentable que se insista, como lo hacen Eduardo Luis Duhalde y Estela Carlotto, en que ancianos procesados pero no condenados se alojen durante el proceso en cárceles comunes. Como es bien sabido, éstas distan mucho de satisfacer el requerimiento constitucional de que sean sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los detenidos en ellas.
La actitud de quienes procuran ese tipo de detención respecto de no condenados también vulnera el principio constitucional que a continuación de la disposición ya citada establece que toda medida que bajo pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. En este caso, cabe subrayar la obstinación del juez Norberto Oyarbide en detener en un instituto carcelario al ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz, no obstante sus 84 años de edad y su delicado estado de salud, constatado por los facultativos que lo atienden y los médicos forenses. La medida del juez contrasta con su decisión de permitir la salida del país del ex funcionario del gobierno kirchnerista Ricardo Jaime, acusado de enriquecimiento ilícito. Esta detención carcelaria en vísperas del Bicentenario debe satisfacer al Gobierno y en particular a Néstor Kirchner, quien desde 2006 viene reclamando lo que Oyarbide acaba de resolver con Martínez de Hoz.
El Bicentenario debería ser la fecha del reencuentro y la reconciliación de los argentinos, esta no se logrará mientras exista un tratamiento judicial desigual respecto de quienes estuvieron enfrentados durante la triste década del 70. La persecución de unos provocará nuevos resentimientos y sed de venganza en los otros. Y así continuará esta historia sin fin.
El futuro argentino requiere tener presentes ejemplos dados por grandes personalidades que sufrieron persecuciones y encarcelamientos, y que tuvieron la magnanimidad de perdonar. La figura más destacada en el ámbito mundial es Nelson Mandela. Pero también cabe destacar la actitud del ex guerrillero uruguayo que hoy ejerce la primera magistratura de su país y que se ha comportado con similar grandeza. Son estos ejemplos y los sentimientos que los inspiran -la caridad, que hace posible el perdón recíproco- los que se deben emular si pretendemos encontrar la paz y la concordia entre argentinos en el tercer siglo de nuestra existencia como nación.

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2 Responses to La agenda de la venganza y del odio

  1. http://www.politicaydesarrollo.com.ar
    Carta Abierta hija de un Preso Político

    ¿Qué hacemos ante tanta impunidad, cuando la Justicia está financiada por el Gobierno, el estado -o sea todos nosotros- y es corrupta?

    Por Adriana Esther Ruiz

    Estimados Lectores:
    He leído muy atentamente los artículos publicados al respecto, me llamo Adriana E. Ruiz, mi padre un ex policía retirado con 75 años de edad está siendo juzgado por el tribunal federal Nº 2 de la localidad de San Rafael (provincia de Mendoza) por delitos de lesa humanidad, que no existen como figura legal, ni en la Constitución Nacional, ni el Derecho Penal.
    Actualmente se amplió la acusación como homicidio, asociación ilícita y privación ilegitima de la libertad.
    Él es inocente de todos los cargos que se le imputan. Hasta ahora, no ha habido ningún testigo que lo incrimine y lo sabemos porque lo conocemos y sabemos que él no es capaz de estas aberraciones por la cual lo están juzgando.
    Es muy triste saber, y verlo preso tan injustamente, porque el tribunal hace oídos sordos, de los reclamos jurídicos que hacemos al respecto.
    Actualmente, a través del abogado defensor hemos solicitado la prisión domiciliaria, por su edad y por su estado de salud, pero el tribunal y la fiscalía está resistente a dársela Y ES MAS HACE UN RATO NOS ENTERSAMOS QUE NO SE LA VAND AR.
    El 4 de agosto pasado falleció un compañero de él, por una afección cardiaca grave que padecía. Lo mataron a este hombre dentro de la cárcel.
    Nosotros como familia, tenemos las manos atadas, no tenemos los medios económicos para ayudarlo, para asistirlo en caso de necesidad, ya que esta cárcel se encuentra 240 Km. de la ciudad de Mendoza, donde residimos todos.
    La situación económicamente de él por supuesto es desastrosa, tiene un embargo de $200.000 hasta ahora, estamos refinanciando prestamos que solicitamos para pagarle al abogado desde hace 4 años que empezó todo!

    Estimados Lectores: ¿qué hacemos ante tanta impunidad, cuando la Justicia está financiada por el Gobierno, el estado -o sea todos nosotros- y es corrupta?

    La única esperanza es la Justicia Divina, Que DIOS haga Justicia!
    Desde ya les agradezco su atención.

