La agresión de Kirchner a la prensa

Por Mary Anastasia O’Grady

“Esto inicia una fase dictatorial muy clara, porque uno de los pilares de la república es la libertad de expresión y el derecho del pueblo a saber”. —Elisa Carrió, líder de la oposición en Argentina, 23 de agosto.

Durante casi una década, quienes son leales a la República Argentina han advertido que el país se encamina a un regreso al gobierno autoritario. La semana pasada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fortaleció la postura de los críticos, al dar pasos para despojar a los dos diarios más grandes del país de sus participaciones en el mayor proveedor local de papel para imprimir medios gráficos.

Carrió, de la centro-izquierda, se hizo eco de los temores de millones de argentinos cuando advirtió que ese tipo de medidas están diseñadas para silenciar a los detractores del gobierno y que, si no se combaten, abrirán el paso a una nueva era de represión.

De todos modos, aún es muy pronto para sentenciar la muerte de la libertad argentina. Sólo un día después de que la presidenta Kirchner alegara que los diarios Clarín y La Nación adquirieron la propiedad de la empresa Papel Prensa al usar la tortura y la coerción —provistas por el gobierno militar de 1976— apareció un testigo clave para desacreditar las acusaciones.

Sería un error subestimar la ambición de la presidenta Kirchner o la de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner. Pero la sociedad civil sigue vibrante, y como descubrió la presidenta Kirchner cuando intentó imponer un aumento impositivo confiscatorio sobre los agricultores en 2008, los argentinos aún entienden que tienen derechos.

Desde hace un tiempo, las críticas de la prensa se han encontrado con respuestas vengativas del gobierno. Según Clarín, seguidores de Kirchner han usado intimidación física frente a la sede central de la empresa en Buenos Aires, y el gobierno ha acosado a la compañía a través de sus agencias tributaria y regulatoria.

Luego de que Kirchner perdiera el control del Congreso en las elecciones de junio de 2009, usó la siguiente sesión parlamentaria, antes de que los nuevos legisladores asumieran sus puestos, para impulsar una ley de medios que le da al gobierno el poder de negarles la licencia a canales de televisión tradicionales. El proyecto de ley también propone extender la participación del mercado del gobierno. Clarín, que está en el negocio de la televisión, saldría perdiendo. En las últimas semanas, el gobierno también revocó la licencia de Clarín para operar como un proveedor de Internet.

Pero los medios impresos, en particular Clarín y La Nación, siguen siendo una amenaza para Kirchner. Y es por eso que la presidenta va detrás de Papel Prensa. Busca controlar la provisión de papel para imprimir y encarcelar a los directores principales de ambas empresas.

Papel Prensa era propiedad de David Graiver en agosto de 1976 cuando murió en un accidente aéreo en México. Para pagar las deudas de dos bancos con problemas que debieron ser liquidados tras su muerte, Papel Prensa se vendió en noviembre de 1976. La acusación de Kirchner contra los dos diarios se apoya mayormente en su afirmación de que la viuda de Graiver fue detenida por el gobierno militar, presionada para venderles la empresa a los diarios, y luego liberada de forma temporal para ejecutar la transacción.

Quizás haya parecido un caso fácil de resolver para los observadores el martes pasado en la Casa Rosada, donde Kirchner había reunido a políticos, embajadores y miembros de la comunidad empresarial para verla tirar la bomba de los derechos humanos sobre los diarios. La viuda, Lidia Papaleo de Graiver, ya le había dicho a un diario local que tenía “expectativas de una compensación histórica luego de 34 años” y hablaba con entusiasmo sobre cómo “una mujer presidenta” saldaría “esta deuda con toda la sociedad argentina”.

No obstante, al día siguiente, un testimonio de Isidoro Graiver, el hermano de David, apareció en La Nación contradiciendo esas afirmaciones. Isidoro Graiver, quien manejó la venta de Papel Prensa en nombre de la familia, detalló los eventos alrededor de la venta en noviembre de 1976. Escribió que la familia tenía presiones económicas para vender la empresa y que David se había estado desempeñando como banquero del grupo guerrillero Montoneros. El grupo lo presionaba con amenazas de muerte contra la familia si su dinero —unos US$17 millones de secuestros— no era devuelto.

No fue hasta marzo del año siguiente —mucho después de la venta que supuestamente fuera forzada por los militares— que la familia fue arrestada por el gobierno militar por tener lazos con Montoneros, quienes habían asesinado, mutilado y secuestrado a miles de argentinos. Esto quizás explique por qué la viuda de Graiver se presentó ante un juez federal el jueves para decir que nunca había sido liberada de la prisión para ejecutar la venta como sostiene Kirchner.

A la presidenta le gusta citar transgresiones por parte del gobierno militar, fuera del poder desde hace mucho tiempo, para convertirse en la defensora de los derechos humanos. Sin embargo, aunque encarceló a muchos miembros de las fuerzas armadas, no ha llevado a un solo Montonero ante la justicia. Al contrario, varios de los ex terroristas han ocupado puestos en su gabinete.

Ahora usa el mismo juego para intentar aplastar la libertad de prensa. O como dice Carrió, para comenzar la “fase dictatorial”. La publicación en La Nación de la declaración de Isidoro Graiver muestra que la prensa no se da por vencida sin pelear.

 

Fuente: The Wall Street Journal

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