Debate sobre pruebas

7 febrero 2013

Debido proceso

Los delitos de lesa humanidad deben ser probados

http://www.lanacion.com.ar/1548408-los-delitos-de-lesa-humanidad-deben-ser-probados

Esta nota publicada en el diario La Nación el jueves 24 de
enero del 2013 y dio lugar a un fuerte debate iniciado por el
Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal
Javier Augusto De Luca que en una primera carta pidió
pruebas.

Y se las dimos…

Nosotros, jueces, abogados, y hasta algún preso político en
primera persona. Obviamente podemos presentarle toda la
documentación pertinente si nos da una audiencia…

25-01-2013
LESA HUMANIDAD

Del artículo del embajador Cárdenas
sobre el peso de la prueba de la autoría en los delitos de lesa
humanidad en los juicios de Nuremberg se desprende una
velada identificación entre la postura atribuida al fiscal soviético
en aquella oportunidad y el proceder de los fiscales y jueces
argentinos en los casos de lesa humanidad.

Sería interesante que expusiera con precisión algún caso en
el cual una persona hubiera sido acusada y condenada aquí
como responsable de delitos cometidos durante el terrorismo de
Estado sin pruebas de su aporte objetivo y subjetivo y más allá
de toda duda razonable. De lo contrario, su exposición infundada
desmerece el trabajo escrupuloso y apegado a la estricta
juridicidad de cientos de jueces y fiscales de todo el país.

Javier Augusto De Luca
Fiscal general ante la Cámara Federal
de Casación Penal

DNI 13.735.064

27-01-2013
Lesa humanidad

En su carta del 25 del actual, el fiscal Javier
Augusto De Luca afirma que “del artículo del embajador Cárdenas
sobre el peso de la prueba de la autoría en los delitos de lesa
humanidad en los juicios de Nuremberg se desprende una
velada identificación entre la postura atribuida al fiscal soviético
en aquella oportunidad y el proceder de los fiscales y jueces
argentinos en los casos de lesa humanidad”. Disconforme, pide
que se exponga “con precisión algún caso en el cual una persona
hubiera sido acusada y condenada aquí como responsable de
delitos cometidos durante el terrorismo de Estado sin pruebas de
su aporte objetivo y subjetivo y más allá de toda duda razonable”.

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
lleva años recorriendo tribunales y cárceles de todo el país,
recopilando documentación y entrevistando a presos políticos,
jueces y defensores. Esto permite a nuestra asociación –
integrada por más de 400 abogados independientes- mostrar,
con abrumadora precisión, la gran cantidad de casos de
acusaciones y condenas fundadas en suposiciones y/o en
testigos visiblemente mendaces.

De hecho, los juicios en los casos llamados “de lesa humanidad”
se vienen rigiendo por pautas totalmente distintas de las que se
aplican en todos los demás procesos y que se observaron en
la historia judicial argentina. Sólo se buscan y consideran los

testigos de interés comprometidos con la violencia de los 70;
jamás se ha admitido el aporte objetivo y subjetivo del imputado
y todo el escrúpulo del trabajo judicial se agota en el esfuerzo
por dictar duras condenas, para concretar de cualquier manera la
política que han puesto en práctica.

En consecuencia, convocamos formalmente por este medio al
fiscal De Luca a debatir pública y objetivamente el tema en un
ámbito apropiado, que permita hacerlo con respeto y serenidad.

Alberto Solanet
Presidente
Mariano Gradín
Secretario
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
justiciayconcordia@justiciayconcordia.org

PEDIDO POR UN HIJO

Mi esposo, coronel de la Nación, está preso
en la cárcel de Villa Urquiza, Tucumán, desde hace cinco meses,
siendo inocente. Estuvo excarcelado por los jueces y lo privaron
sorpresivamente y sin explicación de su libertad. Necesita en
forma urgente volver a su situación anterior por la salud física
y psíquica de su hijo Jorge Martín, de 38 años y con autismo
severo. Apelo a quien corresponda interceda para lograr tenga
una libertad vigilada, asistiendo al juicio que se lleva a cabo. Su
hijo, totalmente indefenso, lo necesita en forma permanente.

