Hijos y Nietos de Presos Políticos de Argentina frente a Tribunales

 

La otra carta que se leyó:

Señores jueces…

Señores jueces:

1 Venimos a pedirles  que cumplan con su  alta tarea de impartir Justicia, tal como  se los impone la Constitución Nacional y el juramento que prestaron al asumir sus funciones, ante la Patria y ante Dios, fuente de toda razón y justicia

Somos esposas, hijos, nietos y amigos de quienes hoy ustedes han privado de su libertad a través de  pseudos procesos judiciales, plagados de las aberraciones jurídicas jamás imaginadas en un Estado de Derecho.

Venimos a denunciar tanta herejía jurídica y a exigirles que, como titulares de uno de los tres poderes del Estado, pongan freno a esta persecución.

2- a- Existen en el país mas de 1000 presos políticos, privados de todas las garantías constitucionales, a los que se siguen sumando permanentemente nuevos detenidos,  sometidos a vergonzosos procesos judiciales colmados de arbitrarias resoluciones donde se pretende investigar hechos ocurridos hace más de 30 años.

Los principios que por siglos constituyeron las bases de un Estado de Derecho,  límites irrenunciables al poder punitivo del Estado, reconocidos por las constituciones de los países civilizados  y los mismos tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional, han sido objeto de renuncia conciente por la CSJN en los fallos “Simón”,  “Arancibia Clavel” y “Mazzeo”, detrás de los que, invocando la defensa de los derechos humanos, en definitiva aparece una suerte de derecho penal del enemigo.

b- Ilegalmente se mantienen en detención en unidades carcelarias a personas de elevado promedio de edad o con graves afectaciones de su salud, a las que se les niega el derecho de permanecer en libertad durante el proceso, como también el derecho de acceder a  la prisión domiciliaria pese a cumplirse con todos los requisitos que exige la ley.

La Cámara Nacional de Casación dictó el plenario “Díaz Bessone” el que, salvo algunos magistrados, ni siquiera es acatado por los propios jueces que lo suscribieron, incumpliendo no sólo con su propia doctrina sino con la ley que impone su aplicación obligatoria.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia revocó excarcelaciones con sustento en argumentos que dejan en evidencia la arbitrariedad con se pronuncian en estos procesos. No sólo es la primera vez que el Alto Tribunal revisa decisiones mediante las que se ha excarcelado, sino que además las revoca con fundamentos de una liviandad supina.

Esa arbitrariedad se evidencia también en tanto  la Corte Suprema de Justicia no sólo no ha hecho lugar a un solo recurso de las defensas, sino que los ha rechazado sistemáticamente con un rigorismo formal que denota una innegable denegatoria de justicia.

Lamentablemente, los integrantes del Poder Judicial, salvo honrosas excepciones, se han arrodillado, han claudicado, han renunciado a su deber de impartir justicia. Frente a todo esto, un pueblo adormecido, casi indiferente o ignorante de esta situación, aturdido y envuelto en los problemas cotidianos,  convertido en simple espectador,  parece desconocer que este despotismo jurídico, nos alcanza a todos. Es indispensable  el reestablecimiento de Estado de Derecho.

4– Hace pocos días atrás, se homenajeó a los fiscales y magistrados que integraron la Cámara Federal de la Capital Federal que condenó a los Comandantes en la conocida causa 13/84. En esa sentencia se reconoció lo que hoy se niega: que hace más de tres décadas nuestras Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, en pos del pueblo Argentino, enfrentaron el accionar armado de la guerrilla, por orden de un gobierno constitucional,  y esa defensa  continuó cuando las Fuerzas Armadas asumieron el poder, con el reclamo y apoyo de ciudadanos civiles y políticos que desbordados reconocían entonces su imposibilidad para enfrentar el caos en el que nos veíamos inmersos.

Muchos argentinos dejaron su vida, unos por  obra de las fuerzas guerrilleras marxistas, otros por la acción de quienes salieron en defensa de la Nación. Hoy a casi 35 años de aquella historia de violencia se siguen sumando muertos. Ya han fallecido mas de un centenar de presos políticos y en ustedes recae la responsabilidad de esas muertes.

Estas cruces son el símbolo de ello. ¿Hasta cuándo señores jueces van a permitir que las heridas se sigan abriendo?

En la década del 80, por disposición del entonces presidente, Dr. Alfonsin, se iniciaron procesos judiciales los que, con la finalidad de pacificar el país, se cerraron con la sanción de las leyes  23.521 y 23.492 denominadas de obediencia debida y punto final. Leyes en  cuya creación  participaron los tres poderes del Estado. Así,  fueron sancionadas por el Poder Legislativo, promulgadas por el Poder Ejecutivo y declarada su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados fallos que hoy se desconocen.

Veinte años después, el Poder Ejecutivo impulsó su nulidad, el mismo Poder Legislativo que las sancionó -mediante una nueva ley, nº 25.779, de innegable invalidez  constitucional-, las declaró nulas; del mismo modo obró el máximo Tribunal de

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