Debate sobre pruebas

Debido proceso

Los delitos de lesa humanidad deben ser probados

http://www.lanacion.com.ar/1548408-los-delitos-de-lesa-humanidad-deben-ser-probados

Esta nota publicada en el diario La Nación el jueves 24 de
enero del 2013 y dio lugar a un fuerte debate iniciado por el
Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal
Javier Augusto De Luca que en una primera carta pidió
pruebas.

Y se las dimos…

Nosotros, jueces, abogados, y hasta algún preso político en
primera persona. Obviamente podemos presentarle toda la
documentación pertinente si nos da una audiencia…

25-01-2013
LESA HUMANIDAD

Del artículo del embajador Cárdenas
sobre el peso de la prueba de la autoría en los delitos de lesa
humanidad en los juicios de Nuremberg se desprende una
velada identificación entre la postura atribuida al fiscal soviético
en aquella oportunidad y el proceder de los fiscales y jueces
argentinos en los casos de lesa humanidad.

Sería interesante que expusiera con precisión algún caso en
el cual una persona hubiera sido acusada y condenada aquí
como responsable de delitos cometidos durante el terrorismo de
Estado sin pruebas de su aporte objetivo y subjetivo y más allá
de toda duda razonable. De lo contrario, su exposición infundada
desmerece el trabajo escrupuloso y apegado a la estricta
juridicidad de cientos de jueces y fiscales de todo el país.

Javier Augusto De Luca
Fiscal general ante la Cámara Federal
de Casación Penal

DNI 13.735.064

27-01-2013
Lesa humanidad

En su carta del 25 del actual, el fiscal Javier
Augusto De Luca afirma que “del artículo del embajador Cárdenas
sobre el peso de la prueba de la autoría en los delitos de lesa
humanidad en los juicios de Nuremberg se desprende una
velada identificación entre la postura atribuida al fiscal soviético
en aquella oportunidad y el proceder de los fiscales y jueces
argentinos en los casos de lesa humanidad”. Disconforme, pide
que se exponga “con precisión algún caso en el cual una persona
hubiera sido acusada y condenada aquí como responsable de
delitos cometidos durante el terrorismo de Estado sin pruebas de
su aporte objetivo y subjetivo y más allá de toda duda razonable”.

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
lleva años recorriendo tribunales y cárceles de todo el país,
recopilando documentación y entrevistando a presos políticos,
jueces y defensores. Esto permite a nuestra asociación –
integrada por más de 400 abogados independientes- mostrar,
con abrumadora precisión, la gran cantidad de casos de
acusaciones y condenas fundadas en suposiciones y/o en
testigos visiblemente mendaces.

De hecho, los juicios en los casos llamados “de lesa humanidad”
se vienen rigiendo por pautas totalmente distintas de las que se
aplican en todos los demás procesos y que se observaron en
la historia judicial argentina. Sólo se buscan y consideran los

testigos de interés comprometidos con la violencia de los 70;
jamás se ha admitido el aporte objetivo y subjetivo del imputado
y todo el escrúpulo del trabajo judicial se agota en el esfuerzo
por dictar duras condenas, para concretar de cualquier manera la
política que han puesto en práctica.

En consecuencia, convocamos formalmente por este medio al
fiscal De Luca a debatir pública y objetivamente el tema en un
ámbito apropiado, que permita hacerlo con respeto y serenidad.

Alberto Solanet
Presidente
Mariano Gradín
Secretario
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
justiciayconcordia@justiciayconcordia.org

PEDIDO POR UN HIJO

Mi esposo, coronel de la Nación, está preso
en la cárcel de Villa Urquiza, Tucumán, desde hace cinco meses,
siendo inocente. Estuvo excarcelado por los jueces y lo privaron
sorpresivamente y sin explicación de su libertad. Necesita en
forma urgente volver a su situación anterior por la salud física
y psíquica de su hijo Jorge Martín, de 38 años y con autismo
severo. Apelo a quien corresponda interceda para lograr tenga
una libertad vigilada, asistiendo al juicio que se lleva a cabo. Su
hijo, totalmente indefenso, lo necesita en forma permanente.