María Isabel Costilla Cátuli

DNI 12.733.835

29-01-2013

PRUEBAS

En la carta del 27 del actual de los abogados Solanet y
Gradín se me invita a debatir en público sobre el valor de las
pruebas de los juicios de lesa humanidad, ya que, según una
comprobación que habrían llevado a cabo unos 400 abogados
independientes, se estarían produciendo una gran cantidad de
acusaciones y condenas infundadas basadas en testimonios
mendaces. Al respecto, señalo que no se trata de debatir o no
debatir en público (lo hago todos los días en mis clases como
docente y en mis audiencias como fiscal), sino de que quien hace
una denuncia debe llevar las pruebas pertinentes a los ámbitos
correspondientes. La objeción que le dirigí al artículo del
embajador Cárdenas también les cabe a los abogados Solanet y
Gradín, ya que cuando un abogado realiza denuncias, éstas
deben ser serias, concretas y no generalizadas, como en el caso,
y si tantas son las pruebas que dicen tener, deberían haberlas
canalizado en los juicios o aportado para las respectivas
revisiones de condenas. Especialmente la versión de los
acusados, a la que los abogados citados dicen tener acceso,
puesto que en la gran mayoría de los casos aquéllos se han
negado a brindarla ante los jueces correspondientes o se han
limitado a realizar alegatos políticos, que no es lo que se juzga en
estos juicios. Nuestro interés no es condenar porque sí a las
personas, sino averiguar la verdad de lo sucedido. Por otra parte,
si su interés es discutir las teorías jurídicas aplicadas a cada caso
en concreto, existe abundante bibliografía jurídica que desde
hace años se estudia en todas las cátedras de derecho penal,
nacionales y extranjeras, que se dignan a enseñar el fenómeno
de manera leal y democrática.

Fiscal Javier Augusto De Luca
javieraugustodeluca@gmail.com

PRINCIPIOS

En su carta, el recientemente designado
general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Javier
Augusto De Luca, estimó interesante que Emilio J. Cárdenas
señale con precisión en cuál de los procesos seguidos en el país
por delitos de lesa humanidad no se aplicó la regla probatoria que
éste reclama aplicar en su artículo del 24 del actual. Estoy seguro
de que el señor embajador tuvo en mente al escribir ese lúcido
artículo el fallo de la Corte Penal Internacional del 18 de
diciembre de 2012, en el que, absolviendo a Mathieu Ngudjolo de
la acusación por hechos aberrantes cometidos en el Bagoro,
Congo, entre enero y marzo de 2003, afirmó que imputaciones de
esa naturaleza deben asentarse en pruebas del conocimiento
pleno de la existencia de los hechos imputados por parte del
acusado y que la conducta de éste estuvo intencionalmente
guiada a la comisión de aquéllos, que despejen toda duda
razonable al respecto; porque ello forma parte de la garantía del
debido proceso propio del Estado de Derecho. Por ello estimo
que es al novel fiscal general a quien corresponde informarse
debidamente y luego señalar, con estricto apego al derecho
aplicable, cuál de las condenas impuestas por presuntos delitos
de lesa humanidad reposa sobre pruebas que despejaron toda
duda razonable de la culpabilidad del condenado; y cuál de ellas
respetó los principios liminares del derecho penal moderno
contenidos en la Constitución nacional y en los tratados y
convenciones ratificados por la República, como lo son: la
inviolabilidad de la defensa en juicio, integrado por el principio de
ley previa y su corolario, la irretroactividad de la ley penal más
gravosa; el principio de inocencia y sus corolarios, juicio previo y
el derecho a permanecer en libertad durante el proceso; el
principio del juez natural; la cosa juzgada y su corolario, el non
bis in idem; el plazo razonable de juzgamiento, y numerosas otras
tutelas del derecho internacional de los DD.HH. Y, además, que
señale uno de los procesos actualmente en trámite en el que se
respeten esos principios.

Norberto A. Giletta

Ex juez federal en lo criminal y
correccional

DNI 4.298.214

UN CASO

Respondiendo al fiscal De Luca, preciso el caso de
una persona condenada sin pruebas objetivas ni subjetivas.
Desde Hijos y Nietos de Presos Políticos damos fe de que éste
es sólo un ejemplo de muchos y quedamos a su disposición para
presentarle la información correspondiente.

A mi padre, que tenía 24 años en 1976, más del 80% de los
testigos dijo no saber quién era. De los que dijeron conocerlo
hubo quienes no lo habían nombrado en sus declaraciones en los
80, pero luego de su detención en 2006 empezaron a recordarlo.

Así como hubo quien lo denunció hablando de fechas en las que
ya no estaba destinado en ese lugar. Quienes sí lo reconocieron
sin contradicciones, dijeron que los había detenido presentándose
con nombre y grado, labrando actas con testigos, informándoles
dónde quedaban detenidos y tratándolos con suma amabilidad.
Pese a esto, lo condenaron a cadena perpetua, peor pena que
a sus generales en el juicio a las juntas. Y fue el presidente
del tribunal, Dr. Roberto Burad, quien nos confesó: “Esto es
político, quizás la salida sea política”, echando por tierra cualquier
esperanza de tontos.

