Exposicion del Dr Alberto Solanet en el Club del Progreso – 23 Mar 2011

Amigos:

 

Seguramente mañana 24 de marzo, el gobierno desplegará toda su artificiosa liturgia para celebrar el “Día de la Memoria la Verdad y la Justicia” La institución de ese feriado y su denominación muestra una visión sesgada, parcial y engañosa de la historia. Si de memoria y verdad se trata, resulta inconcebible que el 24 de marzo de 1976 no sea considerado como la consecuencia de una profunda y caótica crisis que estaba caracterizada por la degradación, el vacío de poder, la corrupción y una guerra ya desatada contra un terrorismo apabullante. Así fue visto en aquel entonces por la mayor parte de los argentinos.

 

Como siempre la fiesta abundará en la exaltación de los derechos humanos a través de genuinos interpretes de una concepción groseramente restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial de universalidad que debe caracterizarlos. Es una concepción viciosa, para no andar con eufemismos, que hoy, para una parte importante de los argentinos, sustituye a la legalidad. Ya no rigen  ni las garantías constitucionales ni el Código Penal para aquellos que han sido fulminados por la acusación de haber cometido delitos de “lesa humanidad.

 

.Las bandas terroristas que asolaron a la República durante las décadas del ’60 al ’80 tenían como objetivo reiterada y públicamente declarado, tomar el poder por la violencia en el país, para luego implantar un sistema  marxista-leninista, como en Cuba, cuyo gobierno brindó apoyo, asilo, entrenamiento y medios a los subversivos que tomaron las armas contra la Nación para lograr aquel empeño.

En su accionar no trepidaron en asesinar, robar, secuestrar, extorsionar, y cometer toda clase de atentados violentos, no solo contra los integrantes de las FFAA y FFSS y sus guarniciones, sino también contra civiles inocentes, políticos, empresarios, y sindicalistas

El conflicto se acentuó en la década del 70, y lamentablemente, al restablecerse en 1973 el régimen constitucional, las tres  primeras medidas del Congreso y del Poder Ejecutivo  fueron disolver la Cámara Federal en lo Penal con competencia para juzgar a los imputados de hechos terroristas, derogar la legislación penal que sancionaba tales conductas, y liberar indiscriminadamente a todos los imputados, procesados y legítimamente condenados por actos terroristas. Presos que habían sido juzgados con todas las garantías del debido proceso, que inmediatamente retomaron sus actividades criminales.

 

En esta actitud irresponsable participaron, no solo los ideólogos de la subversión, que se encaramaron en el gobierno títere de Campora, sino también,  el Congreso en pleno, que por aclamación sancionó la amnistía y la disolución de la Cámara Federal. En descargo se adujo que los presos ya estaban libres. Vaya justificativo. Ni siquiera se apeló a la postura testimonial. Indudablemente esa dirigencia no estuvo a la altura de las circunstancias.

 

La guerra adquirió una intensidad sin precedentes. Diariamente ocurrían los más espantosos homicidios, secuestros, usurpaciones, asaltos a guarniciones militares y otros gravísimos delitos. Un verdadero baño de sangre.

 

A partir de decretos dictados por  Isabel Perón e Italo Luder, ante una situación caótica que desbordaba a las instituciones policiales, en 1975 se ordenó a las fuerzas armadas que aniquilaran el accionar terrorista.

 

La guerra prosiguió con su secuela de excesos, hasta que finalmente la embestida guerrillera quedó bajo control, con muy aislados brotes de violencia.

 

Al asumir las autoridades constitucionales el 10 de diciembre de 1983, resolvieron enjuiciar a los Comandantes en Jefe, sustanciándose un proceso ante el Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas y, simultáneamente, dispusieron denunciar a los dirigentes  de la guerrilla en actuaciones que tuvieron limitada proyección. En cambio, los tribunales federales, después de abocarse al conocimiento de los procesos castrenses, vulnerando la garantía del juez natural, avanzaron hacia toda la línea de mando de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, sin excluir a quienes ostentaban las jerarquías más modestas como oficiales o suboficiales.

 

A partir de 1987 surgieron levantamientos militares que finalmente fueron superados a través de las leyes de punto final y obediencia debida. También los imputados de hechos subversivos fueron incluidos por el Congreso entre los beneficiados con la extinción de las acciones penales. Finalmente, en 1989 y 1990, se dictaron amplios decretos de indulto para todos los que participaron en la guerra.