María Isabel Costilla Cátuli

DNI 12.733.835

29-01-2013

PRUEBAS

En la carta del 27 del actual de los abogados Solanet y
Gradín se me invita a debatir en público sobre el valor de las
pruebas de los juicios de lesa humanidad, ya que, según una
comprobación que habrían llevado a cabo unos 400 abogados
independientes, se estarían produciendo una gran cantidad de
acusaciones y condenas infundadas basadas en testimonios
mendaces. Al respecto, señalo que no se trata de debatir o no
debatir en público (lo hago todos los días en mis clases como
docente y en mis audiencias como fiscal), sino de que quien hace
una denuncia debe llevar las pruebas pertinentes a los ámbitos
correspondientes. La objeción que le dirigí al artículo del
embajador Cárdenas también les cabe a los abogados Solanet y
Gradín, ya que cuando un abogado realiza denuncias, éstas
deben ser serias, concretas y no generalizadas, como en el caso,
y si tantas son las pruebas que dicen tener, deberían haberlas
canalizado en los juicios o aportado para las respectivas
revisiones de condenas. Especialmente la versión de los
acusados, a la que los abogados citados dicen tener acceso,
puesto que en la gran mayoría de los casos aquéllos se han
negado a brindarla ante los jueces correspondientes o se han
limitado a realizar alegatos políticos, que no es lo que se juzga en
estos juicios. Nuestro interés no es condenar porque sí a las
personas, sino averiguar la verdad de lo sucedido. Por otra parte,
si su interés es discutir las teorías jurídicas aplicadas a cada caso
en concreto, existe abundante bibliografía jurídica que desde
hace años se estudia en todas las cátedras de derecho penal,
nacionales y extranjeras, que se dignan a enseñar el fenómeno
de manera leal y democrática.

Fiscal Javier Augusto De Luca
javieraugustodeluca@gmail.com

PRINCIPIOS

En su carta, el recientemente designado
general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Javier
Augusto De Luca, estimó interesante que Emilio J. Cárdenas
señale con precisión en cuál de los procesos seguidos en el país
por delitos de lesa humanidad no se aplicó la regla probatoria que
éste reclama aplicar en su artículo del 24 del actual. Estoy seguro
de que el señor embajador tuvo en mente al escribir ese lúcido
artículo el fallo de la Corte Penal Internacional del 18 de
diciembre de 2012, en el que, absolviendo a Mathieu Ngudjolo de
la acusación por hechos aberrantes cometidos en el Bagoro,
Congo, entre enero y marzo de 2003, afirmó que imputaciones de
esa naturaleza deben asentarse en pruebas del conocimiento
pleno de la existencia de los hechos imputados por parte del
acusado y que la conducta de éste estuvo intencionalmente
guiada a la comisión de aquéllos, que despejen toda duda
razonable al respecto; porque ello forma parte de la garantía del
debido proceso propio del Estado de Derecho. Por ello estimo
que es al novel fiscal general a quien corresponde informarse
debidamente y luego señalar, con estricto apego al derecho
aplicable, cuál de las condenas impuestas por presuntos delitos
de lesa humanidad reposa sobre pruebas que despejaron toda
duda razonable de la culpabilidad del condenado; y cuál de ellas
respetó los principios liminares del derecho penal moderno
contenidos en la Constitución nacional y en los tratados y
convenciones ratificados por la República, como lo son: la
inviolabilidad de la defensa en juicio, integrado por el principio de
ley previa y su corolario, la irretroactividad de la ley penal más
gravosa; el principio de inocencia y sus corolarios, juicio previo y
el derecho a permanecer en libertad durante el proceso; el
principio del juez natural; la cosa juzgada y su corolario, el non
bis in idem; el plazo razonable de juzgamiento, y numerosas otras
tutelas del derecho internacional de los DD.HH. Y, además, que
señale uno de los procesos actualmente en trámite en el que se
respeten esos principios.

Norberto A. Giletta

Ex juez federal en lo criminal y
correccional

DNI 4.298.214

UN CASO

Respondiendo al fiscal De Luca, preciso el caso de
una persona condenada sin pruebas objetivas ni subjetivas.
Desde Hijos y Nietos de Presos Políticos damos fe de que éste
es sólo un ejemplo de muchos y quedamos a su disposición para
presentarle la información correspondiente.

A mi padre, que tenía 24 años en 1976, más del 80% de los
testigos dijo no saber quién era. De los que dijeron conocerlo
hubo quienes no lo habían nombrado en sus declaraciones en los
80, pero luego de su detención en 2006 empezaron a recordarlo.