Aníbal Guevara Bianchi

DNI 30.449.903

30-01-2013

LA ÚNICA PRUEBA

En su carta del día 25, el fiscal Dr. Javier
Augusto De Luca se refirió a la columna del Dr. Emilio Cárdenas,
invitándolo a exponer “algún caso” en que una persona hubiera
sido acusada y condenada como responsable de delitos
cometidos “durante el terrorismo de Estado sin pruebas de su
aporte objetivo y subjetivo y más allá de toda duda razonable”.
Como defensor del Dr. Jaime L. Smart, sometido a juicio ante el
Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, informo al señor fiscal que
la única prueba objetiva y subjetiva incorporada para demostrar la
supuesta intervención de aquél en los delitos de lesa humanidad
que se le imputaron fue el decreto por el cual se lo designó
ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en abril de
1976. Prueba que por supuesto no liberó el caso de “toda duda
razonable”, sino todo lo contrario. No obstante, Smart lleva casi
5 años de prisión, con reciente sentencia condenatoria a prisión
perpetua -que no se encuentra firme-. Esto demuestra que para
este tipo de juicios se aplican criterios especiales opuestos a
nuestro derecho, tal como lo sostuvo en una sentencia de la Corte
Suprema la ministra Dra. Carmen Argibay, de notable honestidad
intelectual, lo que le costó ahora ser objeto de ataque por la Sra.
Hebe de Bonafini.

Pongo a disposición del Dr. De Luca todos los elementos de
convicción demostrativos de lo expuesto.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

CONDENA

Ante el pedido efectuado por el Sr. fiscal
Javier Augusto De Luca en su carta del 25 de enero, en mi
carácter de abogado e hijo de quien ha sido acusado y llevado
a juicio (mayor Julio César Coronel) en el caso conocido como
ESMA, le hago saber que el alegato de esta defensa se sustentó
en el “peso de la prueba”, probando enfáticamente no tan sólo la
ausencia de elementos probatorios para la acusación y condena,
sino el aporte de vastos elementos de probanza de la inocencia.
Lo invito a verlo. Por otro lado, con el debido respeto, los fiscales,
como he señalado en el debate del juicio ESMA, deberían advertir
que su labor es la búsqueda de la verdad y si esa verdad resulta
atarse a la inocencia de estos militares y/o la falta de prueba
objetiva y/o un estado de duda, tiene la obligación de advertirlo
y no subjetivamente pedir condena por la condena misma. En el
caso que me ha ocupado, esto ha sucedido. El fiscal reconoció
los elementos que acreditaron la inocencia de mi defendido (mi
padre) y a pesar de ello solicitó la condena. Se ha llevado a
juicio y se han pretendido condenas no sólo con total falta de
pruebas de su aporte objetivo y subjetivo y más allá de toda duda
razonable, sino ausentándose de todas las garantías primarias
constitucionales. Esto lo he señalado en el debate de la ESMA
y ha sido probado. Contribuyendo a su pedido, le doy un caso
concreto de los tantos que seguramente existen.

Dr. Guillermo Felipe Coronel

DNI 23.984.361

ARRESTO DOMICILIARIO

Soy hija de un preso político detenido
por una causa de delitos de lesa humanidad, aún sin condena.
A mi padre, a los dos meses de estar privado de su libertad en
el Complejo Penitenciario Ezeiza I, en marzo de 2011, le fue
diagnosticado el mal de Parkinson, enfermedad degenerativa e
incurable, por lo cual a los nueve meses de dicho diagnóstico le
fue otorgado el arresto domiciliario. Ante la inminencia del juicio,
el Tribunal Oral Federal de Tucumán, sin mayores fundamentos
ni haciendo alusión a la violación de ninguna de las pautas
impuestas, el 31 de agosto del año pasado revocó la prisión
domiciliaria de mi padre -como la de muchos imputados más,
enfermos y mayores de 70 años- y fue nuevamente enviado a
una cárcel. Esa situación generó un agravamiento de su salud,
estado que, por las características de la enfermedad que padece,
es irreversible.

Quisiera entender qué juridicidad hay en esa medida o de qué
forma mi padre, en las condiciones en las que se encuentra,
podría afectar la realización del proceso si se le hubiera
mantenido el arresto domiciliario. Y de esa forma, además de
respetarse ese derecho, permitirle conservar su salud.

Nadia Moore

DNI 33.802.477

31-01-2013

JUICIOS

El fiscal De Luca, en su respuesta a la carta de esta
Asociación, ha elegido la fácil vía del sarcasmo para eludir la
invitación a debatir acerca de la parodia judicial que constituyen
los llamados juicios de lesa humanidad. Nos exhorta a denunciar
ante la Justicia las gravísimas violaciones a las reglas del debido
proceso que se cometen en esos procesos. En otras palabras,
sugiere llevar dichas aberraciones ante el mismo aparato
organizado de poder que las practica y que el fiscal De Luca
integra.