 

Ante el estupor de muchos que consideraban superado el conflicto, e impulsada por motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación  resurgió, y, con auspicio del presidente Kirchner, se forjó  una visión asimétrica y unilateral del último medio siglo, según la cual los militares e integrantes de las fuerzas de seguridad fueron malvados asesinos que persiguieron a jóvenes idealistas que sólo querían procurar el bien de las clases mas humildes. Se ha predicado a tiempo y a destiempo, el odio y el resentimiento contra un solo sector  de la contienda, como si la guerra se hubiera desatado sin que nadie la hubiere provocado. Se fue acentuando el hostigamiento contra militares y fuerzas de seguridad cuyo objetivo es privarlos de su libertad a cualquier precio. Falsa visión de los hechos que se impuso como verdad incontrovertible en el desarrollo de los múltiples procesos judiciales y que ha hecho olvidar que el exterminio del terrorismo había sido ordenado por el propio gobierno constitucional del general Perón y  clamado por todo el espectro político de los años setenta.

 

Los agresores de la sociedad civil ahora son apañados y se los destaca como personalidades ejemplares y hasta se les paga abultadas indemnizaciones, además de ocupar altos cargos en el Gobierno. Tamaña tropelía está descripta en detalle en el libro “Operación Primicia”. Los familiares de los conscriptos que defendieron el cuartel de Formosa y dieron su vida por la patria, reciben una magra suma de $800, mientras los familiares de los terroristas atacantes, muertos por las fuerzas del orden, recibieron sumas que van entre los “$200.000 y $600.0000,  considerándoselos “desaparecidos” y en carácter de tales figuran en las lápidas construidas al efecto.

 

 

 

Como afirmara Abel Posse “después de los juicios a las juntas militares y de tantas condenas, los que ejercieron la violencia por orden del Estado carecen de toda esperanza legal, mientras que los violentos del otro sector, con sus miles de atentados, reciben un trato inaceptable en cualquier sociedad civilizada “.

 

A instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso resolvió anular los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema y las leyes de obediencia debida y punto final que habían extinguido las acciones  penales, leyes de amnistía que habían sido declaradas constitucionales por el mismo alto Tribunal. Luego, la propia Corte Suprema a través de los fallos a los que me referiré mas adelante, obedeciendo órdenes del Poder Ejecutivo, posibilitó la reapertura de los procesos, vulnerando la garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno, desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los procesados, negando la detención domiciliaria a quienes en derecho les correspondía, excediendo en muchos años los límites impuestos a la prisión preventiva por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su ley reglamentaria, y ejecutando un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional.  El recordado Alfredo Vítolo, tan asiduo concurrente a esta casa dijo: “ Justicia si venganza no”

 

De esta forma cientos de militares con destacados servicios y carreras impecables,  luego de haber permanecido sin objeciones en sus respectivas fuerzas, ascendidos a jerarquías superiores en plena democracia, algunos de ellos condecorados por el Congreso como héroes en la guerra de Malvinas, comenzaron a ser imputados por la justicia por hechos ocurridos casi treinta años atrás, detenidos y sometidos a un largo encarcelamiento sin pena ni juicio. El mismo Estado que durante un gobierno constitucional les encomendó aniquilar las fuerzas irregulares que sumieron al país en la violencia de una guerra revolucionaria, el mismo Estado que dictó las leyes que significaron tres amnistías sucesivas, el mismo estado que revisó prolijamente sus casos y luego los mantuvo en actividad durante mas de quince años sin cuestionamiento alguno, ese mismo Estado modificó radicalmente su postura e instaló una persecución implacable e ilegal.

 

Félix Luna calificó esta circunstancia como “el regreso al pasado mas sombrío, este intento de reabrir el juzgamiento de las causas militares, negando los efectos jurídicos de la amnistía otorgada por el Congreso en 1987”, y afirmó “que, además de confundido me siento triste. Parece que somos incapaces de resolver un problema que naciones que sufrieron guerras feroces –civiles y externas- supieron cerrar honorablemente. De lo único que estoy seguro es de que alguna vez y para siempre habrá que cerrar la caja de Pandora”

 

Para enfrentar este verdadero esperpento jurídico, resolvimos unirnos y fundar la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, habiendo obtenido la personería jurídica a mediados del año pasado, luego de cumplir el año desde la firma del acta fundacional. Fuimos doscientos en ese entonces y hoy llegamos casi a los cuatrocientos abogados, más los adherentes que participan de idénticos ideales. Ponemos de relieve que se ha incorporado un grupo de prestigiosos médicos, quienes están monitoreando el estado de salud de los mil presos políticos, encerrados en distintas cárceles del país.