Así como hubo quien lo denunció hablando de fechas en las que
ya no estaba destinado en ese lugar. Quienes sí lo reconocieron
sin contradicciones, dijeron que los había detenido presentándose
con nombre y grado, labrando actas con testigos, informándoles
dónde quedaban detenidos y tratándolos con suma amabilidad.
Pese a esto, lo condenaron a cadena perpetua, peor pena que
a sus generales en el juicio a las juntas. Y fue el presidente
del tribunal, Dr. Roberto Burad, quien nos confesó: “Esto es
político, quizás la salida sea política”, echando por tierra cualquier
esperanza de tontos.

Aníbal Guevara Bianchi

DNI 30.449.903

30-01-2013

LA ÚNICA PRUEBA

En su carta del día 25, el fiscal Dr. Javier
Augusto De Luca se refirió a la columna del Dr. Emilio Cárdenas,
invitándolo a exponer “algún caso” en que una persona hubiera
sido acusada y condenada como responsable de delitos
cometidos “durante el terrorismo de Estado sin pruebas de su
aporte objetivo y subjetivo y más allá de toda duda razonable”.
Como defensor del Dr. Jaime L. Smart, sometido a juicio ante el
Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, informo al señor fiscal que
la única prueba objetiva y subjetiva incorporada para demostrar la
supuesta intervención de aquél en los delitos de lesa humanidad
que se le imputaron fue el decreto por el cual se lo designó
ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en abril de
1976. Prueba que por supuesto no liberó el caso de “toda duda
razonable”, sino todo lo contrario. No obstante, Smart lleva casi
5 años de prisión, con reciente sentencia condenatoria a prisión
perpetua -que no se encuentra firme-. Esto demuestra que para
este tipo de juicios se aplican criterios especiales opuestos a
nuestro derecho, tal como lo sostuvo en una sentencia de la Corte
Suprema la ministra Dra. Carmen Argibay, de notable honestidad
intelectual, lo que le costó ahora ser objeto de ataque por la Sra.
Hebe de Bonafini.

Pongo a disposición del Dr. De Luca todos los elementos de
convicción demostrativos de lo expuesto.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

CONDENA

Ante el pedido efectuado por el Sr. fiscal
Javier Augusto De Luca en su carta del 25 de enero, en mi
carácter de abogado e hijo de quien ha sido acusado y llevado
a juicio (mayor Julio César Coronel) en el caso conocido como
ESMA, le hago saber que el alegato de esta defensa se sustentó
en el “peso de la prueba”, probando enfáticamente no tan sólo la
ausencia de elementos probatorios para la acusación y condena,
sino el aporte de vastos elementos de probanza de la inocencia.
Lo invito a verlo. Por otro lado, con el debido respeto, los fiscales,
como he señalado en el debate del juicio ESMA, deberían advertir
que su labor es la búsqueda de la verdad y si esa verdad resulta
atarse a la inocencia de estos militares y/o la falta de prueba
objetiva y/o un estado de duda, tiene la obligación de advertirlo
y no subjetivamente pedir condena por la condena misma. En el
caso que me ha ocupado, esto ha sucedido. El fiscal reconoció
los elementos que acreditaron la inocencia de mi defendido (mi
padre) y a pesar de ello solicitó la condena. Se ha llevado a
juicio y se han pretendido condenas no sólo con total falta de
pruebas de su aporte objetivo y subjetivo y más allá de toda duda
razonable, sino ausentándose de todas las garantías primarias
constitucionales. Esto lo he señalado en el debate de la ESMA
y ha sido probado. Contribuyendo a su pedido, le doy un caso
concreto de los tantos que seguramente existen.

Dr. Guillermo Felipe Coronel

DNI 23.984.361

ARRESTO DOMICILIARIO

Soy hija de un preso político detenido
por una causa de delitos de lesa humanidad, aún sin condena.
A mi padre, a los dos meses de estar privado de su libertad en
el Complejo Penitenciario Ezeiza I, en marzo de 2011, le fue
diagnosticado el mal de Parkinson, enfermedad degenerativa e
incurable, por lo cual a los nueve meses de dicho diagnóstico le
fue otorgado el arresto domiciliario. Ante la inminencia del juicio,
el Tribunal Oral Federal de Tucumán, sin mayores fundamentos
ni haciendo alusión a la violación de ninguna de las pautas
impuestas, el 31 de agosto del año pasado revocó la prisión
domiciliaria de mi padre -como la de muchos imputados más,
enfermos y mayores de 70 años- y fue nuevamente enviado a
una cárcel. Esa situación generó un agravamiento de su salud,
estado que, por las características de la enfermedad que padece,
es irreversible.