Los abogados estamos habituados a trabajar con el derecho y
también con los hechos. Pues bien, constituye un hecho cada
vez más evidente que estos juicios, llevados con gran aspaviento
como política de Estado, empezaron arrasando las garantías
más primarias y elementales de los acusados, como el principio

de legalidad y su corolario, la irretroactividad de la ley penal más
gravosa. Asimismo, llevándose por delante la presunción de
inocencia y la duda razonable, generalizaron formas selectivas
de prueba, calificando a los testigos según sirvieran o no a las
condenas resueltas de antemano.

Queremos pensar que el fiscal De Luca también enseña a sus
alumnos que esas aberraciones fueron también advertidas por
el juez Robert Dube, del Estado de Florida, lo que lo llevó a
desestimar la extradición de Roberto Guillermo Bravo. Como
también lo hizo la Audiencia Nacional de España en el caso
Martínez de Perón, dando a entender con claridad que el
juez argentino que pedía la extradición había manifestado
desconocimiento del derecho vigente en su propio país.

La negativa del fiscal De Luca no puede sorprender a nadie.
Él sabe a la perfección que estos juicios, en los cuales actúa
como parte, pasarán a la historia como ejemplos de degradación
abismal y crasa negación de la justicia. Exactamente igual a como
hoy se estudian los Procesos de Moscú y el comportamiento de
los jueces y fiscales soviéticos en Nüremberg.

Alberto Solanet
Presidente

Mariano Gradin

01-02-2013
DERECHO MONTONERO

Con relación a la interesante
desatada en la nacion sobre la actual justicia argentina, me
permito señalar que lo que sucede es que se está aplicando
el derecho montonero, que va ingresando de contrabando al
derecho argentino a través de fallos de jueces y dictámenes de
fiscales. Este derecho, en su parte penal, tiene dos raíces: la
inquisición, en la cual la acusación ya constituía la condena, y
el derecho del nazismo alemán, en el cual el mero hecho de ser
judío constituía un crimen. En el derecho montonero esto cabe a
militares y civiles que fueron funcionarios relevantes del Proceso.

Espero que no pase mucho tiempo hasta que los jueces que
aplican el derecho montonero sean llamados a dar explicaciones.
Sospecho que la iniciativa de reforma constitucional no responde
sólo a la re-reelección, sino a que se quiere introducir principios
del derecho montonero en nuestra Carta Magna, como la
eliminación de la irretroactividad de las leyes y del principio
de cosa juzgada, así como la posibilidad de anular leyes ya
declaradas constitucionales por la Corte Suprema, después de 16
años, como ya se hizo en 2003. Además el derecho montonero
tiene otro concepto del derecho de propiedad.

Juan E. Alemann

DNI 4.014.307

02-02-2013
SIN DEFENSA

En respuesta al fiscal doctor Javier Augusto De
Luca pongo en su conocimiento que mi padre, el actual coronel
retirado Alejandro Guillermo Duret, después de tres años y siete
meses de prisión “preventiva”, fue juzgado y resultó absuelto,
después de un “trabajo escrupuloso y apegado a la estricta
juridicidad”, para utilizar las mismas palabras del fiscal. Sin
embargo, apelada la sentencia, la Sala IV de Casación Penal lo
condenó a 15 años. Señor fiscal De Luca: a mi padre se le negó
la posibilidad de defensa en esta instancia. Sepa usted que no
había nuevos elementos de juicio. Además, volvieron a ponerlo
preso después de una maniobra aviesa y una operación de
prensa que le inventó una fuga.

Hace 15 meses, pues, perdió su libertad nuevamente. La libertad
que nunca debió haber perdido.

¿Qué me dice de este caso?

Lía V. Duret Velasco

lipitoria@hotmail.com

03-02-2013
SIN GARANTÍAS

En respuesta a las cartas enviadas por el fiscal
general Javier Augusto De Luca, en las que solicita precisiones
respecto del juzgamiento de las causas denominadas de “lesa
humanidad”, en mi carácter de defensor particular de acusados
en las mismas, puedo aportar los datos que requiere e invitarlo
a que concurra al debate oral y público, en el que podrá apreciar
con sus sentidos y raciocinio la negación de lo que enseña
como proceso penal. En esa causa se violan permanente y
sistemáticamente todas las garantías constitucionales del debido
proceso. No escapará al conocimiento del señor fiscal general
que hasta la Cámara Federal de Casación Penal modificó el
Código Procesal, invadiendo las atribuciones que la Constitución
Nacional le reserva al Poder Legislativo. Se encuentran
sometidos a juicios ciudadanos contra los cuales no existe
ninguna prueba que seriamente sostenga la acusación. Se han
manipulado pruebas para intentar dar un viso de imparcialidad
que no existe. Los imputados deben probar su inocencia, cuando
la ley establece lo contrario. Los señores integrantes de ese
ministerio público al que pertenecen incumplen las obligaciones
que les impone la ley 24.946 y, cuando algún fiscal pretende
velar por el orden constitucional, es inmediatamente reemplazado
por alguno más “complaciente” con el sistema de venganza
que se implementa. Esto sucedió en la causa ESMA -por si
alguna duda le cabe-, en la que ejerzo como defensor. Señor
fiscal general, los lectores de este periódico no se merecen ser
receptores del “relato judicial”, el mismo silencio que guarda
ante el incumplimiento de la ley en estas causas también debió
silenciarse ante la acertada nota del embajador Cárdenas y las
cartas de los lectores que cuestionan sus dichos desacertados.
No estamos ante juicios constitucionales, sino ante una parodia
que, por esa vía, implementa una venganza política y les reditúa
muy bien.