 

La cuestión no es ya meramente jurídica sino de naturaleza moral. No es el horror de la guerra lo que está bajo examen sino la opción sistemática por alternativas que, transcurridos casi cuarenta años desde que comenzara la etapa más violenta de la  contienda,  alientan el odio y la desintegración social, empujando a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles. Son ya  mil los presos políticos y el número crece de modo inquietante. Digo bien, se trata de presos políticos, pues su procesamiento y encierro obedece a una decisión política, absolutamente infundada en ningún presupuesto legal. Están presos por haber cumplido con su deber, por haber peleado en defensa de la Nación. Que democracia y que república se puede construir sobre esta realidad aciaga. En definitiva no estamos en tiempos de paz, de la paz verdadera, que como decía San Agustín, es “la tranquilidad en el orden”, y en nuestra patria no hay orden.

 

Nació nuestra agrupación en torno a la visita a las cárceles, para encontrarnos con los presos, recoger sus inquietudes, levantarles el ánimo, aunque en este punto por lo general ocurre lo contrario, ellos son los que nos transmiten entusiasmo y coraje para seguir en nuestro empeño. Sienten que su injusto encierro es un acto más de servicio. Una de las peores sensaciones, es asumir que las respectivas fuerzas a las que pertenecen, institucionalmente les soltaron la mano, dejándolos a merced del enemigo.  Luego de cada visita, uno sale edificado por el testimonio de valor y patriotismo que nos contagian.

 

No hemos faltado una sola semana a las visitas a las distintas cárceles, Marcos Paz, Ezeiza, Campo de Mayo y Villa Devoto. Nuestra actividad, en el primer año de vida, ha crecido en forma constante. Hemos denunciado en distintos foros  esta realidad, frente a la sociedad, indiferente y adormecida, sometida desde hace años a una venenosa  e implacable campaña de adoctrinamiento sesgado, que ha logrado destruir a las fuerzas armadas, sin discernimiento alguno. La sociedad en general, la dirigencia política y empresaria dan vuelta la cara ante esta ominosa realidad. No es políticamente correcto hablar del asunto. Años atrás, observamos con estupor, que, al mejor estilo Estalinista, cerraron un siniestro acuerdo, la Sra.de Carlotto y el Ministerio de Educación, para la edición de libros de lectura, para distribuir en todas las escuelas del país, de cuyo contenido y orientación huelgan comentarios. Últimamente, se ha sumado, en acuerdo con el mismo Ministerio, un libro destinado a exaltar la figura del Che Guevara, a quien se lo presenta como una especie de “Robin Hood”. Esta ponzoña, que envenena el alma de nuestros niños, desde su más tierna infancia, no ha merecido, que yo sepa, salvo contadas excepciones,  la más mínima condena.

 

La situación es hoy extremadamente grave porque, contrariamente a lo resuelto por la Cámara Federal cuando juzgó a los Comandantes, en el sentido de que la defensa de la sociedad agredida había sido monopolizada por las fuerzas militarizadas, sin participación de los funcionarios que cumplían actividades civiles, ahora se ha extendido a estos sectores la responsabilidad por las extralimitaciones cometidas en el curso de la guerra, haciendo tabla rasa con principios elementales del Derecho Constitucional y del Derecho Penal que distinguen desde hace años a los países civilizados. Al convalidar la detención del ex Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Jaime Smart,  la cámara del distrito  ha llegado al extremo de sostener que la sola circunstancia de haber aceptado y desempeñado tal cargo, es suficiente para involucrarlo en la ejecución de hechos en los que no tuvo ni pudo tener participación alguna. Con esta nueva línea jurisprudencial la revancha ya no tiene límites.

 

Rechazaríamos, también por razones morales, que se cometan las mismas aberraciones jurídicas con quienes ayer agredieron  a la Nación y hoy gozan de los favores  oficiales y desempeñan altísimos cargo en los tres poderes del Estado Nacional. Las acciones penales contra todos los contendientes están irreversiblemente extinguidas y así deberán declararlo en algún momento los jueces, si la Justicia es finalmente restablecida. Porque, como lo ha declarado la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en su dictamen del 25 de agosto de 2005, descalificando  la línea jurisprudencial iniciada  a partir del año 2004, “los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, no sólo están en el texto de la Constitución Nacional, sino en su espíritu y, más aún, constituyen la esencia del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que no han sido modificados por las etapas posteriores del constitucionalismo, que tienen varios siglos de vigencia y que nunca han sido cuestionados”.