    Atentamente
    Adriana Esther Ruiz

    Más información http://www.politicaydesarrollo.com.ar
    Contacto y Suscripción: politicaydesarrollo@gmail.com

    22-08-2010
    POR ESO ES QUE TAMBIEN ADJUNTO NOTA PERIODISTICA DEL DIARIO EL SO ON LINE Y MDZ ON LINE
    MDZ ON LINE
    Sociedad
    18 de Agosto de 2010 |18:09
    Confirmaron la cárcel común para los represores juzgados en San Rafael
    El tribunal denegó el pedido de prisión domiciliaria hecho por la defensa de los imputados. Luego de practicar una serie de pericias, se confirmó que no existen motivos para otorgar ese beneficio y seguirán alojados en el penal del sur hasta el final del juicio.

    El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza confirmó este miércoles el arresto en cárcel común para Alberto Guevara, Juan Roberto Labarta y Raúl Alberto Ruiz Soppe, acusados de haber formado parte del aparato represivo en el sur de la provincia durante la última dictadura militar.

    La decisión se conoció casi en el mismo momento en el que, en Córdoba, la justicia hacía lugar a un pedido de la defensa de Luciano Benjamín Menéndez y le otorgaba el beneficio de poder seguir preso, pero en su casa.

    El pedido hecho por los abogados defensores de los imputados en San Rafael cobró fuerza luego de que José Martín Mussere –otros de los imputados- falleciera hace quince días en un calabozo del penal de San Rafael, luego de sufrir un infarto.

    A partir de ese momento, se llevaron a cabo pericias psiquiátricas para evaluar la situación de los acusados, se les practicó todo tipo de estudios médicos y se ordenó la confección de una encuesta ambiental para determinar si era recomendable otorgar la prisión domiciliaria.

    Mussere, Ruiz Soppe, Labarta y Guevara fueron arrestados cinco días después de que comenzara el juicio y luego de que prosperara la acusación por homicidio agravado propuesta por la fiscalía.

    Todos los estudios realizados dieron en contra de los intereses de los imputados. Los médicos concluyeron que, más allá de que lo que ocurrió con Mussere, ninguno presenta cuadros o patologías agudas ni se encuentra en estado terminal.

    A eso, se agregó la declaración de una testigo en la causa, quien aseguró haber sido interceptada y amenazada por Labarta en una plaza. “Fijate bien lo que vas a decir porque podemos volver”, habría manifestado el ex integrante del D2 en San Rafael.

    Por todo eso, seguirán presos en una cárcel común.

    DIARIO EL SOL ONLINE

    19 de Agosto | 05:43 | Provincia
    JUICIOS EN SAN RAFAEL
    Murió Cristóbal Ruiz Pozo, acusado por delitos de lesa humanidad
    El ex médico policial Cristóbal Ruiz Pozo falleció ayer al mediodía a los 74 años por un paro cardiorespiratorio como consecuencia de un cáncer terminal de colon que padecía.
    VANESSA LERNER
    A raíz de su enfermedad, el tribunal que lleva adelante el juicio por delitos cometidos durante la dictadura, había decidido que Ruiz Pozo quedara al margen del debate. El acusado residía en San Rafael y murió en su casa, puesto que su familia decidió trasladarlo al domicilio desde el Hospital Schestakow debido a su cuadro irreversible y para que tuviera un “buen morir”, según expresó Armando Duberné, director del centro asistencial. Ruiz Pozo era uno de los dos civiles imputados, porque, al momento de ocurrir los hechos que se están juzgando, era médico de la Policía y estaba acusado de falsedad ideológica y material. Nunca se sentó en el banquillo de los acusados y, ante su deceso, la causa quedará en abstracto. Se constituye así en el segundo de los imputados que muere sin ser juzgado por sus crímenes. El anterior fue José Mussere, quien falleció en su celda el 3 de agosto de un ataque al corazón.

    EL JUICIO. En la jornada de ayer, el tribunal denegó la prisión domiciliaria a los imputados y se escucharon dos testimonios que complicaron seriamente al cura Franco Reverberi, ex capellán militar. Dos testigos, Roberto Flores y Teresa Olivieri, declararon que el sacerdote –quien sigue ejerciendo en Saltos de las Rosas, en el distrito de Cañada Seca, en San Rafael, y es, además, el ecónomo de la diócesis de ese departamento– presenciaba las sesiones de tortura y visitaba las celdas donde les pedía a los detenidos que confesaran porque “así redimirían su alma”. “Encomiéndense a Dios, es el único que los puede salvar, si no, se van a morir”, se escuchó relatar en la sala. Reverberi había declarado a los medios que nunca supo de desapariciones ni secuestros y que jamás fue nadie a pedir ayuda por los detenidos. En lo que respecta a su citación, el sacerdote expresó: “Yo jamás entré en ningún lugar de esos”, haciendo referencia a los centros de detención, y agregó: “No vi nunca a un preso político”.