Dr. Guillermo Jesús Fanego

DNI 10.691.837

04-02-2013

AUTORITARISMOS

Sobre el destacable artículo del embajador
Cárdenas, ponderado por los doctores Solanet y Gradín en su
carta, contestada por el fiscal Javier De Luca, quiero manifestar
que, si bien soy histórico defensor de los derechos humanos
y rechazo el genocidio desde los claustros universitarios y
académicos y desde el ejercicio profesional, lo dicho por el
funcionario me lleva a estas líneas. Sé que sólo respetando la
Constitución habrá Estado de Derecho y que, fuera de ella, todo
es autoritarismo. Es evidente que el señor fiscal aplica una ley
procesal del modelo inquisitorial, contrario a la Constitución y
correspondiente a un contexto funcional ya perimido en el mundo.
Los colegas a quienes quiere rebatir hablan desde el llano de la
abogacía y defienden la vigencia del Estado de Derecho también
en materia de lesa humanidad. Es imprescindible diferenciarnos
de los autoritarios y seguir el camino del juicio a las juntas
militares. Luchar contra la impunidad por justicia y verdad jamás
puede justificar juicios inconstitucionales con condenas desde el
inicio.

Esta realidad la viví como defensor del doctor Enrique Corsi,
condenado sin prueba alguna (ahora en Casación) por un tribunal
que interrogaba en primer término a los más de 200 deponentes,
que ni lo mencionaron.

Héctor Granillo Fernández

DNI 7.620.964

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Intentaron incendiar la muestra fotográfica en Tribunales

8 agosto 2011

COMUNICADO DE AFYAPPA NRO 39

El día martes 02 de agosto volvió a hacerse  evidente el sentido violento, autoritario y demencial, de algunos personajes vinculados a las organizaciones político – económicas vinculadas con los derechos humanos. Consecuencia de las derrotas electorales y culturales que vienen sufriendo en los últimos tiempos, el nerviosismo se hace sentir… y los colmillos escondidos del lobo comienzan a ser percibidos por todos los argentinos. La piel de cordero con la cual se mimetizaron tantos años se percibe en el presente como una caricatura grotesca.

 

En efecto, en el marco de la Muestra Fotográfica que AFyAPPA viene desarrollando todos los martes frente al Palacio de Justicia, donde se recuerda el pasado delictivo de algunos funcionarios públicos que en los 70 apelaron al terror para imponer a sangre y fuego su ideología, en el día de ayer se hizo presente un abogado, que molesto con los carteles que formaban parte de la muestra, intentó destruirlos prendiéndoles fuego. El personaje, identificado como Carlos Alberto Albert, al no poder cumplir su cometido por la reacción de las mujeres de la asociación, no dudó un momento en agredir físicamente a las mismas, poniendo en evidencia un grado de fanatismo e intolerancia, propio de quienes han hecho del odio, su medio de vida.

 

Demás está decir que no contestamos, ni contestaremos a las agresiones. Nos manifestamos en forma pacífica, tratando de construir un espacio que dé lugar a una salida de concordia, donde el conocimiento y la asunción de la verdad completa de la historia vivida en los 70, nos permita a los argentinos volver a caminar una senda de hermanos.


Hijos en programa de Radio

22 julio 2011

El día de ayer, jueves 21 de julio,  dos hijos estuvieron representándonos en el programa Megabayres de la radio de UPPRA, FM 97,9.

Link para escuchar la grabación del programa: http://www.ustream.tv/channel/uppra-radio-on-line

Agradecemos al programa por el espacio, y felicitamos a los chicos por representarnos.


Amia

19 julio 2011

18 de Julio  de 2011- Infobae

El juez Rafecas dijo que el atentado fue un crimen de lesa humanidad

El juez federal Daniel Rafecas consideró hoy al atentado cometido contra la AMIA, hace 17 años, “un crimen de lesa humanidad”, al que emparentó con el Holocausto perpetrado con los nazis en la Segunda Guerra Mundial y la represión militar en la última dictadura argentina.