Quisiera entender qué juridicidad hay en esa medida o de qué
forma mi padre, en las condiciones en las que se encuentra,
podría afectar la realización del proceso si se le hubiera
mantenido el arresto domiciliario. Y de esa forma, además de
respetarse ese derecho, permitirle conservar su salud.

Nadia Moore

DNI 33.802.477

31-01-2013

JUICIOS

El fiscal De Luca, en su respuesta a la carta de esta
Asociación, ha elegido la fácil vía del sarcasmo para eludir la
invitación a debatir acerca de la parodia judicial que constituyen
los llamados juicios de lesa humanidad. Nos exhorta a denunciar
ante la Justicia las gravísimas violaciones a las reglas del debido
proceso que se cometen en esos procesos. En otras palabras,
sugiere llevar dichas aberraciones ante el mismo aparato
organizado de poder que las practica y que el fiscal De Luca
integra.

Los abogados estamos habituados a trabajar con el derecho y
también con los hechos. Pues bien, constituye un hecho cada
vez más evidente que estos juicios, llevados con gran aspaviento
como política de Estado, empezaron arrasando las garantías
más primarias y elementales de los acusados, como el principio

de legalidad y su corolario, la irretroactividad de la ley penal más
gravosa. Asimismo, llevándose por delante la presunción de
inocencia y la duda razonable, generalizaron formas selectivas
de prueba, calificando a los testigos según sirvieran o no a las
condenas resueltas de antemano.

Queremos pensar que el fiscal De Luca también enseña a sus
alumnos que esas aberraciones fueron también advertidas por
el juez Robert Dube, del Estado de Florida, lo que lo llevó a
desestimar la extradición de Roberto Guillermo Bravo. Como
también lo hizo la Audiencia Nacional de España en el caso
Martínez de Perón, dando a entender con claridad que el
juez argentino que pedía la extradición había manifestado
desconocimiento del derecho vigente en su propio país.

La negativa del fiscal De Luca no puede sorprender a nadie.
Él sabe a la perfección que estos juicios, en los cuales actúa
como parte, pasarán a la historia como ejemplos de degradación
abismal y crasa negación de la justicia. Exactamente igual a como
hoy se estudian los Procesos de Moscú y el comportamiento de
los jueces y fiscales soviéticos en Nüremberg.

Alberto Solanet
Presidente

Mariano Gradin

01-02-2013
DERECHO MONTONERO

Con relación a la interesante
desatada en la nacion sobre la actual justicia argentina, me
permito señalar que lo que sucede es que se está aplicando
el derecho montonero, que va ingresando de contrabando al
derecho argentino a través de fallos de jueces y dictámenes de
fiscales. Este derecho, en su parte penal, tiene dos raíces: la
inquisición, en la cual la acusación ya constituía la condena, y
el derecho del nazismo alemán, en el cual el mero hecho de ser
judío constituía un crimen. En el derecho montonero esto cabe a
militares y civiles que fueron funcionarios relevantes del Proceso.

Espero que no pase mucho tiempo hasta que los jueces que
aplican el derecho montonero sean llamados a dar explicaciones.
Sospecho que la iniciativa de reforma constitucional no responde
sólo a la re-reelección, sino a que se quiere introducir principios
del derecho montonero en nuestra Carta Magna, como la
eliminación de la irretroactividad de las leyes y del principio
de cosa juzgada, así como la posibilidad de anular leyes ya
declaradas constitucionales por la Corte Suprema, después de 16
años, como ya se hizo en 2003. Además el derecho montonero
tiene otro concepto del derecho de propiedad.

Juan E. Alemann

DNI 4.014.307

02-02-2013
SIN DEFENSA

En respuesta al fiscal doctor Javier Augusto De
Luca pongo en su conocimiento que mi padre, el actual coronel
retirado Alejandro Guillermo Duret, después de tres años y siete
meses de prisión “preventiva”, fue juzgado y resultó absuelto,
después de un “trabajo escrupuloso y apegado a la estricta
juridicidad”, para utilizar las mismas palabras del fiscal. Sin
embargo, apelada la sentencia, la Sala IV de Casación Penal lo
condenó a 15 años. Señor fiscal De Luca: a mi padre se le negó
la posibilidad de defensa en esta instancia. Sepa usted que no
había nuevos elementos de juicio. Además, volvieron a ponerlo
preso después de una maniobra aviesa y una operación de
prensa que le inventó una fuga.