 

Los propios jueces que condenaron a las Juntas han manifestado su desacuerdo con este enfadoso desvío de la justicia. Así se expresaron en el reportaje publicado en el suplemento “Enfoques” de La Nación del 15 de agosto de 2010, el Dr. Strassera:”este gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los derechos humanos; A su vez el Dr. Ledesma: “Nosotros en 1985, no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes, y mas adelante agrega “yo creo que si se admite la imprescriptibilidad, que acabo de decir que viola el principio de legalidad , también debían ser juzgados hoy en día los líderes de la subversión” y finaliza afirmando que “ creo que el principio de legalidad no puede ser derogado por nada porque es uno de los logros mas importantes de la civilización El Dr. Torlasco por su parte dijo: “ Aquí en este momento se están juzgando hechos que normalmente hubieran estado prescriptos de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución,. Se está juzgando por la aplicación retroactiva la convención sobre imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad” Finalmente el Dr. Moreno Ocampo, opinó “Yo creo que la objeción de Ledesma de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicios, no se pueden utilizar para la prescripción, es válida. Aquí hay un problema grave de prescripción

 

Urge volver al cauce de la Constitución histórica, recurriendo incluso a los remedios que están en su texto y que ninguna convención internacional ha abolido, que permitirían afianzar la paz interior y superar las secuelas más dolorosas de nuestra guerra. Sobre el punto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos autorizan la amnistía y el indulto “en todos los casos”,  incluso  “para los delitos más graves”.

 

La Convención Reformadora de 1994,  en la misma sesión plenaria que aprobó la redacción del actual artículo 75 inciso 22 y otorgó jerarquía constitucional a varios convenios internacionales, rechazó la pretensión de que los delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles y no susceptibles de amnistía, indulto o conmutación. ¿Cómo es posible que ahora se reclame que los jueces juzguen y condenen  rápidamente a quienes ya han sido amnistiados o indultados por delitos que, además, se encuentran prescriptos?

 

Todo esto configura un verdadero desvarío jurídico que incrementa el rencor y el resentimiento, y, como dijo Recondo, ex -presidente de la Asociación de Magistrados, “el desapego a la ley en defensa de intereses facciosos. ha tocado fondo en la argentina” Es evidente que no median obstáculos jurídicos genuinos que impidan recurrir a medidas pacificadoras, como lo hicieron los pueblos sabios,  en Europa y  América, para aplacar los odios engendrados por los enfrentamientos pasados. En la segunda guerra mundial murieron 40.millones de personas, en Nuremberg fueron condenados 38 y luego de 20 años quedó un solo preso en Dachau.

 

En mayo pasado, en un acto que organizamos en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, en conmemoración del asesinato del Juez Quiroga, leímos a vos en cuello, una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia, suscripta por mas de 180 abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que días mas tarde fue publicada en el diario La Nación, mediante una solicitada de casi una página.

 

Entre otros conceptos  manifestábamos que nos inquietaba la instauración, a través de fallos dictados por ese Tribunal, a partir del año 2003,  de una  suerte de derecho de dos velocidades, donde las garantías básicas contenidas en la constitución, que ese mismo cuerpo proclamó hace ciento veintitrés años,  valen para unos y resultan absolutamente ineficaces para otros.  A través de los precedentes  “Arancibia Clavel”, “Lariz Iriondo”, “Simón” y “Mazzeo”, a los militares y fuerzas de seguridad, se les han negado derechos y principios que rigen desde siempre para todos los ciudadanos. Entre otros, decíamos,  se ha desconocido el principio de legalidad,   siendo estos ciudadanos juzgados por delitos llamados de “lesa humanidad” que no existían como tales al momento de los hechos, y que  todavía no han recibido tratamiento legislativo para que se los defina como a todo delito, evitando así el caos interpretativo que impera actualmente, y su consecuente utilización con fines políticos contra adversarios del poder de turno. Hoy podemos afirmar, con inmensa preocupación, que respecto de un importante sector de la ciudadanía, la legalidad y el derecho, han sido sustituidos por un esquema ambiguo y difuso denominado “política de derechos humanos”.