El magistrado, además, aseguró que el ataque terrorista se trató de un atentado “contra toda la sociedad argentina”, aunque destacó que “los perpetradores buscaban el objetivo de atacar a la comunidad judía”.

En el discurso pronunciado durante el acto en conmemoración de las víctimas, Rafecas instó a “procurar verdad y justicia, no importa el tiempo que insuma”, y reclamó “remover todos los obstáculos para llegar a ese cometido”.

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Cuando conviene algunos atentados terroristas son de lesa, cuando no conviene no lo son…

 

 

 

 

Atentado terrorista en el Comedor del edificio de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Argentina, el 2 de julio de 1976.


Denuncian que “se discrimina” a las víctimas de Montoneros y el ERP

31 mayo 2011

31 de Mayo de 2011 – Infobae

Victoria Villarruel, presidenta del Celtyv, reiteró que “el Estado indemnizó a las víctimas de atentados de la Triple A, a víctimas de fuerzas militares y policiales, pero nunca se reparó a las víctimas” de estos grupos terroristas. Aseguró que “hay muchas causas” pero “los jueces no quieren investigar”.

“Reclamamos que se haga Justicia”, aseguró Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales de Terrorismo y Violencia (Celtyv), y recordó que “las leyes del Estado argentino llegaron a indemnizar a las víctimas de atentados de la Triple A, a víctimas de fuerzas militares y policiales, etcétera, pero nunca se reparó a las víctimas de Montoneros y del ERP”. “El Gobierno discrimina”, enfatizó.

Villarruel, que disertó hace unos en el días en el Freedom Forum de Oslo, Noruega, invitada por la Human Rights Foundation, señaló en una entrevista con un diario porteño que “la violencia de los setenta no sólo dejó desaparecidos, sino que los montoneros y el ERP también dejaron 19.000 víctimas, el 70% de las cuales eran civiles”.

“Sin embargo, la Argentina discrimina a las víctimas y sólo repara a un sector”, dice Villarruel, que durante su estadía en Oslo sufrió un escrache –según ella– producto de la denuncia contra el gobierno argentino.

Además, Villaruel denunció que muchos jueces “no quieren investigar, o bien congelan las investigaciones o declaran que esos crímenes no fueron de lesa humanidad, sino crímenes comunes que ya prescribieron”.

En tal sentido, la titular del Celtyv recordó que “depende cada familia” muchos “no quieren que aquellos montoneros o guerrilleros vayan a prisión más de treinta años después, sino que se conformarían con conocer la verdad, saber cómo murieron nuestras víctimas”.

Para finalizar, Villaruel realizó un reclamo a las autoridades: “Le exigimos que respete los derechos humanos para todos, sin discriminar. Toda víctima, sin importar su ideología, debe recibir el mismo trato”.

“En la Argentina, que se llena la boca con la defensa de los derechos humanos, se repara a los montoneros, muchos de los cuales fueron autores de agresiones, pero no se repara al otro sector”, concluyó.

 

Victoria Villaruel expuso en el Panel Paz y Conflicto, compartiendo espacio con el ex presidente de México Vicente Fox, el ex presidente de Colombia, Belisario Betancourt, y la Nobel de la Paz, Shirin Ebadi.


Entrevista al DR EDUARDO SAN EMETERIO

21 abril 2011
Hay 1022 Presos Políticos, y la idea es llegar a más de 1.500,  porque ahora, a pesar de que la gente no lo quiere creer, van por los civiles …”    