Hace 15 meses, pues, perdió su libertad nuevamente. La libertad
que nunca debió haber perdido.

¿Qué me dice de este caso?

Lía V. Duret Velasco

lipitoria@hotmail.com

03-02-2013
SIN GARANTÍAS

En respuesta a las cartas enviadas por el fiscal
general Javier Augusto De Luca, en las que solicita precisiones
respecto del juzgamiento de las causas denominadas de “lesa
humanidad”, en mi carácter de defensor particular de acusados
en las mismas, puedo aportar los datos que requiere e invitarlo
a que concurra al debate oral y público, en el que podrá apreciar
con sus sentidos y raciocinio la negación de lo que enseña
como proceso penal. En esa causa se violan permanente y
sistemáticamente todas las garantías constitucionales del debido
proceso. No escapará al conocimiento del señor fiscal general
que hasta la Cámara Federal de Casación Penal modificó el
Código Procesal, invadiendo las atribuciones que la Constitución
Nacional le reserva al Poder Legislativo. Se encuentran
sometidos a juicios ciudadanos contra los cuales no existe
ninguna prueba que seriamente sostenga la acusación. Se han
manipulado pruebas para intentar dar un viso de imparcialidad
que no existe. Los imputados deben probar su inocencia, cuando
la ley establece lo contrario. Los señores integrantes de ese
ministerio público al que pertenecen incumplen las obligaciones
que les impone la ley 24.946 y, cuando algún fiscal pretende
velar por el orden constitucional, es inmediatamente reemplazado
por alguno más “complaciente” con el sistema de venganza
que se implementa. Esto sucedió en la causa ESMA -por si
alguna duda le cabe-, en la que ejerzo como defensor. Señor
fiscal general, los lectores de este periódico no se merecen ser
receptores del “relato judicial”, el mismo silencio que guarda
ante el incumplimiento de la ley en estas causas también debió
silenciarse ante la acertada nota del embajador Cárdenas y las
cartas de los lectores que cuestionan sus dichos desacertados.
No estamos ante juicios constitucionales, sino ante una parodia
que, por esa vía, implementa una venganza política y les reditúa
muy bien.

Dr. Guillermo Jesús Fanego

DNI 10.691.837

04-02-2013

AUTORITARISMOS

Sobre el destacable artículo del embajador
Cárdenas, ponderado por los doctores Solanet y Gradín en su
carta, contestada por el fiscal Javier De Luca, quiero manifestar
que, si bien soy histórico defensor de los derechos humanos
y rechazo el genocidio desde los claustros universitarios y
académicos y desde el ejercicio profesional, lo dicho por el
funcionario me lleva a estas líneas. Sé que sólo respetando la
Constitución habrá Estado de Derecho y que, fuera de ella, todo
es autoritarismo. Es evidente que el señor fiscal aplica una ley
procesal del modelo inquisitorial, contrario a la Constitución y
correspondiente a un contexto funcional ya perimido en el mundo.
Los colegas a quienes quiere rebatir hablan desde el llano de la
abogacía y defienden la vigencia del Estado de Derecho también
en materia de lesa humanidad. Es imprescindible diferenciarnos
de los autoritarios y seguir el camino del juicio a las juntas
militares. Luchar contra la impunidad por justicia y verdad jamás
puede justificar juicios inconstitucionales con condenas desde el
inicio.

Esta realidad la viví como defensor del doctor Enrique Corsi,
condenado sin prueba alguna (ahora en Casación) por un tribunal
que interrogaba en primer término a los más de 200 deponentes,
que ni lo mencionaron.

Héctor Granillo Fernández

DNI 7.620.964

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2 Responses to Debate sobre pruebas

  1. Fiscal De Lucca no sea cobarde y acepte debatir con los abogados sobre el tema crímenes o delitos de lesa humanidad… la sociedad necesita que se esclarezca correctamente esa oscuridad jurídica.

  2. El fiscal de marras, no dá la cara y tampoco hace honor a su cargo y altas responsabilidades. Todos los jueces y fiscales involucrados en estos juicios nulos, deberán rendir cuenta a la sociedad que empieza a despertar.

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