 

Solo a los militares y fuerzas de seguridad no se les aplica “el plazo razonable” para su juzgamiento consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica, y se les agravan las condiciones de encierro, manteniendo prisiones preventivas por tiempo indefinido y  a personas que superan los setenta años, edad en que los jueces deben conceder la prisión domiciliaria. Las cárceles no deben ser instrumentos de tortura y no están  preparadas para recibir ancianos ni enfermos. Ello ha generado más de 120 muertos en cautiverio. El P. Castellani decía que la corrupción de la justicia legal es el mal más grande que puede caer sobre una Nación.

 

Como consecuencia de este insoportable desvío de la administración de justicia, sustentada en el odio y la venganza, nos encontramos con mil presos políticos. Son presos políticos por cuanto su persecución y encierro obedece a una voluntad política, con la necesaria complicidad de los legisladores que anularon las leyes mencionadas, haciendo tabla rasa con un principio elemental: el Congreso no puede anular las leyes, sino, en todo caso, derogarlas para el futuro. Sin duda, lo más grave ha sido la disposición de la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que terminó avalando esas nulidades..

 

Señores nosotros no nos agrupamos para reivindicar el llamado proceso. Sin embargo somos concientes que en los años setenta hubo una guerra, y que la subversión marxista agresora, fue derrotada en el terreno de las armas, por esas Fuerzas Armadas que combatieron en defensa de la Nación. Cambió el campo de batalla de la antigua guerra sucia de los años setenta entre terroristas que atacaban y militares que defendían. Ha sido ahora reanudada, después de años de olvido y de tranquilidad, en este nuevo campo de acción: el ámbito judicial, a través de juicios plagados de irregularidades y arbitrariedades contra los imputados.

 

Somos concientes que se cometieron torpezas en medio de la guerra. Pero somos igualmente concientes, que hoy, en tiempos de paz, tanto el poder político,  en el que muchos de los terroristas de entonces se han encaramado, y los jueces prevaricadores que le son funcionales, llevan adelante este plan perverso de odio y de venganza, que, además demolió las fuerzas armadas y de seguridad, dejando, hoy, a la Nación absolutamente indefensa ante la región y el mundo.

 

Parece evidente que el propósito es que se mueran en la cárcel. Estas no están preparadas para el encierro de personas que superen los cuarenta y cinco años de edad promedio, y los presos políticos superan fácilmente los sesenta o sesenta y cinco años, muchos arriba de ochenta . Hemos podido ver casos emblemáticos, como el que se publicó en todos los diarios, por lo que resulta inocultable, me refiero a Martínez de Hoz. Los médicos legistas, funcionales al ensañamiento del Juez, estuvieron al asecho, para ubicar el instante que consideraren propicio, para mandarlo a la cárcel. Otro como el General Vertplaetsen, que fue encerrado en Marcos Paz padeciendo un acelerado proceso de Alzheimer, y fue menester llevarlo a la audiencia oral en ambulancia. Así podría comentar otros, como el caso del Comisario Patti, cuyo estado actual es de suma gravedad, o el ocurrido el mes pasado con el Cabo Marcelo Barberis, a quien, encontrándose aun convaleciente de tres by pas, se le revocó la prisión domiciliaria yendo a parar nuevamente a Marcos Paz. Es indudable que los quieren ver muertos. Las normas del debido proceso no existen para esta justicia prevaricadora.

Muchos jueces que tramitan este tipo de procesos han enviado a prisión a personas, sabiendo o debiendo saber que, por su edad o estado de salud, no estaban en condiciones de sobrevivir en un establecimiento carcelario. Estas personas son mantenidas en prisión durante largos períodos, o se les ha revocado la detención domiciliaria que tenían, pese a sufrir discapacidades  agudas. Por ello esos Jueces son los responsables de los muertos en cautiverio. A partir de estos y otros hechos similares , a fin de año, nuestra asociación interpuso una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, haciendo hincapié en la situación aberrante de discriminación e ilegalidad , imputando a los Jueces involucrados “por delitos que podrían ir desde el homicidio, tentativa de homicidio, lesiones, abandono de personas, tormentos, sevicias, prevaricato, incumplimiento de los deberes del funcionario público, denegación y retardo de justicia, hasta la violación del cuidado de sus presos conforme la manda del artículo 18 de la Constitución Nacional (Arbs. 79, 92, 106, 144 bis Inc. 1°, 248, 269 y 273 del Código Penal)”.