El relato corresponde al doctor EDUARDO SAN EMETERIO, uno de los Abogados que defienden a Presos Políticos de la Argentina.
Nuestro invitado es un conocido Abogado especializado en Derecho Penal, que se encuentra defendiendo a Presos Políticos en la Argentina.
Una buena medida inicial, nos pareció que el especialista nos ilustre porqué se los llama Presos Políticos a sus defendidos, denominación extraña en un supuesto sistema democrático, y así responde el doctor SAN EMETERIO:
R: “Entiendo que no hay una definición exacta como para poder decir qué es un Preso Político. Yo entiendo que son Presos Políticos porque están detenidos y privados injusta e ilegítimamente de su libertad, en atención a que las causas por las cuales se los está juzgando, son sobre hechos que han pasado hace 36 años, causas que están prescriptas y con las cuales se están violando todos y cada uno de los artículos del Código Penal y del Código Procesal, los Tratados internacionales y la Constitución Nacional. Acá, a cada uno de estos detenidos, procesados e imputados, se les viola sistemáticamente 22 artículos de la Constitución Nacional. El principio de la irretroactividad de la Ley Penal, la Ley Penal más benigna, no juzgar a una persona dos veces por la misma causa, como ocurre en estos momentos con el General VIDELA, es decir, no se aplica estrictamente la ley, sino que se los juzga con un Código muy distinto con el que se juzga a personas comunes. No se juzga igual a un Militar o a un uniformado, o a alguien que estuvo o que dicen que estuvo con el Proceso, como se lo puede juzgar a un pedófilo, a un tratante de blancas o a un contrabandista de drogas, por ejemplo. Ese es mi concepto de Preso Político. Están detenidos arbitraria e ilegítimamente.
P: ¿Cuántos hay en estos momentos en la Argentina?:
R: “En este momento tenemos, entre procesados, imputados, condenados y otros que también están a veces en domiciliaria, 1022 Presos Políticos, y la idea es llegar a más de 1.500, porque ahora, a pesar de que la gente no lo quiere creer, van por los civiles, han intentado crear ahora la figura de delitos de lesa humanidad económicos, o los delitos de lesa humanidad, con respecto a la compra de PAPEL PRENSA, por ejemplo. Están yendo hasta por los civiles, o sea que ya no es un ataque sistemático sólo contra las Fuerzas Armadas y de Seguridad”.
P: Usted ya tiene hasta experiencia internacional en esta materia, porque sabemos que ha hecho presentaciones ante organismos extranjeros, para reclamar por el comportamiento de la Justicia de la Argentina, para denunciar precisamente, sobre estas aberraciones jurídicas. ¿Cómo le está yendo con estos reclamos?:
R: “Usted sabe que las resoluciones que puedan dictar los organismos internacionales, no son obligatorias para la Argentina, sino que son meramente declarativas, o sea que pueden convertirse en sanciones de tipo moral, para el país, nada más, pero en estos momentos con otro colega, estamos tramitando ante la OEA dos denuncias penales contra tres jueces, del Juzgado Federal de Mendoza, que paradójicamente también han actuado en San Luis, y la causa es por el homicidio, por dolo eventual, de dos detenidos, que dejaron morir en la cárcel, sabiendo que si permanecían detenidos en una Cárcel común iban a morir, no les interesó e igualmente los dejaron ahí …”.
P: Le vamos a pedir que en el curso de este reportaje, nos de algunos nombres, mencione algunos de los casos en que los detenidos han fallecido por medidas de este tipo …
R: “Sí, también quiero aclararle que en estos momentos ya tenemos 126 muertos en cautiverio. Jóvenes y algunas personas de más de 70 y 80 años, además de los que en una guerra se denominan efectos colaterales, dos mujeres, que no tenían nada que ver, también muertas, indirectamente, por este motivo, una de ellas por ejemplo la esposa del General SÁ, que sufrió un infarto por el disgusto cuando lo fueron a detener al General a su domicilio; y otra es la muerte de la señora LÓPEZ, dos personas que no tenían absolutamente nada que ver con esto …”
P: Doctor, usted nos dice que si hay alguna resolución condenatoria de parte de los organismos internacionales, sobre los crímenes que puedan haber cometido los jueces argentinos, se trataría nada más que de sanciones morales, lo que quiere decir entonces que no se puede hacer nada, porque son Tratados externos, sin embargo suele escucharse acerca del Pacto de San José de Costa Rica, y de la aplicabilidad que le dan en el país …
R: “Es relativa la aplicabilidad, porque por ejemplo, lo único que se pudo obtener, fue en el año 1987 con el caso LAPACÓ, que fue cuando se llegó a los Tribunales de Costa Rica, cuando se abrieron los juicios de la verdad, nada más, pero no es un juicio punitivo, no puede haber sanciones punitivas …”
P: ¿En qué década fue suscripto ese Pacto?:
R: “En los sesenta”.
P: Antes de comenzar esta nota usted nos nombraba dos casos muy conocidos de Presos Políticos que fallecieron, muy representativos del trato que se les brinda a este tipo de Presos.
R: “Uno es directamente mío, y el otro de un colega, con el cual hemos iniciado estas acciones en la Organización de Estados Americanos (OEA), no en Costa Rica. 
Uno es el caso del fallecimiento en San Luis, de un Comisario de la Policía de esa provincia, el Comisario VÍCTOR DAVID BECERRA, quien tenía una grave afección la que lo llevó a que en definitiva tuvieran que amputarle las dos piernas, y a pesar de ello los jueces siguieron insistiendo en llevarlo a juicio, lo tenían en una habitación al lado, en el Tribunal, haciéndole ver por televisión todo el desarrollo del juicio, y a pesar de las recomendaciones de los Médicos en el sentido de que esta persona no podía estar arrestada en una Cárcel común …”
P: Disculpe la interrupción: ¿Habla usted de Médicos forenses?:

R: “Sí, Médicos forenses. A pesar de las recomendaciones médicas, estos tres jueces de San Luis, directamente ignorándolas, lo hicieron comparecer a juicio y lo mantuvieron preso en una Cárcel común”.