    EL DÍA DE LA IGLESIA. El lunes, dos curas se sentarán frente a los jueces. Es que fueron citados el mencionado Reverberi y José Álvarez Dominguez, vocero de la Diócesis de San Rafael, quien el jueves aseguró que “todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo” y que se intentaba ayudar en lo que se podía”, aunque, según Álvarez: “Hubo autodesaparecidos que después aparecieron”, al momento de cobrar su indemnización
    POR TODO ESTO QUE HACENOS ANTE JUSTICIA CORRUPTA!!

  2. Aqui les envio una nota publicada en politica y desarrollo:
    http://www.politicaydesarrollo.com.ar
    Denuncia penal contra jueces y funcionarios del Tribunal Federal 2 de Mendoza

    Se presentará este lunes la denuncia penal contra Jueces, funcionarios y el Fiscal General Dr. Jorge E Auat, en razón de imputárseles delitos de instancia y acción pública. Se los considera responsables del homicidio agravado del Comisario Mussere de la Policía de la Provincia de Mendoza.

    La denuncia la llevaría a cabo el abogado Eduardo Sinforiano San Emeterio, abogado que ya habría presentado otras denuncias al Juez Federal de la Provincia de San Juan.

    Según trascendidos esta denuncia se presentaría el lunes en San Rafael de la Provincia de Mendoza. Bien podría titularse esta información “Vamos por los Jueces”, parafraseando al Prestigioso “periodista” don Horacio Verbitsky, pronunciadas el 20 de abril en una conferencia en Mendoza: “VAMOS POR LOS JUECES”, con la salvedad de que él se refirió a los del Proceso, y en este caso se trataría de los que no comparten la idea y son consecuentes al poder político.

    La denuncia penal estaría de acuerdo y en conformidad a los artículos 82 y 174 del Código Procesal Penal de la Nación contra las siguientes personas:

    1) Héctor CORTES, abogado, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza Nº 1 por los delitos de Homicidio Agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, y prevaricato, todos delitos tipificados en los artículos 80, inciso 6º, 269 y 270 del Código Penal, todo en concurso real.

    2) Jorge Roberto BURAD, abogado, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza Nº 1 por los delitos de Homicidio Agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, y prevaricato, todos delitos tipificados en los artículos 80, inciso 6º, 269 y 270 del Código Penal, todo en concurso real.

    3) Roberto Julio NACIFF, abogado, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza Nº 1 por los delitos de Homicidio Agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, y prevaricato, todos delitos tipificados en los artículos 80, inciso 6º, 269 y 270 del Código Penal, todo en concurso real.

    4) Omar PALERMO, abogado, Fiscal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza Nº 1 por los delitos de Homicidio Agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, y prevaricato, todos delitos tipificados en los artículos 80, inciso 6º, 269, 270 y 272 del Código Penal, todo en concurso real.
    La responsabilidad penal del Dr. Palermo surgiría de su cargo funcional como superior y a cargo del seguimiento de las causas por Violación a los Derechos Humanos, según surge de la Resolución del P.G.N. 12-2009. “P.G.N. Derechos Humanos – Su violación entre 1976-1983. Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado P.G.N. Causas de trascendencia y complejidad.

    5) PGN – 0012 – 2009 Jorge Eduardo Auat, abogado, Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, en su carácter de máximo responsable en las causas en juzgamiento en jurisdicción federal de todo el país, y como autor mediato por dominio del hecho, imputándole los delitos de Homicidio Agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, y prevaricato, todos delitos tipificados en los artículos 80, inciso 6º, 269, 270 y 272 del Código Penal, todo en concurso real.

    6) Dante Marcelo VEGA, abogado, Fiscal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza Nº 1 por los delitos de Homicidio Agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, y prevaricato, todos delitos tipificados en los artículos 80, inciso 6º, 269, 270 y 272 del Código Penal, todo en concurso real.

    7) Contra todo, cómplice, autor, coautor, encubridor, participe o copartícipe que surgieren en el curso de la investigación que en el presente querella se solicita su instrucción.

    El óbito, Comisario (RE) de la Policía de la Provincia de Mendoza, falleció el día martes 04 de agosto a las 1930 horas, como consecuencia de un paro cardiorespiratorio producto de una cardiopatía grave.
    El hecho de su fallecimiento se produjo estando detenido, preso en una celda para presos comunes en el pabellón 8, en la Penitenciaria de San Rafael, a pesar de la gravísima afección cardíaca que presentaba.

    Más información http://www.politicaydesarrollo.com.ar
    Contacto y Suscripción: politicaydesarrollo@gmail.com

    20-08-2010

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