Estos hechos, que se verifican exclusivamente en casos de juzgamiento de delitos llamados de “lesa humanidad”, son contrarios a una tradición judicial de decoro y respeto de los derechos humanos en los procesos penales. Significan la lamentable trasgresión de diversas normas protectoras de la dignidad humana de alcance constitucional, que la Argentina se ha obligado a garantizar para todos sus ciudadanos. Estos jueces deberán responder por la responsabilidad que les cabe.

Entre otras actividades, hemos asistido a las audiencias celebradas en los distintos procesos, y podemos señalar que en muchos casos se parecen mas a un circo romano que a una instancia judicial. Muchas veces con la asistencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y patotas de cuantos grupos de izquierda andan por ahí. Este es el clima y el ambiente que han creado los propios jueces, para instalar en la sociedad la sensación de que está el propio demonio en el banquillo de los acusados. No puedo pasar por alto lo ocurrido en Córdoba, en la causa que se le sigue, entre otros, a los generales Videla y Menéndez. En la audiencia se hicieron presentes el Secretario de Derechos Humanos y  ex terrorista, Eduardo Luis Duhalde acompañado de Baltasar Garzón, recientemente separado de la justicia española por prevaricador y coimero, quienes se permitieron hacer declaraciones acerca del proceso judicial, en un desenfadado propósito de presionar a los jueces. Es importante que estos tomen conciencia que hay cuatrocientos abogados que los estamos mirando

 

.Hemos denunciado, y no nos cansaremos de hacerlo, que el avasallamiento de los principios más básicos del derecho, empezando por el principio de legalidad, origina que  cualquier ciudadano argentino esté  en libertad condicional, sujeto al capricho del poder político. Esto no es una presunción retórica. Hemos visto como, desde la Presidencia de la República, se impulsó el procesamiento y encarcelamiento de conocidos empresarios, vinculados a los medios mas importantes de la prensa escrita, a quienes considera hostiles a los fines del Gobierno, acusándolos de absurdos delitos de “lesa humanidad”. Días pasados, atónitos, fuimos testigos de una verdadera operación política, pergeñada desde la Casa Rosada, mediante la cual, uno de los jueces más ostensiblemente corruptos de la actualidad, abusando de las fuerzas policiales, encarceló al dirigente sindical Venegas. Les decimos a quienes hasta ahora se han mantenido indiferentes ante esta lacerante realidad, que pueden ir por ellos y por sus bienes. La persecución no tiene límites.

 

Ayer el Canciller, en uno de sus reiterados excesos, agredió al diario La Nación y a todos sus directivos, por la nota publicada con mi firma. Con singular desparpajo arremetió contra Jaime Smart, Martinez de Hoz, la Sra. de Noble y sus hijos y dijo que la “justicia argentina debiera condenar a los civiles que fueron cómplices de la dictadura militar”. Tiempo atrás, ante el periodista Mariano Grondona, sostuvo que él no se reconciliará jamás con quienes fueron responsables y personeros de la así llamada “dictadura militar”. También destacó “que no necesitaba de ninguna reconciliación y que esto no alteraba en nada su paz”. Además de la gravedad institucional que significan ambas declaraciones, este personaje estaría instigando peligrosamente a una guerra civil entre los argentinos.

 

 

En agosto del año pasado, en una elocuentísima demostración de la decadencia que vivimos, el presidente de la Corte, Dr. Lorenzetti, acompañado de varios Ministros y políticos, absolvió posiciones ante las madres y abuelas de plaza de mayo, y por supuesto, frente al prevaricador Garzón, quien tuvo la osadía de visitarnos, para fiscalizar la conducta de estos jueces serviles y prevaricadores como él. En esta oportunidad y ante semejante auditorio,  el Presidente del máximo Tribunal de la Republica, declaró que “no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos”, y agregó que el avance de estas causas no solo es el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes, y en especial, enfatizó, del poder judicial. Continuó manifestando que “el avance de los juicios por derechos humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado, y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular las leyes de punto final y de obediencia debida como la de la propia Corte de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Como broche de oro, dijo que habían creado una comisión ínter poderes para llevar adelante esa política de “Derechos Humanos”  como una política de estado. Para colmo, en  oportunidad de inaugurar el año judicial volvió a machacar sobre lo mismo.