P: ¿Cómo se llaman esos jueces?:

R: “Son los doctores BURAD, NACIFF y CORTÉS, en estos momentos están integrando la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza, y además fueron los responsables de la muerte de otro detenido más, en San Rafael, del Comisario MUSSERE. En ese caso yo mismo denuncié a los tres jueces y a los tres fiscales, por el delito de homicidio, agravado con dolo eventual, porque también teníamos una recomendación de los Médicos forenses, que decía que el Comisario MUSERE, no podía ir a una prisión común …”

P: Vale la aclaración que le pedí hace un ratito, con respecto a la característica de los Médicos intervinientes, porque, aclaremos para quienes no conozcan de estos casos, los Médicos forenses son aquellos que pertenecen al mismo Tribunal, y no son los particulares que puedan poner los detenidos …

R: “Exacto, son Médicos pertenecientes al Poder Judicial. Y en el caso este de MUSSERE, le repito, los Médicos forenses recomendaron que continuara en prisión domiciliaria, como había estado hasta ese momento, pero estos tres jueces, cuando integraron el Tribunal Oral, NACIFF, BURAD y CORTÉS, haciendo caso totalmente omiso de estas recomendaciones, dispusieron la detención de este Comisario, en la prisión común de San Rafael”.>

P: O sea que hay arbitrariedades de parte de los jueces, decisiones unilaterales, inconsultas, que pasan, inclusive, por encima de los dictámenes de los forenses. ¿Para qué tienen en esos Tribunales pagando a este tipo de Médicos …?:

R: “Por eso también podemos hablar de Presos Políticos y de Juicios Políticos, porque acá tienen que cumplir un cometido:  Tienen que condenar. Como les digo siempre a los mismos jueces, acá no hablamos de juicio y sentencia, sino de juicio y castigo. No interesa analizar los hechos, las pruebas, hay que castigar, por el simple hecho de haber pertenecido. Y sobre el caso MUSSERE, en el que denuncié penalmente a estos tres jueces y tres fiscales, tenía las tres partes de su corazón con necrosis, es decir, con tejido muerto, lo hicieron examinar por un Médico del Hospital de San Rafael, quien dijo que sí, que podía ir a una Cárcel común, y curiosamente, ese mismo Médico después es testigo víctima en el juicio donde es juzgado este Comisario. Por supuesto que este pobre Comisario sobrevivió 15 días, y luego falleció”.

P: ¿Y qué se puede hacer contra este enorme poder de los jueces que han de estar siendo manejados políticamente?:

R: “En lo que a mi respecta, y también en el caso de otros colegas con el mismo criterio, en lo personal los estoy denunciando penalmente y además de eso estoy haciendo las perrtinentes denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Pretendo la destitución de estos jueces, porque no están capacitados, no tienen idoneidad para seguir siendo jueces. Lo que yo quiero, y proclamo a los gritos, es la justicia. Quiero que me dejen ejercer mi ministerio de la defensa, con las leyes que tiene nuestro país y no con la política de ordenar, directamente, condenar, y nada más”.

P: Ojalá consigamos eso en un futuro cuando no esté todo tan manejado políticamente por el Gobierno que hoy detenta el poder, y que los tres Poderes, entonces, funcionen armónicamente. 

Muchas gracias por habernos permitido conocer la información que nos brindó.

R: “Soy yo quien le agradece, y quisiera cerrar con una simple frase que dice: “Cuando no hay justicia es peligroso tener razón, ya que los imbéciles son mayoría”. La dijo el Escritor español QUEVEDO”.

 

 

Fuente: Enfoques Positivos



Indignante

24 marzo 2011

Infobae – 24 de marzo de 2011

Sobreseen y cierran la causa por un sangriento atentado terrorista en 1976

Se trata del ataque a la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal que provocó la muerte de más de 20 personas. La Cámara de Casación Penal benefició a Mario Firmenich, Horacio Verbitsky (foto) y otros cinco miembros de Montoneros.


El Centro de Información Judicial informó que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió sobreseer a siete personas que integraban la agrupación Montoneros y cerrar la causa por el tristemente célebre ataque contra la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal.

Se trata de uno de los ataques que marcaron el inicio de la dictadura militar, de la que hoy 24 de marzo se cumplen 35 años.

El tribunal rechazó los recursos de casación presentados contra el fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que había confirmado la resolución que sobreseyó por extinción de la acción penal por prescripción a Mario Eduardo Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza.

En el caso se investiga “el estallido de un artefacto explosivo instalado en el casino del edificio de la entonces Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Argentina, ubicado en la calle Moreno 1431 de esta Ciudad, el día 2 de julio de 1976, que dejara como consecuencia la destrucción parcial del referido recinto y un saldo de varios muertos”.