 

Señores, me extendí en estas manifestaciones del Presidente de la Corte, por cuanto considero que son de una gravedad extrema. Anticipa que se acabó la república por cuanto hace tabla rasa con la división de poderes, comete un grosero prejuzgamiento, reitera el gigantesco prevaricato en el que incurrió la Corte, evidencia que se ha operado la sustitución del Código Penal, por una difusa política de “derechos humanos” y, al declarar que esta injusta política es una política de Estado, está descartando la posibilidad de la reconciliación de los argentinos, El desprecio por los grandes principios del derecho y  el abandono de la legalidad significan la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo.

 

En un momento, como dije al principio, pareció que las secuelas de la terrible guerra de los años setenta habían sido superadas. Todas las causas que se imputan a quienes hoy están perseguidos o presos, por los hechos de esa guerra, lo mismo que los crímenes cometidos por los subversivos que hoy no están ni perseguidos ni presos, están incuestionablemente prescriptas. Por ello los primeros están ilegalmente presos y estos últimos, legalmente libres.

 

La guerra que se ganó en el campo militar, se viene perdiendo en el campo cultural, en manos del enemigo. Sus mentores tienen despacho cercano al gobierno, que hasta ahora es su astuto brazo ejecutor. Veremos que ocurre de aquí en más. Salvo honrosas excepciones, tanto el poder judicial, como el legislativo le han sido funcionales y por ello hoy se vive en la argentina este clima de odio, venganza y degradación. Definitivamente no hay paz en nuestra patria.

 

Hemos visto con pesadumbre, como en los días de llanto y luto por la muerte de Kirchner, la hipocresía fue el lugar común de cierta dirigencia política que exaltaba su figura justamente, por su “política de derechos humanos”. También  el Jefe de Gobierno de la Ciudad, en un acto completamente descolgado, y en orden a sus denodados esfuerzos para aparecer como “progresista” otorgó la “Medalla del Bicentenario” a los integrantes del Tribunal que condenó a los miembros de las Juntas Militares. Evidentemente no tomó en cuenta que estos- como queda dicho- no están de acuerdo con esta aberrante persecución judicial. Desde luego que con estos comportamientos no se contribuye a la necesaria concordia que debiera alcanzarse entre los argentinos, sino conspira a favor de la persecución y violencia desatada desde el gobierno. Insisto no hay paz en la argentina.

 

Es común a casi toda la dirigencia política afirmar la necesidad de arribar a un acuerdo nacional. Parece indispensable  dar este paso, mediante el cual se convendrían políticas de estado, orientadas al bien común, cuya aplicación se proyecte en el tiempo, con independencia de los sucesivos gobiernos que se obligarían a respetarlas. Ahora bien, ese “Gran Acuerdo” debiera llevar, como premisa necesaria, la concreción de una amnistía general, que clausure definitivamente la situación de encono, de venganza, de persecución implacable y todas las secuelas de la guerra contra la subversión ocurrida en nuestro país hace más de treinta años.

 

La amnistía es un acto de recíproco olvido, quien la recibe debe devolverla y quien la da debe saber que él también la recibe. Marca un olvido, tanto de las injusticias pasadas y sufridas, como de someterlas al veredicto de la justicia presente o futura. Hasta aquí, salvo excepciones, parece no llegar nuestra dirigencia. En cuanto se pronuncia la palabra amnistía o concordia, algunos, no demoran en rasgarse las vestiduras, demostrando cuan alejados están de la racionalidad política y, seguramente,  del sentimiento de la inmensa mayoría de los argentinos. Está claro que ante esta actitud farisaica, hablar de amnistía no parece ser políticamente correcto, pues aunque se trate de una minoría la que no la acepta, hace falta convicciones, grandeza y coraje para sostener la necesidad de su vigencia, virtudes que deberían aflorar en el escenario político.

 

El respeto a la ley es el único camino civilizado para alcanzar la Justicia. Buscamos alertar a la sociedad argentina, en especial a nuestros dirigentes políticos, a la Iglesia y  a los jueces honestos e imparciales que aún quedan, sobre la urgente necesidad de reaccionar con la fuerza de la ley y el orden, contra la acción destructiva de esta revolución cultural que padecemos. Millones de argentinos  lo estamos esperando. Debemos empeñarnos para que se restablezca un orden justo, soporte indispensable de la paz y la concordia.

 

Que Dios nos ayude.

 

Alberto Solanet

 

Club del Progreso, marzo 23 de 2011

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